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Alrededor del 60 por ciento de los 70 mil docentes porteños –públicos y privados– recibirán un aumento salarial de 100 pesos por cargo a partir del 1º de agosto, es decir que cobrarán en septiembre. El incremento, que por primera vez en trece años se incorporará al básico, repercutirá con distinta incidencia en toda la escala salarial. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, explicó que “buscamos no sólo una recomposición económica, sino una estructura que remunere con igual salario igual tarea”. El anuncio surgió tras el funcionamiento de una virtual paritaria con los gremios en la que se acordó el criterio de beneficiar a los cargos más postergados. La negociación cobró fuerza tras la decisión política de destinar parte del superávit fiscal a recomponer los sueldos de maestros y profesores.
Representantes de la conducción de la mayoría de los doce sindicatos de la ciudad de Buenos Aires avalaron el anuncio con su presencia en el Salón Blanco de la Jefatura de Gobierno. El jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y la secretaria de Educación, Roxana Perazza, acompañaron a Ibarra. El financiamiento del aumento implicará que “hasta fin de año se invertirán unos 40 millones de pesos más”, precisó Ibarra. Anualizando el incremento, la cifra trepa a más de 100 millones de pesos.
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Francisco “Tito” Nena, explicó a Página/12 que “nuestro criterio era que todo aumento se incluyera en el básico y apuntando a la recomposición de los salarios más bajos para que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. Una gran parte del aumento se financia con plata real y un 18 por ciento es el blanqueo de una suma fija que estaba por fuera del básico. Compartimos la decisión de invertir una parte importante de los más de 480 millones de pesos de superávit en recomponer los haberes docentes”.
En una primera reunión con Raúl Fernández, los gremios acordaron el criterio de incorporar el aumento al sueldo básico de forma tal que sea remunerativo y bonificable y que se modificara el valor del índice con que se ranquean los cargos para así beneficiar a los más postergados. “Este aumento se enmarca en el reordenamiento del sistema del sector público de la ciudad en el que priorizamos los salarios más bajos. Este criterio lo aplicamos en la reestructuración de la carrera administrativa”, explicó Fernández a este diario.
Los dirigentes de la UTE calculan que el 60 por ciento de los maestros de la ciudad cobra con un 120 por ciento de antigüedad, porcentaje que se alcanza a partir de los 22 años de trabajo, para ese universo el aumento significará 105 pesos en mano por cargo. En el caso de la educación media, un profesor con 35 horas cátedra semanales –porción que también representa cerca del 60 por ciento del sector– el incremento representará 115 pesos. El criterio aplicado fue “que no haya ningún docente por debajo de la línea de pobreza, que según el Indec es de 720 pesos mensuales. Con este aumento, un 15 por ciento quedará a lo sumo por debajo de ese monto. Hay que tener en cuenta que antes con el máximo de la antigüedad estaban por arriba de esa cifra mientras que ahora ya con 10 años de ejercicio de la docencia se alcanza ese monto”, especuló un sindicalista.
Más que cautos al momento de precisar las cifras globales, los funcionarios machacaron en la heterogeneidad del incremento salarial. “El aumento varía entre un 4 y un 44 por ciento según los cargos”, dijo Perazza. En forma simultánea sigue en marcha el proyecto de blanqueo de las sumas en negro que componen el sueldo docente –es decir que no sufren descuentos para jubilaciones y obra social–. Perazza precisó que “teníamos un 34 por ciento en negro y ahora queda un 21 por ciento que se irá blanqueando a lo largo de cuatro años”. El blanqueo es otro de los reclamos sindicales, esencial para normalizar la situación jubilatoria, pero de poca incidencia en el sueldo de bolsillo.
Reordenar la distorsión salarial con criterios de equidad requiere un trabajo de ingeniería. En la ciudad se arrastran situaciones incomprensibles desde la transferencia de las escuelas medias y terciarias nacionales a su jurisdicción en los ’90. El ejemplo más notorio es la situación del preceptor: hasta ahora uno que fue transferido tenía un salario de 436 pesos equivalentes a 904 puntos del índice, mientras que uno de la ciudad recibía por el mismo trabajo 370 pesos producto de los 704 puntos de su cargo, y un maestro de grado tenía asignados 753 puntos índice, con lo cual cobraba menos que un preceptor derivado de la Nación. A partir del 1º de agosto se equipara esa diferencia en el tope máximo. Los cargos menos beneficiados serán los más altos del escalafón, directores de educación superior, que tendrán 20 pesos, y supervisores, que recibirán 69 pesos.
Algunos dirigentes gremiales explicaban que “si el aumento se hubiera hecho sin modificar los puntos índice por cargo, las maestras que menos ganan, esas que viven a polenta y arroz porque por ahí tienen al marido desocupado, hubieran recibido 20 pesos, mientras que el director se hubiese llevado 120 pesos. Hicimos al revés, pero somos conscientes de que estamos tocando ‘nichos culturales’”, en alusión al criterio jerárquico de la estructura docente. En rigor, el propio escalafón quedó superado por los hechos: ahora un maestro de grado en la ciudad requiere una formación terciaria de cuatro años, igual que la de un profesor, pero el salario sigue diferenciado.