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La interventora del PAMI, Graciela Ocaña, declaró ayer como testigo ante el juez federal Claudio Bonadío por el presunto ofrecimiento de coimas de la proveedora de prótesis cardíacas Angiocor SRL al dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía. En su testimonio, Ocaña contó que “le dio respaldo de la institución al piquetero para que presentara la denuncia ante la Justicia y así se hizo”, informaron fuentes judiciales. Hoy declarará el propio D’Elía, quien ayer volvió a contar entretelones de la filmación de la cámara oculta del programa Punto.doc y pidió que las imágenes sean aceptadas como prueba.
Hace una semana, Punto.doc difundió una cámara oculta en la que se veía al gerente de Angiocor, Horacio Pisano, y a dos personas vinculadas a él, Hugo Spaltro y José María Ferreira, ofreciéndole a D’Elía un soborno de 370 mil pesos por mes a cambio de que garantizara la continuidad del contrato de la UTE VAB –consorcio al que estuvo asociado Angiocor hasta el viernes pasado– con el PAMI por 45 millones de pesos anuales.
En su declaración ante Bonadío, Ocaña dio algunas precisiones sobre el funcionamiento del PAMI y respondió preguntas sobre la prestadora UTE VAB y sobre el sistema capitado de prestaciones (el pago a través de cápitas). Además, la interventora de la obra social contó que D’Elía la llamó por teléfono y le contó del intento de coima.
En el tribunal se está analizando si las imágenes de la cámara oculta pueden ser aceptadas como prueba. Cerca de Bonadío y del fiscal Jorge Rívolo descuentan que los abogados de Pisano impugnarán el video argumentando que en el caso existió la figura de “agente provocador”: en otras palabras, que D’Elía habría forzado a cometer un delito a sus interlocutores. El piquetero negó esa versión. Los delitos por los que podrían ser imputados el gerente y los representantes de Angiocor son tráfico de influencias, defraudación al Estado y cohecho activo. Son delitos excarcelables, con penas que van de uno a seis años de prisión.
Hasta ahora, el juez Bonadío tomó declaración testimonial a una productora del programa y a otro testigo presencial del momento en el que Pisano, Spaltro y Ferreira ofrecen una coima al líder de la FTV. Según D’Elía, esos tres empresarios ya habían intentado sobornar a Ocaña. Desde entonces la titular del PAMI se había negado a recibirlos.
Entretanto, la UTE VAB difundió ayer un comunicado informando que había excluido del consorcio a Angiocor. “VAB UTE adopta esta decisión en prueba de su compromiso con las pautas éticas y las premisas comerciales que gobiernan el accionar de esta unión”, advirtió. Sin embargo, a pesar de la separación de Angiocor, la UTE aclaró que “no convalida la existencia de los hechos presentados ni condena las conductas en ellos documentados”.