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El Consejo de la Magistratura, que selecciona e impulsa la remoción de jueces, protagoniza una paradoja: su comisión acusadora nunca promovió tantos juicios políticos como este año, pero en la mayoría rebotó como pelotitas en el frontón al llegar al plenario del cuerpo. El mecanismo de ese naufragio es siempre el mismo. Las investigaciones mueren frente a la resistencia que opone un bloque automático que integran magistrados y legisladores peronistas. Es un grupo que, aunque no siempre mayoritario, logra las proporciones necesarias para frenar enjuiciamientos a la vista. Así, por más hiperactividad oficial que haya para cubrir vacantes en tribunales con examen público, el círculo de la transformación y la depuración en el Poder Judicial nunca se cierra.
Hasta fines de 1998 la tarea de promover el enjuiciamiento de jueces estuvo a cargo de la Cámara de Diputados, que acusaba ante el Senado. El Congreso, desde entonces, sólo conservó la facultad de remover a los ministros de la Corte. La conducta de los magistrados inferiores quedó bajo la lupa del Consejo. Allí, según su gravedad, los casos son tratados por la Comisión de Disciplina, que puede indicar multas o sanciones, o por la de Acusación, que señala cuando hay razones para expulsar. Los dictámenes de una u otra no tienen efecto por sí solos, sino que deben pasar por un poderoso embudo: un plenario de veinte miembros.
Hay cuatro senadores y cuatro diputados (la mitad son del PJ, dos de la UCR, una banca es del ARI y la otra de Recrear), cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Preside el titular de la Corte, ahora Enrique Petracchi. Los consejeros pueden suspender preventivamente a un juez, pero el juicio político propiamente dicho se hace en otra parte, en el jurado de enjuiciamiento.
La eficiencia nunca fue una característica del Consejo, cosa que no parece sujeta tanto a las ganas de trabajar de sus integrantes como a la forma en que se conjugan en cada período los intereses de las corporaciones que representan. En el primer año del cuerpo, los tres pedidos de juicio político que salieron de Acusación pasaron invictos el plenario y llegaron al jury. A partir de entonces la actividad cayó en picada. En 2000, por ejemplo, la comisión no elevó ni un informe acusatorio. El escenario empezó a cambiar el año pasado, cuando se renovaron algunas bancas y tres jueces cuestionados en comisión llegaron al banquillo.
Cuando todo hacía pensar que 2004 sería el gran año de renovación en la Justicia, en el Consejo comenzó a consolidarse un mecanismo de barrera. La Comisión de Acusación ya elevó nueve dictámenes contra seis jueces, pero sólo uno llegó al jury. Le tocó a Rodolfo Herrera, escrachado por una cámara oculta de TV en un intento por acordar una licitación en la quiebra de Ferrocarril Oeste, cuya contundencia pocos consejeros se animaron a poner en duda. Es probable que también acabe en el jury el juez Juan José Galeano, porque su situación ya viene demasiado complicada por los delitos que le adjudicó el tribunal oral que juzgó el atentado a la AMIA.
El recuento de votos en las reuniones plenarias muestra que el Consejo tiene una especie de mayoría automática que, aunque a veces no se imponga por número, nuclea suficientes voluntades como para obstaculizar juicios políticos al impedir que se llegue a los dos tercios de los presentes. En ese grupo siempre se repiten los jueces y los legisladores del PJ. A veces, según los números, alguno se abstiene o, como en el expediente contra el juez Juan María Torino (cuestionado por una supuesta coima), acusan bajo aclaración de que es una persona que no está en condiciones psicológicas de soportar un jury.
El elenco incluye, con variaciones esporádicas, a los diputados Jorge Casanovas y Lelia Chaya y a los senadores Miguel Pichetto y Jorge Yoma. Los jueces son Bindo Caviglione Fraga, Victoria Pérez Tognola, Claudio Kiper y Abel Cornejo. De vez en cuando se les suman el delegado de Recrear en el Consejo, Ricardo Gómez Diez, y el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha.
“Yo no soy protector de jueces”, se defiende Yoma. “Para que haya una acusación tiene que haber elementos fuertes. No se puede culpar a un juez por una medida dudosa que tomó en una causa. El noventa por ciento de las denuncias que nos llegan provienen de particulares o abogados a los que les fue mal en un juicio y cuestionan al juez que les tocó. Es natural que los abogados del Consejo sean siempre los que acusan porque responden a los tipos que los votan en los colegios profesionales.”
Beinusz Szmukler, representante de los abogados, opone su teoría: “Hay una tendencia corporativa en la representación de los jueces, que por lo general son los primeros en impedir la acusación ante el jury cuando deberían ser los más interesados en que se reestableciera la confianza de la sociedad en el Poder Judicial. Ellos, a su vez, encuentran cada vez más coincidencia con los políticos, los peronistas, y con el consejero del Poder Ejecutivo”. Además, Szmukler cree que en el organismo reina una concepción equivocada del juicio político, que lo vuelve eterno. “Se lo trata como si fuera un juicio penal, con producción de pruebas a montones, algo que no es necesario”, analiza.
“Yo no creo dar respuestas corporativas”, dice el juez Cornejo. “Es simple: cuando no hay mérito para enjuiciar a alguien, se desestiman los cargos. Quizá se podrían aplicar sanciones. Tal vez habría que reunificar las comisiones de acusación y disciplina, además de discutir qué Justicia queremos, porque sobre eso nadie habla.”
En los hechos, es común que algunos expedientes que no son elevados al jury desemboquen en la Comisión de Disciplina. ¿Qué pasa allí? De las 1200 presentaciones recibidas en seis años de trabajo, hubo un promedio de una sanción por año. Entre los casos que Szmu-
kler califica como los más “escandalosos” que terminaron en absolución, señala tres legajos contra el juez federal de Chaco Carlos Skidelsky: uno por tramitar de manera sospechosa amparos contra el corralito originados en otras provincias y otros dos por asumir de manera irregular la competencia y favorecer con medidas cautelares a las empresas Aeropuertos Argentina 2000 y Correo Argentino, lo que habría causado un perjuicio millonario al Estado.
El diputado Juan Mínguez (UCR), titular de la Comisión de Acusación, agrega la pesquisa contra el juez penal económico Guillermo Tiscornia, que también terminó rechazada. “Existían pruebas fuertes de irregularidades en causas ligadas a la aduana paralela. Había dictado procesamientos por 36.846 contrabandos, de los que un tribunal oral sólo dio por probados catorce”, ejemplifica Mínguez. “Que no prosperen acusaciones graves es parte de las reglas del juego en un organismo pluralista, donde participan todos los sectores.”
“No creo que haya mala fe en quienes rechazan acusaciones, sólo que a veces no tienen tiempo de compenetrarse con la gravedad de las denuncias”, dice Chaya, diputada menemista proclive a integrar el bloque automático. “Pero, además, no acepto que las imputaciones se basen en cómo un juez tramita un amparo, porque es una medida provisoria. Por eso yo no quise acusar a Skidelsky”, justifica. Marcela Rodríguez, diputada del ARI y consejera, está convencida de que “hay una resistencia evidente de los jueces y el oficialismo del Consejo a aplicar sanciones o impulsar remociones. Los magistrados se protegen entre ellos, los políticos arrastran la costumbre de una relación de connivencia histórica con los jueces. El control ciudadano y la evaluación publica son fundamentales para poder revertir esto y mejorar la Justicia”.