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“La celeridad de los procesos judiciales es parte del debido proceso”, destacó a Página/12 el canciller de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, en referencia a la situación de un ex funcionario de ese país y tres empresarios periodísticos vinculados a la red de corrupción del ex presidente Alberto Fujimori que están en la Argentina y son reclamados por la Justicia peruana. Rodríguez Cuadros estuvo en Buenos Aires para firmar con su colega Rafael Bielsa un convenio para regularizar la situación migratoria de 80 mil peruanos que viven en la Argentina y un nuevo tratado de extradición entre ambos países. De paso, le comentó el interés de Perú en una pronta resolución de ese caso.
–¿Cuáles son hoy los ejes de la relación entre Argentina y Perú?
–Coincidimos en la urgente necesidad de afianzar la paz y la seguridad en base al respeto de los principios y normas del derecho internacional y a un compromiso de renovación del multilateralismo. En el ámbito internacional también tenemos una visión común con respecto a privilegiar la integración y consolidar los procesos de convergencia entre el Mercosur y la Comunidad Andina. En aspectos más específicos de la relación bilateral tenemos la voluntad de propiciar la inserción productiva y legal más estable de la inmigración peruana en la Argentina. Por eso pusimos en vigor con el canciller Rafael Bielsa un protocolo complementario al acuerdo de inmigración que existe, a través del cual se crean procedimientos simplificados para que cerca de 80 mil peruanos puedan regularizar su situación migratoria en el plazo de un año.
–A propósito de eso firmaron también un convenio.
–Sí. Firmamos un tratado de extradición bilateral. Actualmente hay cuatro casos en los que Perú ha solicitado la extradición de personas vinculadas a las redes de corrupción de Fujimori y Montesinos. Estas solicitudes se han hecho al amparo del Tratado de Montevideo de 1889. El convenio que suscribimos es moderno y tiene dos virtudes: simplifica los procesos y amplía el número de delitos sujetos a la extradición.
–De todos modos, ese nuevo tratado no es aplicable para los casos que usted menciona.
–No es retroactivo, pero es una señal para la región. Si no se combate la impunidad, la lucha contra la corrupción queda en la retórica.
–¿Y qué hubiera sido distinto en el caso de estas cuatro personas de haber estado vigente el convenio que acaban de firmar con Bielsa?
–Probablemente ya estarían resueltos los procesos de extradición. Esperamos que estos casos se resuelvan dentro del respeto al debido proceso en la Argentina, pero también con la mayor celeridad porque la celeridad de los procesos judiciales es parte del debido proceso.
–¿Le transmitió esa posición a Bielsa?
–Hubo un comentario, pero dentro de una estricta actitud de no interferir en las decisiones y en los procesos del órgano judicial.
–¿Cómo ve el proceso de integración que se está dando en la región?
–Estamos yendo al corto plazo a la creación de una zona de libre comercio sudamericana. La Comunidad Andina ha perfeccionado su zona de libre comercio en un 98 por ciento y un caso similar es el del Mercosur. Esto va a llevar a que los espacios liberalizados de los dos proyectos de integración se unan y debemos complementarlo con vías de comunicación que bajen los costos y que creen mercados regionales interfronterizos. La convergencia del Mercosur y la Comunidad Andina no debe crear sólo un espacio sudamericano desde el punto de vista de los mercados y el comercio, sino que debemos ir hacia la conformación de una comunidad sudamericana de naciones para dotar a la plataforma latinoamericana de mayor margen de negociación en un mundo muy complejo como el actual.
–Frente al reclamo de Bolivia por una salida al mar, Chile sostiene que ése es un tema bilateral, pero que llegado el momento de la solución Perú tendrá algo que decir. ¿Qué es lo que los peruanos deben decir?
–En el primer momento nada porque por su origen histórico y su naturaleza jurídica se trata de un asunto bilateral entre Bolivia y Chile. Perú ingresaría a un proceso de decisiones, que además es obligatorio e indispensable para que pueda haber un acuerdo, si es que la solución es por el territorio de Arica. Si se diese esa hipótesis, Perú ha reiterado que tendría una actitud constructiva dentro del respeto estricto de la salvaguarda de los intereses de todas las partes. Perú ha tenido siempre comprensión para que Bolivia pueda solucionar su problema marítimo.
–En su momento Toledo asumió en medio de una amplia expectativa y hoy goza de poquísima popularidad. ¿Cuál es el análisis que hace al respecto y qué balance hace de su gestión?
–Es un buen gobierno, especialmente en el manejo de las variables macroeconómicas, en la recuperación del crecimiento, en la consolidación de las instituciones democráticas y en el ejercicio de la gobernabilidad. La lección es que no basta manejar bien la economía en términos macro, tener una vocación democrática y un ejercicio del poder respetuoso de las normas del Estado de derecho. Es indispensable que las democracias tengan la capacidad de satisfacer las demandas sociales justas y básicas de la población; si no el sistema político se resiente y se generan crisis. En países con el 50 por ciento de la población pobre no basta con la libertad y el Estado de derecho.
–¿Y en qué falló la administración de Toledo en ese punto?
–En no propiciar la participación de la población en los programas sociales para que tenga un visión cotidiana e individualizada de la preocupación por resolver las necesidades básicas y de sus limitaciones.
–Las encuestas indican una mejora en la imagen de Fujimori, ¿cuál es hoy el peso político del ex presidente?
–No creo que tenga un peso específico ni una viabilidad política más allá del juicio que el pueblo peruano espera que se pueda realizar una vez que el gobierno de Japón acepte la extradición. Las encuestas tienen diverso significado según su orientación. El fujimorismo es una realidad política que no tiene mucho peso en la vida política peruana, pero que sí puede tenerlo como factor de presión para desestabilizar el sistema democrático. Creo que en el 2006 el gobierno que suceda al de Toledo será el de una fuerza democrática.