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Que un juez amenazado por el juicio político presida el tribunal que tiene en capilla a otro magistrado podría configurar una auténtica paradoja. Pero no es la única historia en el imperceptible mar de fondo que enfrenta al acusado Luis Leiva, juez federal de Mendoza, con Eduardo Moliné O’Connor, ministro de la Corte Suprema. En vísperas del veredicto que determinará el futuro de la carrera de Leiva, responsable de la orden de captura contra el ex banquero Raúl Moneta, fuentes estrechamente vinculadas a la Corte recordaron un episodio singular. El relato remite al 7 de diciembre de 1999, cuando de una inesperada reunión de la Corte surgió la resolución que, contra toda lógica, dictaminó que la sede del banco Mendoza, entidad provincial privatizada en favor de Moneta y fundida por éste, se encontraba ubicada en la Capital Federal. Siempre de acuerdo a los impecables informantes, aquel pequeño subterfugio que aspiró la causa hacia las oficinas del ex juez federal porteño Gustavo Literas era la último eslabón de una cadena de presiones que arrancaba en George Bush padre y acababa, precisamente, en Eduardo Moliné.
En la agenda de la Corte no figuraba ninguna reunión de acuerdo previa al 10 de diciembre, fecha de asunción del nuevo gobierno de la Alianza. Por eso algún ministro despistado se sorprendió ante la urgente convocatoria formulada por Moliné para el martes 7. Con sus modales educados, el directivo de la Asociación Argentina de Tenis, informó a sus pares de la impostergable necesidad de solucionar el problema que afectaba a una importante personalidad argentina por la que habían expresado su preocupación, incluso, pesos pesado de la política internacional.
Es probable que esa sola alusión haya alcanzado y que todos, absolutamente todos, supieran que cinco días antes, el 2 de diciembre, en una aeronave Gulf Stream con patente de Houston, Texas, George Bush padre había aterrizado en Buenos Aires con el objetivo confeso de pasar cuadro jornadas y “pescar truchas en la Patagonia”. Luego se sabría que el vago señalamiento de “la Patagonia” era Río Grande y las truchas eran vecinas de Lino Oviedo, asilado en el país por gentileza de Carlos Menem. El 3 por la tarde, Menem y Bush jugaron largo rato al golf en los links del Jockey de San Isidro. Por la noche, el presidente del Banco General de Negocios José “Puchi” Rohm (involucrado en las coimas del caso IBM–Banco Nación) abría su casa para una comida de altísimo nivel a la que concurrieron, sin motivo alguno excepto la confraternidad, Menem, el todavía presidente electo Fernando De la Rúa, el presidente saliente del Uruguay Luis Alberto Lacalle, su sucesor Jorge Batlle y una conspicua delegación de banqueros: Walter Schiptley, del Chase Manhattan, David Mulford, del Crédit SuissFirst Boston (accionistas del banco atribuido a los hermanos Rohm).
“Negocios” fue la respuesta dada por el entorno del riojano a los que preguntaron por el motivo de la reunión y la verdadera finalidad de la visita. Entre los negocios se barajaba la construcción del puente a Colonia. El otro motivo era la preocupación de Bush para con la seguridad jurídica del banquero Moneta, socio del Citi y de Tom Hicks, cabeza del grupo inversor HMT&F que, con raíces en Texas, es uno de los principales aportantes a las campañas electorales de los pichones Bush.
A la luz de los acontecimientos de los dos años siguientes, la reunión en casa de los Rohm adquirió una dimensión que convirtió en naïve la hipótesis del puente Colonia–Buenos Aires: no era sólo Moneta quien estaba complicado en esos días, iba a ser también el Citibank y su titular internacional John Reed; era Aldo Ducler y su casa–banco Mercado Abierto, implicada en operaciones con el Señor de los Cielos, el cartel de Juárez y cuentas en el Citibank. Hasta el anfitrión de ese encuentro ultra VIP, José Rohm, se encuentra prófugo por maniobras de evasión y fuga de capitales. En ese cuadro a tres bandas calzaban como un guante las presencias de los representantes de la oriental, sin cuyo impenetrable sistema bancario –del que forman parte algunos bancos argentinos– y susfacilidades para la creación y protección a sociedades opacas, las maniobras de blanqueo y negreo de miles de millones de dólares hubieran provocado un sinfín de incomodidades a la clientela.
Bush había reclamado a Menem “un juez neutral” para el propietario de los caballos bailarines ahora embargados. En buen romance, el apartamiento de Leiva. Carlos Menem trasladó la inquietud a Hugo Anzorreguy y, al decir de las fuentes, éste hizo lo propio con su cuñado, el miembro de la Corte Eduardo Moliné. Así las cosas, el 7 de diciembre el socio del Lawn Tenis de Adrogué introdujo la mosca en las orejas de sus pares del tribunal. Fue Gustavo Bossert, se afirma, quien argumentó la inviabilidad del reclamo: el expediente elevado por la Cámara Federal para decidir el conflicto de competencia planteado entre Leiva y Literas aún no había ingresado a la esfera del tribunal. Moliné no retrocedió. Por el contrario, si hacían falta elementos, dijo, allí estaba el dictamen de la Procuración en favor de la competencia de Literas.
–Hay un montón de expedientes. Pongan alguno acá arriba y por lo menos nos sacamos una foto –habría ironizado con disgusto Bossert.
Pese a las objeciones, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez pusieron la firma al acuerdo que zanjaba el conflicto y ponía a Moneta en camino de su libertad y a Leiva en el del juicio político. Enrique Petracchi se excusó aduciendo que un familiar era hombre de confianza de Moneta. Aludía a Alberto Petracchi, su primo hermano, abogado, testaferro y asesor del banquero, la persona a quien luego haría responsable de la aparición de su nombre en las cuentas abiertas “por izquierda” en el Federal Bank. Bossert se limitó a no firmar, omitiendo las razones de su abstención.
Es probable que los flecos de lo que, insisten las fuentes, habría ocurrido en la Corte el 7 de diciembre de 1999, subyacieran en el pedido de recusación de Moliné, presentado por la defensa de Leiva en la primera jornada del jury. Y es probable también que las presiones ejercidas entonces vuelvan a hacerse sentir sobre los integrantes del tribunal, al menos sobre los dos tercios necesarios para destituir al magistrado.