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Un gabinete como tal no puede cometer contrabando o convertirse en una asociación ilícita. Pero sí algunos de sus miembros, incluso los más poderosos. Así lo entendió la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico al revocar ayer el sobreseimiento del ex presidente Carlos Menem, del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y de su segundo Carlos Sánchez en la causa por contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador. El hecho de que los nombres de Menem y Cavallo no aparezcan en las cuentas bancarias investigadas “no implica que no puedan encontrarse involucrados en los supuestos pagos o cobros realizados para facilitar las exportaciones cuestionadas”, precisaron los camaristas de la sala B, y le ordenaron al juez de la causa Julio Speroni que profundice la investigación sobre la denominada “ruta del dinero”. Además, subrayaron que continúa vigente la hipótesis sobre un enriquecimiento ilegal devenido de aquellas maniobras. La resolución complica la situación de Menem y la posibilidad de que vuelva a prisión se reactualiza.
Casi 15 meses insumió a los camaristas Marcos Gravibker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos el análisis de los 250 cuerpos del expediente. Pero prefirieron firmar los tres en consenso porque, aunque lo nieguen, no son pocas las presiones que siguen existiendo en torno del explosivo caso. Terminaron decidiendo no solicitar procesamiento alguno, ni tampoco el apartamiento del juez de la causa, Julio Speroni. Podrían haberlo hecho, pero se limitaron a responder el planteo de la Aduana, realizado durante la actual gestión por el abogado Juan Solari, del fiscal de Cámara Ramiro Rodríguez Bosch y de la fiscal Alicia Sustaita. Ellos sólo habían apelado los sobreseimientos sin ir más allá. “Tampoco podíamos hacer todo nosotros”, comentó a Página/12 una fuente judicial. Sin embargo, recordó que “con muchos menos elementos” Speroni mandó preso a Cavallo. Por lo tanto, las perspectivas de esta causa, que ya encerró a Menem durante seis meses en 2001, ensombrecen las horas del ex presidente en su autoexilio chileno. Sobre todo porque los camaristas abren el abanico de la presunta comisión de enriquecimiento y asociación ilícitos, además del contrabando agravado, figura no excarcelable.
El hecho de que Speroni siga a cargo del expediente jugaría a favor del riojano por el hecho de que este magistrado ha ignorado en forma reiterada las resoluciones de sus superiores de la Cámara. De todos modos, si da algún paso en falso los camaristas podrían decretar la nulidad de su actuación y sacarle el expediente. En la resolución a la que tuvo acceso Página/12, los camaristas le atribuyeron a Speroni una “incoherencia en su forma de proceder” y señalaron que no sólo incumplió directivas sino que “hizo propios” argumentos de Menem sin contrastarlos con ninguna medida de prueba.
“No es posible deslindar sin un debido sustento la responsabilidad del Presidente de la Nación y de los ministros con relación a la firma de los decretos, máxime cuando aquellos decretos se refieren a la venta de material bélico a países extranjeros, una cuestión de alta y delicada política de Estado”, escribieron los camaristas. Tras señalarle a Speroni que “la pesquisa no se encuentra agotada”, remarcaron que “ante la ausencia de elementos de convicción para descartar actualmente con certeza la comisión del delito de asociación ilícita, el sobreseimiento dictado con relación a este hecho con respecto a Carlos Saúl Menem resulta prematuro”.
En septiembre de 2002, Speroni había dictado una tercera falta de mérito de Menem, quien siempre negó su responsabilidad por el destino final de las 6500 toneladas de armamento, tanto en el caso de los envíos marítimos a Croacia, que violaron el bloqueo de Naciones Unidas, como en el de los vuelos a Ecuador, que estaba en guerra con Perú en un conflicto en el queArgentina era garante de la paz. La última falta de mérito de Menem data de septiembre de 2002, y como la fiscal Sustaita no apeló, Speroni dictó su total sobreseimiento. Ayer la Cámara se lo revocó.
La ruta del dinero sucio, a criterio de los camaristas, parece seguir siendo la asignatura pendiente de Speroni. Gravibker, Pizzatelli y Hornos llegaron a la conclusión de que hay un faltante de más de 40 millones de dólares: además de tratarse de una maniobra completamente ilícita, los intermediarios y los acusados se quedaron con la mitad de la ganancia de la venta en blanco y la totalidad de lo recaudado en negro durante la operación. “Es posible concluir, en principio, que la mercadería acondicionada en unos 80 contenedores no fue autorizada por los decretos, por lo tanto la venta de estos bienes no habría sido contabilizada oficialmente por el organismo estatal encargado de la exportación”, indicaron. Y en tal sentido afirmaron que “no se han dispuesto medidas conducentes a esclarecer cuáles importes se habrían percibido, quiénes lo habrían hecho y cuáles habrían sido los destinos de los fondos obtenidos”. Speroni ya cuenta con información sobre la cuenta del Banco de Montevideo, perteneciente a Debrol SA, que sería del presunto traficante Diego Palleros, en la que se depositaron más de 5 millones y medio de dólares el 28 de agosto de 1991. Y tiene los datos de varias transferencias pero no su destino real. La mayoría aparece como girada a la Dirección de Fabricaciones Militares. La sala B también ordenó indagar al financista Pedro Stier, de la compañía Exterbanca que opera en Uruguay y habría participado del circuito del dinero sucio. Y recordó que hay 36 cuentas bancarias bajo investigación en Suiza por su posible relación con esos fondos. Sólo por el material traficado mediante los decretos 1697/91 y 2283/91 los autores de la maniobra habrían percibido 44.771.216 dólares.
Acerca de la situación del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, los camaristas recordaron que, si bien habían establecido que “no podía descartarse el supuesto desconocimiento del nombrado en los hechos investigados, tampoco se advierte el estado de certeza negativo propio del sobreseimiento”. Los camaristas aclararon que no se ha incorporado ninguna prueba en su contra, pero destacaron como llamativo el hecho de que el ex funcionario no haya sido incluido en el listado de personas enviado a Uruguay para obtener el levantamiento del secreto bancario, y así rastrear la ruta del dinero. Y en relación a quien era su segundo en el Palacio de Hacienda, Carlos Sánchez, la sala B reiteró que la comisión Tripartita que integró fue la que autorizó la exportación del material bélico.