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Los norteamericanos dicen que evadir impuestos es delito y eludirlos es una obligación patriótica. Evasión o elusión, lo cierto es que una investigación publicada en Página/12 consiguió que el Gobierno anulara ayer un régimen que favorecía a los exportadores de granos porque gracias a un subterfugio pícaro esquivaban el peso de las retenciones. El monto que el Estado dejó de perder podría superar los 300 millones de dólares, unos mil millones de pesos.
Un decreto del Ejecutivo cambió un sistema que regía desde la dictadura y que el gobierno de Carlos Menem sólo contribuyó a hacer más permeable hacia los cuatro grandes exportadores, sobre todo Cargill, ADM, Dreyfus y Bunge. El sistema original garantizaba el mantenimiento de las condiciones comerciales a los exportadores que solo cumplieran con el requisito de entregar en la Aduana una declaración jurada indicando cuánto venderían al exterior. Bastaba con eso para que después, si la situación se modificaba, ese cambio no afectara a la operación declarada. Hace poco menos de 20 días este diario reveló que ese régimen había sido utilizado por los grandes exportadores para saltear las retenciones, que terminaron significando un gravamen del 20 por ciento para las ventas de productos agropecuarios. Si un simple anuncio de venta alcanzaba para congelar el entorno económico, los exportadores podrían salvarse del nuevo impuesto.
Sólo considerando el período iniciado con el corralito el 3 de diciembre, los exportadores declararon su intención de vender commodities (mercancías con precio internacional) por 1800 millones de dólares en cifras que llegan hasta el 26 de marzo. Si ninguno de esos exportadores hubiera realizado efectivamente la operación de compra de sus productos, el Estado perdería el 20 por ciento de 1800, es decir 360 millones de dólares.
“Esta situación determina la excepción de un sector que en el presente de la República Argentina se constituye como una manifestación de una inequitativa carga tributaria”, dicen los fundamentos del decreto.
Para evitar ese drenaje, el Ejecutivo cambió un artículo de la ley. Donde se establecía que el momento decisivo era la declaración de venta, se estipula desde ayer que las condiciones solo quedan garantizadas recién cuando se tramite el permiso de embarque. La diferencia es clave. Una declaración de venta puede presentarse sin haber comprado nada. Basta la palabra. En cambio el permiso de embarque supone que antes la operación de compra de granos se haya concretado. Con la palabra ya no es suficiente, o en todo caso el nivel de compromiso palpable hace casi imposible un ejercicio de picardía.
La historia comenzó el domingo 31 de marzo, cuando Página/12 publicó el resultado de una investigación que había comenzado el 15 de marzo. Junto a los datos incluyó una larga entrevista al experto Alberto Ferrari Etcheberry, abogado y ex presidente de la desaparecida Junta Nacional de Granos, en la que hacía dos recomendaciones. Una, para él ideal, anular la vigencia del régimen a partir del corralito. La otra, suspender los efectos y analizar caso por caso. Ante la pregunta de si los exportadores no denunciarían un perjuicio en su contra, Ferrari Etcheberry dijo: “En el Derecho argentino, para que haya perjuicio tiene que haber daño, y en este caso solo puede probar daño quien haya comprado realmente el grano. El que no compró no puede alegar ningún perjuicio, porque sería abstracto”.
Ahogado por la penuria fiscal, el presidente Eduardo Duhalde se interesó en el caso y llamó al experto a la Casa Rosada. Allí Ferrari Etcheberry corroboró los datos publicados en este diario y explicó más ampliamente las acciones que sugería. Después de una serie de reuniones con participación del ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y del jefe de la Aduana, Mario das Neves, el lunes último el abogado envió un memo al propio Duhalde.
En el memo, al que accedió Página/12 a través de funcionarios del Gobierno, Ferrari sospechaba de la falsedad de las declaraciones de venta.Tras estudiar el momento en que fueron presentadas, descubrió que los montos mayores coincidieron con instantes críticos: el corralito, la renuncia de Fernando de la Rúa, la asunción de Duhalde, el anuncio de retenciones, la fijación de retenciones y el aviso de que las retenciones aumentarían. Recordaba Ferrari que el grueso de la ganancia de los exportadores “se concentra en muy pocas firmas, y su magnitud queda clara si se tiene presente que la exportación de commodities indiferenciadas, como son los granos y sus derivados, es un negocio sencillo, de mucho volumen y poco margen unitario, con una ganancia normal que no es superior al uno o dos por ciento, y cuya concentración se produce principalmente por la capacidad de acceso al financiamiento barato”. Del estudio de las cifras el experto dedujo que “no menos del 70 por ciento corresponde a siete firmas”, número que se reduciría si se afina el lápiz analizando los acuerdos financieros o financieros.
Otros descubrimientos curiosos que figuran en el memo:
- Una empresa declara haber vendido en un solo día 280 mil toneladas de poroto de soja, 300 mil de trigo y 150 mil de maíz. Un caso de hiperactividad.
- Otra, 270 mil toneladas de pelletes de soja en dos días.
- Una tercera, en un solo día, 320 mil toneladas de harina de soja y otro día 700 mil toneladas de harina de soja.
- Más del 10 por ciento de las declaraciones de venta se concentran ya conocidas las retenciones del 4 de marzo, y otro 20 por ciento en los días previos, cuando las retenciones inminentes eran públicas.
Ferrari Etcheberry alertaba que, de no cambiar el régimen, no solo se vería perjudicado el Estado. También los productores, “que transfieren al sector exportador el monto correspondiente a los impuestos a la exportación que los exportadores no pagan al fisco”.
Más cerca de la evasión que de la elusión, y en todo caso bien lejos de la patria.