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La Corte Suprema rechazó ayer un recurso de queja de María Julia Alsogaray, que había cuestionado la figura de enriquecimiento ilícito por la que fue condenada a tres años de prisión. El fallo fue por unanimidad, pero como no resolvió el fondo de la cuestión dejó abierta la posibilidad para que la ex polifuncionaria vuelva a apelar al máximo tribunal. La defensora oficial de Alsogaray, Pamela Bisserier, había planteado la inconstitucionalidad, nulidad y prescripción del artículo 268 párrafo 2 del Código Penal. Ese artículo dispone que son los propios funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito quienes deben probar que no cometieron ese delito. Para Bisserier, eso implica invertir la carga de la prueba por lo que, en su opinión, sería inconstitucional. Sin embargo, la Corte no se expidió sobre este tema: recordó que el fallo que condenó a Alsogaray está apelado ante la Cámara de Casación por lo que antes de que el máximo tribunal se expida debe pronunciarse Casación. El rechazo de la Corte fue firmado por Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Elena Highton. Con esta acordada, la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 268 tendrá su capítulo en Casación para llegar, finalmente, a la Corte.