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El Gobierno evitó pronunciarse con relación a las presiones del titular de la SIDE, Carlos Soria, sobre camaristas y jueces para que pongan presos a Domingo Cavallo, Eduardo Escasany y José y Carlos Rohm, tal como reveló Página/12. “No tengo nada para decir, ni oficial ni extraoficialmente”, respondió el vocero presidencial Eduardo Amadeo al ser consultado sobre el tema. En su edición de ayer, este diario dio a conocer dos reuniones realizadas en el mes de enero en las que el secretario de Inteligencia amenazó a dos camaristas y a seis jueces federales con su puesta en comisión si no detenían al ex ministro y a los banqueros, estrategia oficial ideada para calmar el malestar social.
Desde el radicalismo, Federico Storani calificó de “deleznable” cualquier maniobra de “manipulación de la Justicia desde el poder”. Para el ex ministro del Interior de la Alianza el hecho de que las presiones hayan sido ejercidas desde la SIDE “le agrega una cuota de gravedad, ya que serían maniobras que se nutren de un organismo que maneja fondos de manera discrecional y fuera de todo control”.
Storani también se refirió a los riesgos de que la operación sea contraproducente para el mismo Gobierno. “Si estas denuncias se comprueban, hasta una condena deseada por la gente puede quedar bajo sospecha de haber sido manipulada”, dijo.
Graciela Ocaña (ARI) consideró que las presiones del Gobierno sobre los jueces “son realmente muy desafortunadas”, pero relativizó sus alcances y efectos. “Me parece que si en enero el Gobierno tenía alguna intención de ese estilo, en cuanto a que fuera preso algún banquero o ex funcionario, después hubo un cambio. Y a la vez mi impresión es que en este momento las presiones sobre la Justicia ya no son tan efectivas como en otros tiempos, porque nadie le puede asegurar a los jueces la cobertura que tenían.”
Ocaña se refirió a las detenciones de Carlos Rohm y de Cavallo. “Con respecto a Rohm, conozco la causa y sé que hay elementos para que esté preso”, dijo. “Creo que si la jueza lo detuvo ahora y no antes fue porque no tenía todos los elementos de prueba para hacerlo.” También consideró “difícil que eso (aludiendo a las presiones) haya sucedido con respecto a Cavallo, porque no se conoce que el juez Carlos Speroni responda a algún sector político en particular”.
El senador del PJ, Jorge Yoma, no hizo valoraciones. “No puedo poner en duda el prestigio de los funcionarios involucrados ni el de Horacio Verbitsky” (autor de la nota), dijo. Pero sostuvo que “presiones políticas hubo siempre, si algo contribuyó a degradar la Justicia fue justamente este tipo de actitudes”.
Yoma aprovechó para apuntar contra su archirrival Eduardo Menem. “Mi anhelo sería que si existieran las presiones, los magistrados tuvieran la capacidad de conservar la independencia. Por ejemplo, hoy Eduardo Menem salió a anunciar los pasos que va a seguir la Corte Suprema. Igual creo que estamos en un momento de independencia de la Justicia: el Consejo de la Magistratura es un gran avance. También los fiscales vienen mostrando independencia.”
Darío Alessandro, diputado del Frepaso, reclamó al Gobierno “aclarar urgentemente esta situación. Si existió el hecho, Soria no debería permanecer en el cargo”. El legislador consideró finalmente que “venimos de muchos años de manipulación de la Justicia, con orden de apañar al poder político, pero también hay una sobreactuación para agradar a la opinión pública. Tendría que haber un equilibrio, que el Poder Judicial no sea herramienta del poder político ni de la opinión pública”.
También hubo fuertes críticas contra los informes de inteligencia que vinculan las movilizaciones populares y los cacerolazos con las FARC de Colombia. Storani dijo que cuando se inició esa campaña (juntamente con una protesta piquetera en Salta) “y se hablaba de las FARC en Salta y en Santiago del Estero (en coincidencia con una serie de protestas piqueteras) no hubo datos fundados ni hechos que lo pudieran probar”. Storani explicó que las FARC “actúan como guerrilla y tienen además una representación política que es la que negocia con el gobierno de Colombia y envía representantes fuera de su país. Esos delegados políticos vienen al país, mantienen reuniones con otras fuerzas políticas o sindicales, pero mientras estuve en el Gobierno de ningún modo se detectó que estén detrás de las protestas sociales, que las financien o traten de capitalizarlas”.
Yoma dijo que se está “sobreactuando el problema del accionar de los grupos terroristas para volver a la Doctrina de la Seguridad Nacional”. Alessandro afirmó que cuando se hacen tales acusaciones, deberían aportarse datos concretos para sustentarlas.