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La Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, no dará instrucciones a los fiscales para que actúen de oficio ante el conflicto social, pero respaldará a los que decidan intervenir cuando crean que hay un posible delito. En el organismo que encabeza todas las fiscalías, sostiene que “custodiar el orden público, como tarea preventiva, es un problema del Poder Ejecutivo, recién una vez que se comente el hecho la responsabilidad es del fiscal y el juez”.
Desde el Gobierno y sectores empresarios alientan la intervención de la Justicia ante las protestas de desocupados, aunque el primero rechaza reprimir y los segundos piden en muchos casos mano dura. En los tribunales la tendencia predominante es criminalizar el conflicto social (equiparando los reclamos sociales al delito) y, últimamente, también canalizar reclamos hacia el Estado para que dé una respuesta violenta.
“Los fiscales no están para resolver problemas de seguridad”, señaló un alto funcionario de la Procuración, que argumentó que las tareas preventivas corren por cuenta del Gobierno. Lo que viene transmitiendo Righi en el organismo es que, a su criterio, las fiscalías deberían hacer denuncias e investigar cuando entiendan que puede haber delitos en una manifestación. El razonamiento es que debería haber acción judicial una vez consumadas protestas como las que se hicieron en McDonald’s, en peajes, en otras empresas o en la comisaría 24ª a raíz del asesinato de Martín Cisneros. Las interrupciones de tránsito parecieran, según el planteo del procurador, un terreno más impreciso.
Righi, según sus allegados, no dará instrucciones a los fiscales y se niega a unificar reglas. Eso no quita que les prometa respaldo: “Al fiscal que piense que hay que investigar lo voy a bancar si alguien quiere hacerlo picadillo. Y si, en cambio, considera que la protesta no provocó daños de magnitud para hablar de delito también lo voy a respetar”, comentó entre sus colaboradores.
El fiscal Guillermo Marijuán, que investiga ocho denuncias contra el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, consideró que con las protestas piqueteras entran en “colisión dos derechos: el de peticionar ante las autoridades y el derecho de otros ciudadanos de transitar libremente”. Para él, la responsabilidad de lograr el equilibro entre ambos es de “la policía, como autoridad de prevención”. Hasta ahora, en el ámbito judicial los fallos que prevalecen y marcan el camino priorizan el derecho de libre circulación sobre otros derechos constitucionales, al punto de decir en ciertos casos, que el único camino que tiene el pueblo para expresarse es el voto.