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Cuando cuente con Enarsa, el Estado argentino no habrá renacionalizado el petróleo que privatizó siguiendo la tendencia contraria a Brasil, México, Bolivia y Venezuela, cuatro países que continúan dentro de la economía de mercado. Pero al cierre del debate parlamentario tendrá una herramienta para comenzar el juego en una obra que hoy tiene solo dos protagonistas fundamentales, Repsol y Petrobras. Fruto de una privatización refinadamente salvaje, el Estado carece hasta de las herramientas para acceder a información suficiente no ya para controlar sino para conocer a fondo el mercado de la energía y su estructura de costos.
En el mundo desarrollado, ésa es una preocupación de los países ricos. El último número de The Economist informa sobre una iniciativa de George Soros, el gobierno británico y el Fondo Monetario para que las economías petroleras abran sus libros. Los países ricos temen que los 300 mil millones de dólares anuales que generan las naciones exportadoras de petróleo se vuelvan una masa de dinero sin control. “Muy a menudo, las elites gobernantes usaron las ganancias del petróleo como si fueran fondos personales”, dice el semanario. Se pregunta si el mundo está a las puertas de otra crisis de petrodólares y al final se contesta que “al menos por el momento no”.
En la Argentina, la reivindicación de la transparencia y la información es, en cambio, un reclamo social. Los funcionarios del Gobierno argumentan que Enarsa no tiene solo vocación de testigo sino de empresa pública, con capitales privados pero control estatal en un 65 por ciento. Aseguran que el objetivo es obtener una parte de la renta petrolera hoy en exclusivas manos de los particulares.
La movida, sin embargo, es incomprensible y abstracta si no se tiene en cuenta otro elemento. En el proyecto de ley de régimen nacional de servicios públicos que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en agosto, el artículo 40 se refiere al régimen de hidrocarburos. Dice: “Queda excluida de la presente ley la producción de petróleo crudo y sus derivados, los que deberán ser objeto de una regulación específica en un plazo no mayor a 365 días corridos”. Una lectura simplota es que el petróleo quedó fuera de la regulación. Una interpretación más ajustada es que el Estado anuncia que de ninguna manera el negocio petrolero quedará a la deriva. O sea que, si la ley de servicios públicos se aprueba este año, en el 2005 la Argentina discutirá la regulación de un negocio que se privatizó sin pensar en el examen de los ciudadanos.
Por eso, el debate sobre Enarsa no se agota en la forma que tendrán las exploraciones off shore. Queda enlazado con la discusión sobre petróleo. Así como el conflicto con los bonistas signó al 2004, esa discusión marcará una dimensión concreta de la política en el 2005.