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El plan económico de Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, se sustenta en la fundamental ayuda financiera del FMI. Con este objetivo, el Presidente contrató a través de un decreto a firmas estadounidense para que implementen una estrategia frente a la intrincada negociación con el Fondo. Y para cambiarle la imagen al país convocaron a Zemi Communications, la consultora de Henry Kissinger y Alan Stoga, su segundo. Sin duda, la elección no fue caprichosa. Stoga es un personaje clave, de fuertes contactos con empresas norteamericanas y viejo conocido del justicialismo, donde a través de la organización Americas Society, mantiene estrechas vinculaciones con empresarios, banqueros y políticos argentinos. Entre los más conocidos, Stoga se codea con Amalia Lacroze de Fortabat, el prófugo José “Puchi” Rohm y el actual vocero presidencial, Eduardo Amadeo. Por esto y el contenido y los alcances del contrato, diputados del Frente Grande, del ARI y del Frente para el Cambio presentaron un proyecto para derogar el decreto presidencial.
Es bien sabido que en el mundo de los negocios, ya sean privados o estatales, los buenos contactos cotizan alto. Para muchos en el gobierno de Duhalde, Stoga y Zemi cumplen sobradamente con esos requisitos. Pero para los diputados que exigen su derogación, existen elementos “sospechosos” en cuanto a las razones de la contratación de la consultora de la dupla Stoga–Kissinger.
El viejo amigo del PJ
Alan Stoga no es un nombre extraño para el partido del gobierno. Sus servicios ya fueron requeridos durante la década que gobernó Carlos Menem. Tal vez de allí se origine la relación con el actual vocero presidencial, quien supo ocupar varios puestos en aquella administración. Es factible que también Duhalde lo conozca de aquel tiempo cuando era vicepresidente de su hoy enemigo político número uno.
Los contactos de Stoga con el establishment norteamericano parecen inmejorables para las intenciones de la administración duhaldista. No sólo comparte con Kissinger la conducción de la consultora Zemi -.que tiene a su cargo la estrategia de comunicación y asesoría del Ministerio de Economía frente a los organismo de crédito internacional–, sino que además preside el Council of the Americas. Esta organización, dedicada a promover las bondades del libre mercado, es uno de los espacios donde se aceitan los contactos entre las empresas norteamericanas y los gobiernos latinoamericanos. En esta “asociación de negocios estadounidenses”, tal como el propio Stoga la describe en la página web, confluyen las principales y más poderosas empresas de ese país y algunas pocas del resto de América, entre las cuales se destacan los bancos argentinos Galicia, Provincia de Buenos Aires y el Nación.
El Council está íntimamente ligado con The Americas Society, una institución de carácter filantrópico que también preside Stoga y que busca acercar a los gobiernos con las ciencias y las artes. Esta organización tiene un consejo internacional donde confluyen Amadeo, la dama del cemento, Amalita Fortabat, el banquero prófugo Rohm y obviamente Stoga.
Zemi y Remes
A la diputada del Frente Grande y autora del proyecto de derogación, Margarita Jarque, no sólo le llamó la atención las vinculaciones de Stoga y su empresa Zemi con funcionarios del actual gobierno. También la sorprendió que la consultora elegida mantiene desde abril del 2000 una “alianza estratégica” con la firma argentina Silvia Mercado/ MCA Comunicación. No debería llamar la atención esta alianza entre dos empresas, sino fuera porque Silvia Mercado tiene bajo su responsabilidad .desde poco antes de que se firme el decreto presidencial 533– la comunicación de las actividades de Remes Lenicov y de la cartera a su cargo.
La última mancha
La consultora de Stoga y Kissinger no es lo único cuestionado por los diputados de la oposición. También objetan a Baker, Donelson, Bearman & Caldwell y a Covington & Burling, los estudios jurídicos contratados para que elaboren e implementen “la estrategia para representar al gobierno argentino en asuntos relativos a la necesidad de Argentina de un paquete de ayuda financiera internacional”.
Repudian los contratos porque consideran que “sacude los cimientos de la soberanía al otorgar la representación del gobierno argentino a consultoras privadas”. Pero además remarcan que la firma Covington & Burling, fue la responsable en 1990 .-según surge del Boletín de la Organización Mundial de la Salud, recopilación de artículos nº 4 de 2001– de una campaña dirigida “al encubrimiento de informes científicos de los daños causados por el tabaco”, que incluyó “la manipulación de la opinión pública mediante la difusión de cartas firmadas por profesionales idóneos en la materia. A los que la consultora ofrecía importantes sumas de dinero por el ‘servicio’ prestado”.
Todos datos que para los legisladores “no son menores”, sobre todo si se tiene en cuenta que la Argentina “es un país calificado en uno de los primeros puestos de corrupción en el mundo, aspecto sobre el cual debemos imponer todas las restricciones necesarias para garantizarle a la ciudadanía la máxima transparencia en las gestiones del Estado”.