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Juan José Galeano logró que el Consejo de la Magistratura postergue por segunda vez su declaración sobre las irregularidades en el manejo de la causa AMIA. El juez debía presentarse ayer, en una audiencia que se perfilaba como la instancia inaugural de su juicio político, pero pidió que la suspendieran con el argumento de que no tuvo tiempo suficiente para ver y estudiar los cargos en su contra. Los consejeros le dieron un ultimátum para el 5 de noviembre. Si sigue sin hacer su descargo –en persona o por escrito– directamente harían un dictamen acusatorio. Para esa fecha ya se habrán conocido los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral 3, que condujo el juicio por el atentado y formuló imputaciones penales graves contra el magistrado.
En el Consejo, el organismo que promueve juicio político a los jueces, las primeras denuncias contra Galeano por su actuación en el expediente AMIA se remontan a 2001. En septiembre último fue citado por primera vez por la Comisión de Acusación bajo una modalidad que, por las pruebas reunidas, lo ubica como sospechoso. Tuvo dos oportunidades para dar explicaciones públicas: el 30 de ese mes y ayer. Entonces y ahora repitió que si no le dan más plazo no está garantizado su derecho de defensa. Al comienzo, además, recusó sin éxito a Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler, los consejeros que hicieron el informe preliminar que lo complica.
El nuevo pedido de prórroga que elevó Galeano –a través de sus abogados Andrés D’Alessio y Santiago Vismara– dice que dos de los expedientes “valorados” para citarlo no están a su “disposición para ser consultados”: la causa AMIA propiamente dicha y a la otra, desprendida de aquélla, conocida como la “pista carapintada”. También sostiene que recién hace seis días le dieron un CD con las declaraciones del juicio oral sobre el atentado. A Galeano le inquietan los relatos de testigos que lo acusan de haberlos coaccionado, un punto que forma parte de las imputaciones previstas por los consejeros, junto con el famoso pago de 400 mil dólares a Telleldín y el extravío de pruebas, entre otras cosas. “La lectura de esos archivos –se queja– equivaldría a 38.600 páginas.” También pide esperar a que se conozcan los fundamentos de la sentencia oral, que le depararán varias investigaciones penales.
Acusación recibió el planteo de Su Señoría a primera hora de ayer, por eso sus siete integrantes se sentaron a discutir sin vueltas si le daban otro respiro. Rápidamente acordaron concederle quince días, aunque con reparos y bajo la advertencia de que si la próxima vez no usa el derecho al descargo lo perderá y dictaminarán, posiblemente, en su contra.
“Es muy discutible que alegue que no puede leer los expedientes que él mismo instruyó, lo que podemos entender es que quiera ordenar su defensa. Si no le dábamos otra oportunidad iba a mostrarse como una víctima”, intentó equilibrar el consejero Luis Pereyra Duarte. Rodríguez, diputada del ARI, consideró que “de ninguna manera se viola el derecho de defensa”. “Todo lo que fue valorado para convocarlo está incluido en el expediente del Consejo”, aseguró. Para Szmukler tampoco se sostiene que Galeano pida esperar a que se conozcan las conclusiones completas del juicio oral, algo que ocurrirá el 29 de este mes. “Nuestra investigación no está basada en las actuaciones del Tribunal Oral, es previa”, señaló Szmukler.
En su presentación, Galeano les advertía a los consejeros que si le niegan “el tiempo y los medios adecuados (...) la violación constitucional será manifiesta”. “No está en mi voluntad evitar presentarme ante esta comisión, por el contrario, entiendo que ello será útil para que los señores consejeros puedan percibir que nada de irregular tuvo mi desempeño al frente de la causa AMIA”, aseguraba.
Más allá de las vueltas del tema, la nueva postergación despertó irritación. “Estoy indignada, por lo que hacen tanto Galeano como el Consejo que le da privilegios”, dijo Olga Degtiar, de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado, una de las organizaciones que impulsó el juicio político del juez. “La Justicia no funciona, nunca llega”, dijo. Como sea, el magistrado igual está en una encerrona. Tuvo que retirar la renuncia ante la negativa del Gobierno a aceptarla y, por ende, el juicio político es imparable. Que su declaración haya pasado para después de que se conozcan los detalles de la sentencia oral lo perjudica en tanto se sabrá con exactitud qué delitos y conductas se le atribuyen, en lo que el tribunal ya adelantó que evalúa como una trama jurídico-política de encubrimiento. La dilación sólo puede servirle para reforzar su estrategia de cargar las responsabilidades a la SIDE y políticos varios del gobierno de Carlos Menem. También le permitiría especular con que baje la temperatura del tema en la escena pública y con ella de algunos consejeros de corazón menemista o duhaldista. Por ahora, nada parece suficiente para salvarse del proceso de remoción.