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El Senado prorrogó hasta el 24 de agosto del 2006 la vigencia de atribuciones parlamentarias delegadas en el Ejecutivo y contenidas en cerca de dos mil leyes sancionadas entre 1853 y 1994. Al cierre de esta edición, la nueva extensión del plazo, que originalmente la Constitución reformada en el ’94 había prefijado en cinco años, había ingresado a la Cámara de Diputados.
La urgencia tiene su explicación. El 24 de agosto vence la última prórroga votada por el Congreso. A partir de esa fecha las dos mil normas sancionadas antes de 1994 corren el riesgo de perder estatus jurídico. Con ello se complicaría el funcionamiento del Estado, ya que entre las normas cuyas facultades fueron delegadas están contempladas atribuciones sobre: el correo, bancos oficiales, cuestiones impositivas y aduaneras, entre otras.
La primera prórroga se votó en el año ‘99. La segunda fue en el 2002. La votada ayer fue la tercera. En 1998, Eduardo Menem reclamó mediante un proyecto legislativo que el mecanismo para el estudio de esas leyes que delegan facultades se hiciera a través de un digesto jurídico. La compilación todavía está en pañales. Por ello Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Yoma reclamaron que el plazo original se extienda hasta el año 2006.
La licitación para la realización de ese Digesto la ganó la Facultad de Derecho de la U.B.A. En el gobierno de Fernando de la Rúa, esa concesión fue suspendida. En parte eso explica la demora en la confección de la recopilación de las leyes cuyas facultades fueron delegadas.
El proyecto oficial había sido discutido anteayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora por Santa Cruz. Lo que parecía que sería un mero trámite disparó, sin embargo, un fuerte cruce entre Yoma, Kirchner y el senador porteño Rodolfo Terragno.
“Creo que el proyecto que tenemos en las bancas es inconstitucional, es innecesario a los fines prácticos invocados y, en definitiva, habla mal del Congreso”, señaló Terragno antes de adelantar que votaría en contra de la nueva prórroga. Antes de ello había sostenido que “es falso que pueda producirse un vacío legislativo dado que la Constitución establece, en su artículo 76, que ‘la caducidad de las facultades delegadas no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas’”.
La réplica no tardó en llegar. Primero le respondió Yoma y luego Kirchner. “De cualquiera hubiera esperado una oposición a este proyecto, menos del senador Terragno”, dijo el riojano recordando el paso del radical por la Jefatura de Gabinete de la Alianza UCR-Frepaso. Cincuenta fueron los senadores que dieron su respaldo a la norma. El socialista Rubén Giustiniani acompañó a Terragno en la negativa.