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Los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras pidieron ayer que el juez Juan José Galeano y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy sean llamados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de varios delitos, empezando por los que surgen del pago ilegal de 400.000 dólares que se le hizo en forma clandestina a Carlos Telleldín para que acusara a un grupo de policías bonaerenses. Los fiscales sostienen que Anzorreguy incurrió en el delito de peculado, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, y que consiste en sustraer fondos del Estado, en este caso de la SIDE, y derivarlos a un privado, Carlos Telleldín. Galeano, no sólo queda acusado como instigador de esa maniobra –tiene la misma pena de dos a seis años-, sino que, según los fiscales, presionó a un abogado para que declarara en forma falsa, rompió dos declaraciones de un testigo que mencionaba la SIDE, cambió pruebas e hizo destruir varios videos.
Galeano afronta penas elevadas y si es convocado a indagatoria el juez tendrá que decidir si le dicta la prisión preventiva. Eso sólo puede ocurrir una vez que sea destituido como juez, un proceso que está corriendo en forma paralela.
Nisman es el fiscal especial del caso AMIA y Cearras, el fiscal que está a cargo de un expediente en el que se investigan las irregularidades de la investigación del atentado. Ambos le presentaron ayer el escrito al juez Claudio Bonadío, quien por ahora está a cargo de la causa.
El punto central es el pago a Telleldín. El propio Anzorreguy reconoció en el juicio oral que Galeano le pidió el dinero para pagarle al Enano, como le dicen a Telleldín, a cambio de una declaración en el expediente en la que acusó a cuatro policías bonaerenses de llevarse la Trafic que ocho días después estalló en la AMIA. El Tribunal Oral sostuvo que se trató del armado de una pista falsa al servicio de “gobernantes con oscuros intereses”. En el juicio, no sólo Anzorreguy reconoció el pago, sino que declararon en igual sentido el ex prosecretario de Galeano Claudio Lifchitz y todos los agentes de la SIDE que se llevaron la plata desde las oficinas de Anzorreguy, se trasladaron hasta los lugares de entrega y le hicieron efectivo a la esposa de Telleldín, Ana Boragni, los 400.000 dólares, en dos pagos. Toda esa operación se hizo en forma clandestina, o sea que no figura en el expediente AMIA, y Nisman y Cearras justamente mencionan que existía la posibilidad de pagar utilizando la recompensa, pero que se hizo a espaldas de todos: los acusados, las partes, los familiares de las víctimas.
Desde el punto de vista estrictamente legal, la maniobra de armado de la pista falsa motivó ya una resolución del Tribunal Oral que ordenó investigar a Galeano, pero para esa parte de la acusación hay que esperar a que el tribunal dé a conocer los fundamentos, el 29 de octubre a las 20. Uno de los rumores es que los jueces acusarán a Galeano, entre otras cosas, de privación ilegal de la libertad contra Telleldín y los policías, es decir, que todo el armado tuvo como consecuencia que esas personas falsamente acusadas estuvieran presas durante tanto tiempo. La pena por ese delito que corre por cuerda separada sería entre dos y seis años de prisión.
La causa que está en manos de Claudio Bonadío se puso en marcha mucho antes de conocerse el fallo del Tribunal Oral. Empezó hace tres años, a raíz de las denuncias de irregularidades que formuló el ex prosecretario Lifchitz. Con el transcurso del tiempo fue quedando probado que se cometieron distintas maniobras, entre ellas el pago a Telleldín. Nisman y Cearras avanzan esos aspectos ya probados.
El principal acusado por los fiscales –sólo en la causa Bonadío– es Anzorreguy, porque el dinero que se usó para pagarle a Telleldín estaba bajo su responsabilidad como titular de la SIDE. Nisman y Cearras sostienen que Anzorreguy sacó los fondos de la administración pública y no es que les dio un destino dentro del Estado, sino que los derivó hacia un particular, Telleldín. El delito se conoce como peculado. En esa trama, Galeano no tuvo –para los fiscales– un papel menor: llevó la voz cantante y fue el instigador.
Uno de los grandes misterios es cuál será la defensa de Galeano, quien hace diez años no habla públicamente. Hasta ahora el magistrado sólo ha dejado trascender un concepto a través de su abogado, Andrés D’Alessio: “El pago existió, pero no lo hizo Galeano”. La única explicación de esa defensa sería que va a hacer responsable del pago a la SIDE. La estrategia no sería fácil de implementar porque es públicamente conocido el video en el que el juez aparece negociando con Telleldín el intercambio de dinero por la declaración contra los policías.
En el escrito de Nisman y Cearras hay otras acusaciones graves:
- A Telleldín lo extorsionan en la Unidad Regional de Lanús, por entonces a cargo de Juan José Ribelli. El abogado de Telleldín, Gustavo Semorile, en verdad actúa como intermediario y hasta delata el lugar en el que se escondía el Enano. A cambio de su papel en la maniobra, los policías le entregan una moto Kawasaki que fue parte de lo que Telleldín tuvo que pagar en Lanús para que lo dejaran libre. Enterado de todo eso, Galeano –según los fiscales– amenaza a Semorile con acusarlo por extorsión, pero negocia con el abogado no hacerlo a cambio de una declaración judicial de Semorile contra los policías. El delito, dicen Nisman y Cearras, es instigación al falso testimonio agravado, por perjudicar a un acusado.
- Los fiscales también acusan a Galeano de haber ordenado la destrucción de dos declaraciones de un testigo, Luis Horacio Manzanares, quien asombrosamente aceptó firmar al mismo tiempo dos declaraciones que en un caso mencionaban un sector de la SIDE y en otro caso a la SIDE en general. Por la noche, el juez resolvió destruir ambas.
- Galeano filmó en video y en forma clandestina varios testimonios. Cuando saltó el escándalo al conocerse el primer video, le ordenó a un secretario que destruyera varias cintas.
Como se ve, la colección de delitos que los fiscales les atribuyen a Galeano y a Anzorreguy es grande, pero el proceso no será tan rápido. El juez Bonadío, a cargo de la causa, fue recusado por haber sido íntimo colaborador de Carlos Corach. Lo más probable es que la Cámara le haga lugar a la recusación y que deba designarse otro juez. Recién entonces, el flamante magistrado deberá decidir si convoca o no a Anzorreguy y a Galeano. Una vez que lo haga, también tendrá la posibilidad de decidir si el juez sigue en libertad, ya que los delitos son numerosos y podría decretar la prisión preventiva. Sin embargo, no se puede meter preso a un juez a menos que sea destituido. Ese proceso también está en marcha y Galeano debe defenderse ante el Consejo de la Magistratura el 21 de este mes. Ese día, la Comisión de Acusación del Consejo tendrá la palabra, puede suspender al magistrado y poner todo en manos del jury que resolverá si continúa o no siendo juez.
En el horizonte, lo más probable es que haya un juicio oral por las irregularidades en la investigación del caso AMIA. En esa instancia, más de uno terminaría entre rejas. Y no son pocos los que creen que la oleada terminará subiendo por la estructura de lo que fue el gobierno menemista.