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Mientras la causa sobre el asesinato del piquetero Martín “el Oso” Cisneros no tiene quien la investigue, una magistrada aseguró ayer que intervino en el caso de la toma de la Comisaría 24ª pero fue desobedecida. La jueza de instrucción María Angélica Crotto denunció casi una semana después que fue consultada durante la madrugada del sábado, cuando los incidentes se estaban produciendo, impartió órdenes que no fueron acatadas y finalmente fue ignorada cuando entró en escena el juez federal Norberto Oyarbide.
Tras aquella toma encabezada por el dirigente Luis D’Elía, de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), trascendió que había intervenido el juez federal porque la jueza Crotto, que debía actuar por estar de turno, “no pudo ser encontrada”. Sin embargo, la magistrada sostuvo que había recibido al menos un llamado del titular de la Comisaría 24ª y dos de la fiscalía de distrito a cargo de Alicia Martín y María Elena Holden. La jueza dijo también que el secretario de su juzgado fue consultado por la policía y la fiscalía al menos en dos oportunidades. “Actúen y cuando tengan a los detenidos cárguenlos a un celular, trasládenlos a Tribunales y avísenme, que yo me constituyo en el juzgado, y si me tengo que quedar toda la noche trabajando, no hay problema”, habría expresado Crotto al ex comisario de la Seccional 24ª Cayetano Greco a primera hora del sábado pasado, según fuentes judiciales consultadas por las agencias DyN y Télam. En ese momento los piqueteros, entre ellos D’Elía, estaban aún en el interior de la seccional, y por lo tanto tras la consulta con la jueza todos los que estaban tomando la sede policial debieron haber sido detenidos.
Crotto explicó que no volvió a recibir comunicaciones por el resto de la noche y a la mañana siguiente se enteró a través de la prensa de que estaba interviniendo Oyarbide porque a ella no habían podido ubicarla. Este juez se desprendió no sólo de esa causa sino también de la que investiga la muerte de Cisneros. El expediente sobre la toma de la comisaría fue recibido en primera instancia por el juez de instrucción Alberto Baños, pero éste se lo remitió a Crotto porque consideró que era la magistrada que estaba “de turno” la noche del viernes y la madrugada del sábado últimos, cuando se registraron los episodios.
En su denuncia, la jueza pidió que se investigue la comisión de ilícitos derivados de la falta de detención de quienes coparon la Seccional 24ª como protesta por el asesinato de Cisneros. Sin anticipar cuál habría sido la violación de la ley cometida, mencionó un hipotético “delito de acción pública” y si bien no imputó directamente a persona alguna, la presentación podría alcanzar a funcionarios policiales y políticos. Si bien la denuncia penal que formuló Crotto sólo describe los hechos y no formula acusación alguna, de comprobarse que realmente impartió esas órdenes la Justicia deberá indagar por qué la policía no cumplió, y si en tal caso hubo alguna orden en sentido contrario emanada de algún funcionario político.
Además de la denuncia penal, la Cámara del Crimen porteña abrió un sumario administrativo para determinar qué fue lo que ocurrió y deslindar responsabilidades.
A la par de su denuncia ante la Cámara Federal, y aunque ya pasó una semana del hecho, la jueza dispuso algunas medidas “urgentes” para preservar las pruebas del homicidio de Cisneros y los daños, hurtos, amenazas y lesiones que se habrían producido en elementos y personal de la Seccional 24ª.
Sobre el expediente del homicidio, también surgieron problemas que hacen que esa causa, hoy, no tenga juez. Ocurre que el juez de menores designado por sorteo, Enrique Velázquez, se declaró incompetente y envió las actuaciones a su colega Adriana Leiras, quien estaba de turno cuando se produjo el asesinato de Cisneros, por el que está detenido también un menor de edad, de 17 años. Pero Leiras también declinó su competencia con el argumento de que la causa debe tramitarla Velázquez, razón por la cualla Sala Especial de la Cámara del Crimen deberá resolver qué magistrado avanza con la investigación.