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El cuidado del gobierno nacional por eludir la criminalización de la protesta social, pese a las tácticas confrontativas de algunas microfracciones de la paleoizquierda y los reclamos feroces de todas las derechas, entró en crisis, lo mismo que su propósito de aislar a Duhalde. Esto se debe a la rapidez de algunos aliados en mezclar el frente social con el de la competencia política y a la ineficiencia de algunas áreas oficiales que confunden cautela con inacción.
Inundación sobre ruinas
Es obvio que no habrá solución de fondo sin un cambio pronunciado y sostenido en los niveles de ocupación y de ingresos y está abierto a debate si la política en curso es idónea para lograrlo. Pero entretanto el país debe sobrellevar como pueda las consecuencias de la inundación inducida por los devaluadores duhaldistas sobre la tierra arrasada por los dolarizadores menemistas. Entre ellas, la persistencia de diversas organizaciones de trabajadores desocupados que no encuentran otra forma de volverse visibles que la ocupación de espacios públicos y, de un tiempo a esta parte, también privados. Algunas son autónomas y procuran organizar alternativas independientes de gobiernos y partidos. Otras fueron creadas como apéndices de organizaciones políticas de estricta centralización y obediencia. También las hay operadas por intereses invisibles a los ojos y por una fauna de intrépidos corsarios. Casi todas son muy dependientes, en forma más o menos directa, del financiamiento estatal. Las relaciones entre ellas y con los distintos sectores políticos son tan inestables como los empleos que ha creado la reanudación del crecimiento macroeconómico. Desde el primer día de su mandato, Kirchner buscó la creación de microemprendimientos cooperativos, que permitieran al mismo tiempo reducir los degradantes subsidios y despejar las calles y rutas. También en este rubro, lo que queda del Estado es más pródigo en gestos que en gestión.
Más con menos
El jefe de gabinete Alberto Fernández ratificó en el Senado la decisión oficial de no reprimir. Lo hizo con una paráfrasis muy apropiada a la fecha. “Entre el garrote y el tiempo, elegimos el tiempo”, dijo. (Para quienes tienen menos de 40 años: la frase original de Perón planteaba la disyuntiva entre el tiempo y la sangre y no se refería a la represión del conflicto social por el Estado sino a la elección de los métodos de acción política en ejercicio del poder.) Esta opción ha provocado enardecimiento a derecha e izquierda, dentro y fuera del partido gobernante. Las organizaciones más ideologistas advirtieron que así se iban desgastando e incrementaron el número de cortes de rutas pero cada vez con menos participantes. Algunos decidieron radicalizar las acciones para impedir la gradual dilución en el paisaje urbano. Al mismo tiempo, en Parque Norte, el gobierno enroló al sector más dispuesto a explorar los caminos de reinserción laboral como actor de la contienda política con el duhaldismo, que respondió con su delicadeza habitual. Desde entonces, el piquetero bueno Luis D’Elía se acostumbró a hablar en primera persona del plural, involucrando al presidente Kirchner.
Ay, Juancito
En este contexto se llegó al segundo aniversario del asesinato de dos piqueteros en Avellaneda, cuando el gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Felipe Solá decidieron poner en práctica la política de coerción que ahora se reclama de Kirchner. Mientras los compañeros de las víctimas de aquella jornada cortaban en forma pacífica el Puente Pueyrredón, el pequeño dealer Juan Duarte, protegido por la policía de La Boca, mató a tiros a un militante de la base más importante de D’Elía en la Capital Federal, el Oso Martín Cisneros. D’Elía denunció esta colusión desde el interior de la comisaría 24ª en la madrugada del sábado pasado. Si el gobierno concebía la relación con D’Elía como un medio para aislar al otro sector piquetero y así disminuir la tensión en las calles, la presencia de su aliado dentro de la comisaría junto con otros 19 hombres y 23 mujeres fue un contratiempo grave. D’Elía explicó que sólo había intentado moderar a los indignados vecinos, según quienes Duarte tenía acceso frecuente a la comisaría, que despejó la zona a la hora del crimen. Ninguno de los presentes portaba armas. Pero en la misma conferencia de prensa en la que D’Elía dijo que no se había tratado de una ocupación de la seccional, Hebe de Bonafini exhortó a invadir más comisarías. En días siguientes agregó que también debían ocuparse fiscalías y juzgados. Cuando le preguntaron qué opinaba de tales propuestas, D’Elía dijo que no le arrancarían ninguna crítica a Bonafini porque ella "es un sol”.
Delito y política
Además, acusó a Duhalde por el asesinato, pese a que había prometido al secretario de Organización de la CTA y dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular Edgardo De Petris, que no repetiría ese cargo que formuló por primera vez al calor de los hechos. (De Petris, y no D’Elía, habló por teléfono con Kirchner en estos días. Se frecuentan desde que el actual presidente era el abogado del sindicato de trabajadores estatales de Río Gallegos que conducía De Petris.)
Que en varios partidos del Gran Buenos Aires la comercialización de sustancias narcóticas cuente con protección policial y cobertura política y que esa promiscuidad haya crecido en la década duhaldista hasta volverse emblemática de un estilo político degradado, no habilita a atribuirle al ex senador bonaerense responsabilidad en cada episodio producido por un delincuente cobijado por una comisaría, en cualquier punto del país. Otros militantes insinuaron después del crimen que una organización comparable a la Triple A, o un sicario contratado para matar, le habían arrojado a Kirchner el cadáver del Oso y que habría más. Estos dichos no pasan de proyecciones hipotéticas del pasado y el propio D’Elía lo admitió desde el primer momento, cuando dijo que no tenía y tal vez nunca tendría pruebas. Pocos días antes y sin más fundamentos que ahora le había endilgado a Duhalde los actos del piquetero con barba Raúl Castells, con quien esta semana se mostró unido contra la presunta agresión duhaldista.
El comedor “Los Pibes”, integrante de la FTV y la CTA, implica una forma de organización social admirable, similar a la de otros movimientos piqueteros de diversas orientaciones y antagónica con el modelo generalizado de lumpenización y regulación policial del delito en el territorio. Esa disputa es cotidiana en muchos puntos del país. Tampoco es opinable la relación estrecha entre la policía y el asesino, a quien el comisario Cayetano Gre-
co defendió en una entrevista radial. Esta relación ostensible es lo que indignó a los vecinos, que exigían que mientras llegaba la orden judicial por lo menos se rodeara el edificio donde habían visto entrar a Duarte, el de la fábrica abandonada Zanchetti. Con los elementos que se conocen hasta hoy, pasar de esa constatación a una denuncia de crimen político por encargo, y además atribuírselo a Duhalde, es internarse en un terreno de vagas conjeturas, con sustento analítico pero no fáctico. D’Elía contrató a un investigador privado para que hurgue en las relaciones de Duarte en Lomas de Zamora. Lástima que la individualización de los culpables precediera al comienzo de la pesquisa. Incluso resta explicar la contradicción entre la autopsia realizada por los forenses de la Corte Suprema (Cisneros tenía golpes en la cabeza y el disparo mortal se hizo con el caño del arma apoyado en su cara) y la afirmación de D’Elía de que le dispararon desde la calle. “Verdad y Justicia” es una consigna demasiado trascendente en la Argentina contemporánea, como para que puedan dejarse estos cabos sueltos.
Dos veces
Más nítidos son los reproches que pueden dirigirse al ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El comportamiento del comisario Greco había sido denunciado dos veces ante el ministro Gustavo Beliz. La primera, cuando Juan Duarte robó un local de la FTV y amenazó de muerte a sus dirigentes. La segunda, en abril, cuando doscientos hombres armados con manoplas y cachiporras e identificados como miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mandaron al hospital a seis militantes de la CTA que se habían reunido en el Teatro Verdi de La Boca para fundar una Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, entre ellos el diputado socialista y dirigente de los trabajadores aeronáuticos Ariel Basteiro. Cuenta Basteiro: “Teníamos la información de que algo así podía suceder, pero dudábamos si no era carne podrida. Llamé al Departamento Laboral de la Policía Federal. Me sugirieron que hablara con la seccional para que hicieran un operativo de prevención. Llamé al comisario Greco. Me dijo que no podía mandar a nadie, que un patrullero se había ido con una hinchada de Barracas, otro no podía abandonar una custodia, otro estaba roto, otro en La Plata y sólo tenía cuatro personas. Pero a los tres minutos de la pateadura que nos ligamos aparecieron cinco patrulleros y quince canas. No tenían gente para prevenir, pero les sobraba para el acta de defunción”.
A raíz de estas denuncias Beliz anunció que daría intervención a Asuntos Internos, donde se abrió un sumario. Explicó que durante la instrucción Greco seguiría concurriendo a la comisaría pero sin mando efectivo. Agrega Basteiro: “Hace diez días íbamos a lanzar la Federación de Trabajadores del Transporte en el Hotel Bauen. Tuvimos una reunión con el funcionario de la secretaría de Seguridad Ignacio Irigaray, quien nos anunció que el comisario Greco ya había sido removido. Uno de los compañeros le dijo queno era así, que seguía estando en la comisaría. Te confirmo que está removido, insistió Irigaray. Pero no era cierto”.
Ineficiencia peligrosa
Del mismo modo, fue el Poder Ejecutivo y no el ministerio el que separó de sus funciones a dos comisarios de confianza de Quantín, Jorge Palacios y Carlos Sablich. La denuncia de la jueza María Crotto (de que en la madrugada del sábado 26 la policía derivó la causa al incompetente juez federal Norberto Oyarbide luego de que ella ordenara detener a los civiles que permanecían dentro de la seccional 24ª) no parece dirigida a alargar la vida política de Quantín y del subsecretario de seguridad, José M. Campagnoli. La ansiada mejora de la calidad institucional no es compatible con este tipo de manipulaciones más propias del menemismo. El argumento de que la jueza sólo habló con el relevado comisario Greco es una burla a la inteligencia del interlocutor. Greco es insospechable de cualquier interferencia en la orden de desalojar su comisaría. La ineficiencia en el manejo de estas cuestiones es peligrosa y compromete un punto central de la política del gobierno. La decisión de no reprimir la protesta social requiere de un especial esfuerzo de prevención y disuasión y de un constante control político: dialogar con todas las organizaciones que ocupan la calle, para detectar los problemas antes de que ocurran y concentrar grandes cantidades de personal, sin armas letales. En La Boca, por el contrario, el jefe de policía y los funcionarios políticos recién llegaron cuando la comisaría ya había sido ocupada.
Tampoco parece una política razonable el volcar a la calle con un arma a jóvenes recién egresados de los institutos de formación, como el agente de la comisaría 31ª que provocó la tragedia de Palermo al balear por la espalda a un motociclista que no se detuvo en un control. Por otra parte, el desvío de la Gendarmería y la Prefectura Naval hacia tareas de policía urbana desconoce las características de esas fuerzas intermedias y genera un vacío en otras áreas, que puede tener nefastas consecuencias más adelante. Cuando en Brasil comenzó a discutirse el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad contra narcotraficantes y el crimen organizado, un alto jefe militar explicó que era necesario que cooperaran con las fuerzas policiales en esa tarea porque, a diferencia de la Argentina, Brasil no tiene fuerzas intermedias como la Gendarmería y la Prefectura Naval.
Digo que dije
Después del episodio de la comisaría, D'Elía estuvo dos veces en la Casa Rosada. El ministro del Interior Aníbal Fernández le dijo que el gobierno no avalaba sus actos y luego declaró la oposición oficial a todos los actos de vandalismo. El jefe de gabinete le pidió que cesara de acusar a Duhalde, con quien Alberto Fernández había mantenido una conversación telefónica de más de una hora, en la que ambos procuraron descomprimir la situación de enfrentamiento. Al salir de la segunda entrevista, D’Elía recibió a la prensa en la propia Casa Rosada. Se produjo este diálogo:
Periodista: Usted acusó al duhaldismo por el asesinato de Cisneros.
D’Elía: Dije que no teníamos pruebas y que tal vez nunca las tuviéramos. Pero ahora no estoy tan seguro de que no las vayamos a tener.
El fundamento era una orden de captura emitida hace tres años contra Juan Duarte por un delito cometido en Lomas de Zamora. La opinión es libre y la capacidad nacional para elaborar teorías conspirativas está más desarrollada que la economía, como se constata en las páginas de la Filosofía de la Conspiración, que acaba de publicar el flamante subdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González. “No es infrecuente escuchar a los practicantes de la política visible –los que hablan de ella, los que viven de ella, los que desfallecen por ella– decir que hay conspiraciones que albergan todo lo que es capaz de oponérseles. Es conspiración porque se opone en un sentido obscuro e insondable y se opone insondable y oscuramente porque es conspiración. ¿No cree Edipo que la estricta verdad que le entrega Creonte sobre su vida alberga un deseo siniestro sólo explicable en un alma intrigante? Las conspiraciones sobre lo que hacen los otros contra mí, aquello que se me dirige como obstáculo de un modo tenebroso, lo que abriga un sinfín de amenazas indetectables y me obliga a eximirme de describirlo. Precisamente porque son peligros que no declaran públicamente sus fines y que apenas pueden ser intuidos”, escribe González.
Gatica
El problema es que desde el Congreso de Parque Norte las opiniones de D'Elía son leídas como palabra oficial. Su insistencia en mencionar a Kirchner o a su gobierno cada tres frases no está enderezada a desmentir esa apreciación. “No han logrado romper nuestra relación con el presidente”, repitió ante cada micrófono la semana pasada. Tal vez haya sido su forma de homenaje a Perón, de cuya muerte se cumplieron 30 años. En su bellísima película Gatica, el mono, Leonardo Favio escenificó un diálogo que formaba parte de la mitología popular. Perón y Evita asisten a una pelea del boxeador. Gatica los saluda triunfal: “Cómo ruge la leonera, general. Dos potencias se saludan”, dice. A veces, la farsa se repite como farsa.
Por su parte, los transversales recibieron los consejos de un actor disfrazado de Perón, en una sesión de video organizada por el encargado de medios públicos Enrique Albistur, en la sala en la que produce sus espectáculos privados, y el Grupo Mausoleo puso sobre el terreno a sus mejores valores, como Antonio Cafiero y Manuel Quindimil. Las afirmaciones de Cafiero sobre Kirchner y los zurdos son simétricas a las de D’Elía sobre el duhaldismo. Más sibilino, el ex vicepresidente Carlos Rückauf le aconsejó a Duhalde que se mudara a Montevideo y cuidara de la seguridad de sus hijas. Duhalde también respondió con un feroz off the record en Clarín, según el cual “esto se está viniendo abajo” y “si la sociedad percibe que la nueva política que propone Néstor son sólo consignas setentistas y manifestaciones piqueteras, el peronismo corre el riesgo de perder las elecciones del año que viene”. Esta parece más bien una expresión de deseos. Por cierto no son D’Elía y su 0,75 por ciento de los votos bonaerenses las cartas que el gobierno piensa jugar en los comicios del año próximo en Buenos Aires. Como dice un funcionario con despacho en la Casa Rosada: “Se construye con lo que hay. El error sería darle un Fórmula 1 a un piloto de karting, porque te lo rompe todo”.
De vuelta a casa
Es imposible ignorar que los episodios de estos días son un paso en falso para Kirchner equivalente al que Duhalde dio al pugnar por mayores recursos para su retaguardia bonaerense. Cuando mañana reanude sus tareas en la Casa de Gobierno, Kirchner descubrirá que durante su ausencia retrocedió varios de los casilleros que había avanzado en su pugna con Duhalde y se frustró la buscada división de los piqueteros. Por lo pronto, al desfile de gobernadores que el mes pasado fueron a la Casa Rosada para respaldar a Kirchner en el conflicto con los bonaerenses, sucedió esta semana la declaración del Senado en solidaridad con Duhalde “en razón del agravio a su honor y trayectoria política, efectuado por dirigentes sociales a través de infundadas y difamantes imputaciones pretendiendo vincular con hechos de violencia a quien, lejos de ello, ha generado desde la presidencia de la Nación, las condiciones para preservar el sistema democrático y la convivencia pacífica de los argentinos”. Jorge Yoma, que redactó el texto, afirma que fue el mal menor para impedir una fractura del bloque, que además de condenar en forma más explícita a D’Elía, hubiera amenazado con frenar el pliego de Carmen Argibay para la Corte Suprema de Justicia y la ley de responsabilidad fiscal para el Fondo Monetario Internacional.
Sobre esos fenómenos intenta trabajar también la ex diputada Elisa Carrió, quien está en negociaciones con un sector radical para presentar listas conjuntas en las próximas elecciones en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y cuyo bloque de diputados acompañó a radicales y macristas en el pedido de interpelación a los ministros Beliz y Alberto Fernández, por la falta de acción ante los piqueteros, si bien con fundamentos propios que Eduardo Macaluse expresó así: “Los problemas que se han producido en nuestro país en los últimos días no obedecen a la esfera de la seguridad sino a la integración social, lo que esta Cámara debiera discutir con urgencia”. Remate de una semana de locos: la interpelación fue rechazada por el voto de las distintas facciones peronistas, con el duhaldismo a la cabeza.