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El juicio político a Adolfo Vázquez, el último de los menemistas en ingresar a la Corte Suprema durante la década de los noventa, ha comenzado a desarrollarse. Anoche, al cierre de esta edición, la Cámara baja se aprestaba a respaldar el dictamen acusatorio que presentó la comisión parlamentaria que juzga la inconducta del supremo. “Vázquez estaba habituado a un sistema de impunidad, no suponía que iba a ser alcanzado por el control republicano”, aseguró el justicialista Ricardo Falú, uno de los encargados de justificar los 15 cargos que pesan sobre el magistrado.
El demorado caso Vázquez –el dictamen data de diciembre de 2003– costó para llegar al recinto. La resistencia menemista, acompañada por algunos justicialistas bonaerenses que aprovecharon la interna entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, provocó una última demora bajo el argumento de que se estaba “persiguiendo a un compañero peronista”. Ello obligó a que la conducción del bloque oficialista necesitara de una larga reunión –realizada el martes– para disuadir a los diputados que habían aceptado la tesis de la persecución. Recién allí el oficialismo se sintió seguro para poder sentarse en las bancas y avanzar en la aprobación del dictamen.
Así, poco después de las 20 –una vez que vieron el partido de la selección de fútbol en las olimpíadas de Atenas y aprobaron las cuestionadas licencias de las diputadas Graciela Ocaña (ver página 10) y Alejandra Oviedo–, los diputados comenzaron a debatir el caso Vázquez.
Falú, en su condición de presidente de la Comisión de Juicio Político, no perdió tiempo y rápidamente aseguró que Vázquez es un juez que deshonra el Poder Judicial. Se preocupó en demostrar que el cortesano jamás se ocupó en deslindar su responsabilidad. Todo lo contrario, dijo que se limitó a actuar como generalmente lo hacen los culpables al concentrarse solamente en descalificar a los que lo investigaban: “Nos calificó como una turba de diputados que íbamos a ejecutarlos políticamente en una clara persecución ideológica. Nunca se defendió de los cargos, simplemente dijo que todo era una obra de montoneros setentistas”, bramó el tucumano desde su banca.
Antes de ingresar al detalle de los casos por los que se acusa al cortesano, el diputado oficialista señaló que “a esta altura Vázquez es indefendible” y calificó su conducta como la de “un juez con atributos propios de monarca” que se movió con impunidad para legitimar, como sucedió en el caso Meller, “un procedimiento fraudulento y abdicar del control de constitucionalidad al que está obligado un juez de la Nación”. Falú se preocupó en demostrar la similitud que existe entre el caso de Eduardo Moliné O’Connor y el proceso que se le inicia a Vázquez. Destacó que además de enfrentar las mismas denuncias, los conjueces de la Corte Suprema ratificaron en junio pasado la decisión del Senado de destituir a Moliné y que había sido impugnada por el ex supremo tenista.
Fueron pocas las voces que se escucharon en defensa del acusado. Uno de ellos fue el cordobés representante de la UCeDé Mauricio Bossa, quien haciendo gala de su retórica plagada de citas y frases en latín, consideró como falsas las premisas de la que se valió la Comisión de Juicio Político para solicitar la acusación al juez. Señaló que hubo una invasión en la esfera judicial porque se opina sobre el contenido de la sentencia. Consideró que no hay argumentos sólidos para condenar y fue, por otra parte, el primero en traer al recinto el cuestionamiento de las designaciones de los nuevos jueces de la Corte. “Se está pretendiendo echar a Vázquez por menemista. Ahora bien, si se califica a los argentinos por su categoría de pensamiento, entonces estamos retornando al autoritarismo.”
La posición de Bossa no representaba el pensamiento del Interbloque Federal. Si bien lo acompañaba Unidad Federalista (el partido de Luis Patti), un importante sector de este grupo anunció su respaldo al dictamen acusatorio, que se expresó a través del demócrata mendocino Gabriel Llano.El legislador no abundó en detalles, simplemente dijo que Vázquez merece ser destituido por haber demostrado una “reiterada dirección de sus fallos de acuerdo a lo que marcaba la mayoría de la Corte de la década pasada. Era uno de los cinco, de los nueve miembros, que votaban a tono de las conveniencias y apetencias del gobierno de Menem”.
Similar fractura mostró el bloque que conduce el breve ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien luego de justificar su decisión de no apoyar el dictamen se enredó al buscar aclarar que al menos dos de sus colegas de bancada iban a votar favorablemente por la acusación.
El transversal Miguel Bonasso, presidente del bloque Convergencia, rechazó la calificación que hizo Vázquez de los miembros de la comisión acusadora a quienes comparó con Torquemada. El representante del Partido para la Revolución Democrática se preguntó quién es en realidad Torquemada. No esperó respuesta al sostener que fue “quien integró una Corte presidida por un ex comisario de La Rioja y que ahora pretende seguir ejerciendo el puesto a pesar de la fundamentación jurídica impecable que realizó la Comisión de Juicio Político. A este juez se le señalaron conductas concretas. Acá nadie habló de ideología excepto Vázquez cuando pretendió defenderse. Creo en realidad que tenemos sentado a Torquemada en la silla de los acusados”.
Cerca de la medianoche los diputados se aprestaban a votar el dictamen. El oficialismo daba por descontado que será aprobado y el caso deberá ser tomado por el Senado, que hará las veces de juez del proceso. Ahora bien, con la futura destitución de Vázquez se daría por finalizada la presencia menemista en la Corte pero no necesariamente la mayoría automática. Todavía resta saber qué actitud tomará el PJ con respecto al juez Antonio Boggiano, que supo firmar un dictamen similar por el que se acusó a Julio Nazareno, quien zafó del proceso al renunciar prematuramente.