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A principios de este año, un miembro del gabinete que conoce muy bien al Presidente solía explicar así las diferencias entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde: “Los dos son peronistas y los dos son pragmáticos. Pero Eduardo quiere tener a todos adentro y cerca, para controlarlos, aunque no estén del todo con él. Y Néstor, en cambio, cuando cree que alguien es enemigo-enemigo, quiere derrotarlo y que la derrota sea clara”.
Después de la crisis que terminó con la salida de Gustavo Beliz, ¿Kirchner cambió? ¿Está duhaldizado?
Los que afirman que sí, no importa si desde el elogio o la crítica, señalan que ahora hay en el Gobierno más funcionarios afines a Duhalde, como el secretario de Seguridad Alberto Iribarne. También marcan el fin de la guerra caliente de Kirchner contra el caudillo bonaerense y presumen que volverán los enjuagues con los jueces federales más cuestionados.
Los que niegan la duhaldización de Kirchner explican, desde el propio Gobierno, que se trata de momentos. En éste, dicen, la obsesión es la crisis de la deuda externa y la creación de organismos que no sean ya sólo de control sino que sirvan como testigos en el mercado. Es el caso de Enarsa, la nueva empresa nacional de energía. Pero niegan que el momento sea eterno y que la guerra caliente con Duhalde se convierta, de golpe, en paz y amor para siempre. Más bien imaginan un conflicto permanente de posiciones con más pelea real y menos discurso público.
Sea cual fuera la interpretación sobre el Gobierno, algo es seguro: además de la desocupación, que es, de lejos, el principal problema de la Argentina, muy por encima de la seguridad, la renovación de la Justicia sigue siendo parte de la agenda pública de los argentinos.
Un motivo es obvio: la renovación comenzó con los cambios en la Corte Suprema y hoy ya nadie habla de mayoría automática. Pero esos cambios no deberían incluir la sobrevivencia de Adolfo Vázquez, un miembro destacado de aquel quinteto que encabezaba Julio Nazareno.
Otro motivo de continuidad evidente de la preocupación por la Justicia es que el Consejo de la Magistratura no avanzó en el cambio de jueces federales en todo el país. Y está la cuestión de las vacantes, que son por lo menos cuatro en la Capital Federal.
Como lo probó el cambio en la Corte, en estos temas la iniciativa política manda. Y puede expresarse no sólo por los representantes oficiales en el Consejo de la Magistratura sino por una herramienta que hasta ahora no fue usada: una orden precisa y detallada del procurador Esteban Righi a sus fiscales, o a un grupo movedizo del Ministerio Público, para evitar que algunos jueces arrullen las causas más importantes. Si después igual siguen haciéndolo, será más fácil pedirles que hagan la siesta en casa.