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¿Cómo hubieran sido las cosas si la víctima hubiera sido delincuente y drogadicto? Seguramente no habría provocado la misma reacción de la gente. ¿Eso querría decir que entonces la actuación del policía hubiera sido correcta? ¿Cómo hubiera sabido el policía que efectivamente el muchacho era un delincuente y estaba drogado? A los efectos del tirador, que seguramente actuó suponiendo que estaba frente a un delincuente, la situación es la misma, haya sido ladrón o no. En todo caso: ¿es correcto disparar a matar cuando el otro no tiene armas, aun cuando sea ladrón y drogadicto?
En este caso, donde el muchacho era un conocido del barrio, honesto, trabajador y muy querido por sus amigos, la respuesta no es difícil. El policía nunca tendría que haber disparado a matar, pero tampoco debería haberlo hecho si la víctima hubiera sido un delincuente. ¿Esto quiere decir defender los derechos humanos de un solo lado, los de los delincuentes, como suelen afirmar los promotores de soluciones rápidas y peligrosas para el problema de la delincuencia y la violencia?
Lo que demuestra esta situación tan desgraciada, es que los derechos humanos que se defienden en todos esos casos son los de los chicos como Lisandro Barrau, su derecho a la vida y su derecho a la libertad. Porque si se les concede a las fuerzas de seguridad la capacidad de actuar en forma abusiva ante cualquier suposición, se ponen en riesgo no solamente los derechos humanos de los delincuentes, sino los de cualquiera que podría encontrarse en una situación similar a la de Lisandro.
Porque en realidad, los derechos humanos son de todos, de los delincuentes, de los inocentes y también de la policía. Son derechos de la condición humana en una sociedad civilizada. El policía que mató a Barrau tiene el derecho a un juicio con todas las garantías de la ley, tiene derecho a la defensa y no puede ser torturado, golpeado o maltratado aun cuando se verifique su culpabilidad. Si alguien transgrediera los derechos de ese policía presuntamente culpable, también debe ser sometido a juicio.
Los que dicen que los derechos humanos sólo protegen a los delincuentes lo hacen desde la ignorancia o la superficialidad. En la Argentina ese es un discurso que tiene un fuerte correlato político y que se relaciona con el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad durante la dictadura. Porque la vigencia de los derechos humanos de todos, incluyendo a los delincuentes, es lo único que mantiene la diferencia entre ciudadanos y delincuentes. Es lo único que puede evitar que las instituciones también se conviertan en nidos de delincuentes.