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Las detenciones de los ex gobernadores santiagueños Mercedes “Nina” Aragonés y Carlos Juárez llevaron ayer una bocanada de oxígeno a la intervención federal encabezada por Pablo Lanusse, que había entrado en crisis tras la decisión de la Corte Suprema de paralizar la reforma constitucional en la provincia. La avanzada judicial sobre el juarismo devolvió a prisión a Carlos Anauate, vinculado con el crimen de La Dársena, e incluyó una orden de captura contra otros 7 diputados. “Nosotros no somos los que hacemos las resoluciones, pero lo denunciamos a Juárez porque creemos que es responsable de muchas cosas. Y por lo tanto su arresto no nos es indiferente”, señaló a Página/12 el ministro de Justicia de la intervención, Luis Alén, blanqueando el cambio de clima que produjo la medida en esferas oficiales.
El matrimonio Juárez fue detenido anteanoche bajo los cargos de “coacción agravada, sedición y privación ilegítima de la libertad” del ex vicegobernador Darío Moreno. Al negarse a ser notificados de su nueva orden de arresto, ambos ex mandatarios provinciales evitaron ser trasladados a una dependencia policial, por lo que la Justicia de Santiago del Estero labró un acta para que cumplan con la prisión domiciliaria en su céntrica vivienda de Alvarado y Moreno, conocida en la provincia como La Rosadita.
La orden de detención fue librada por el juez en lo Criminal y Correccional de II Nominación, Hernán Antonio Tuppo. Unos treinta partidarios del matrimonio que fue por años el más poderoso de la provincia se movilizaron hacia la puerta de la residencia de los Juárez para impedir que éstos fueran trasladados y que se ejecutara el allanamiento dispuesto por el magistrado.
Los Juárez tienen el derecho a permanecer en su casa, ya que la ley permite el arresto domiciliario para las personas mayores de 70 años. Hay casos paradigmáticos en ese sentido, como los de los asesinos de la última dictadura militar Jorge Videla y Emilio Massera.
En declaraciones radiales, Francisco Cavalotti, uno de los defensores de Nina y Carlos, insistió en que sus defendidos son “inocentes” y que esta nueva causa abierta “responde a una conspiración” encabezada por Lanusse. Concretamente, la causa que estableció un nuevo arresto de los Juárez fue la misma que con anterioridad fijó la detención del ex jefe de la policía de Santiago del Estero, Francisco Torres, también acusado de “privación ilegítima de la libertad” del ex vicegobernador y presidente de la Legislatura provincial, Moreno.
La detención de Moreno se produjo en la ruta nacional 9, durante la gobernación de Nina Aragonés, tras la hipótesis de que en el doble crimen de La Dársena participaron sus hijos. Estaba dirigiéndose a Tucumán y fue obligado, primero, a retornar a Santiago del Estero por la policía caminera y, después, a dirimir.
Si bien en la intervención especularon con que las detenciones de los Juárez, a las que se sumó la de Carlos Anauate, estaban decididas desde mucho antes de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones de convencionales constituyentes –haciendo lugar a una medida planteada por el senador radical José Luis Zavalía–, consideraron que el momento en que se ejecutaron sirvió para revertir una sensación de impotencia y aliviar una crisis de gabinete, que terminó ayer con la renuncia del asesor y constitucionalista Daniel Sabsay.
“Imagínese. Con un fallo de la Corte en contra, sumado a los Juárez en libertad y recibiendo a Zavalía, hubiera sido imposible revertir entre la gente esa sensación de impotencia, de que acá no ha cambiado nada. Pero para nosotros es doblemente valorable el respaldo judicial y también el de la gente”, señaló a este diario una alta fuente de la intervención.
Efectivamente, la nutrida manifestación de apoyo a Lanusse (ver aparte) también fue otro factor que insufló ánimo al ex fiscal, quien anoche señaló: “El cambio de Santiago no se cayó. El cambio está más decidido que nunca. Ya se decidió un Santiago nuevo. Los que quisieron robar laesperanza no les van a robar el futuro, Santiago del Estero lo va a demostrar cuando voten a gobernador. Los que se oponen al cambio que sigan hablando, nosotros seguiremos haciendo”.
En ese sentido, en la intervención están evaluando un cronograma electoral, con la mira puesta en marzo del próximo año, y además se impulsó el juicio político al juez Angel Cruz Toledo, quien había ordenado la excarcelación de los Juárez en las múltiples denuncias contra los ex gobernadores (ver aparte).
Toledo –a quien los manifestantes escracharon su estudio y domicilio particular– es acusado de favorecer al grupo económico de Néstor Carlos Ick, la pata empresaria del juarismo. Según la Oficina Anticorrupción de Santiago del Estero, los Juárez y miembros del grupo Ick conformaron una asociación ilícita. Se trata de un delito que, de comprobarse, no es excarcelable.