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“La confesión es una prueba.” Así lo entendió Daniel Morín, jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), en un escrito que busca revertir el fallo de la Cámara Federal –al que calificó de “arbitrario”– que declaró la nulidad del procesamiento de los imputados en el caso de los sobornos en el Senado. En duros términos, Morín presentó un recurso ante la Cámara de Casación en el que solicitó la anulación de la resolución por la cual los ex senadores Emilio Cantarero y José Genoud, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes deben volver a ser investigados por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Además, pidió que sean apartados del caso los camaristas de la sala I que el mes pasado tomaron esa decisión porque utilizaron un “equivocado estándar probatorio que no es aplicable a esta etapa del proceso”. La confesión a la que se refiere es la de Mario Pontaquarto, quien afirmó haber sido el intermediario del pago de las coimas.
Consciente de que el Código establece la necesidad de que haya sentencia definitiva para poder acceder a la revisión de Casación, la OA argumentó que se puede sortear este obstáculo “cuando se advierte que en el caso existe gravedad institucional”. El fiscal Morín escribió que “el paradigmático caso de corrupción que se discute en esta causa, el soborno de un poder a otro, dio origen a un hecho político sin precedentes, capaz de conmover las bases mismas del sistema democrático”. Y recordó que el caso provocó la renuncia del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
“La resolución resulta a todas luces arbitraria porque pone en evidencia la voluntad del tribunal de ignorar los elementos de prueba incorporados al proceso a partir de la confesión de Mario Pontaquarto”, criticó Morín. En la misma línea se pronunció el fiscal Germán Moldes al apelar la decisión de los camaristas Horacio Vigliani y Martín Irurzun.
Esos jueces habían cuestionado los dichos del ex secretario parlamentario porque cobró para decidirse a pronunciarlos. “El hecho de haber cobrado para brindar su testimonio en la revista (TXT) no puede ser entendido en desmedro del valor de la confesión, máxime cuando Pontaquarto afirmó que el dinero era para la protección de su familia, lo que resulta absolutamente verosímil a la luz de la cantidad cobrada”, dice el escrito al que Página/12 tuvo acceso. El fiscal admite que una confesión debe ser confrontada con otros elementos. Pero es terminante al afirmar que “las pruebas arrimadas no han hecho más que confirmar la veracidad del testimonio de Pontaquarto”. Los camaristas no lo habían entendido así y ordenaron completar ciertas medidas, al tiempo que cuestionaron algunas pruebas. Para Morín, en cambio, no hay dudas de que el dinero salió de ese organismo. “Claro que no podrá hallarse un recibo firmado”, apuntó.