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Por A. M.

La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó que se eleve a juicio una causa contra el ex ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa, Carlos Bastos, procesado por malversación de caudales públicos. La causa, abierta a partir de una denuncia de la OA en 2002, investiga el presunto desvío de una millonaria partida destinada a un plan de minería y es investigada por el juez Norberto Oyarbide.
Para la oficina que encabeza Daniel Morín, Bastos desvió algo más de un millón de dólares, destinados a la actividad minera, para cancelar una deuda de la Argentina con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). De esta forma, el ex funcionario cometió el delito de malversación de caudales públicos, pues utilizó el dinero para un fin distinto al previsto. “Resulta claro desde todo punto de vista que no podía otorgarse a esos fondos otro destino que el previsto. Es terminante en ese sentido el dictamen producido por la Sigen a pedido de esta oficina”, dice el escrito presentado por la OA.
Al confirmar el procesamiento de Bastos, la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que “contó con la posibilidad de obrar conforme lo exige la norma, y su explicación para justificar su inconsulta sobre este tema al departamento jurídico pertinente resulta poco creíble”. Su procesamiento, que incluyó un embargo de 850 mil pesos, fue dictado sin prisión preventiva porque Oyarbide consideró que “no hay indicios que permitan presumir que Bastos intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”.
Los investigadores habían decidido citar a Bastos a indagatoria tras recibir un informe de la Sindicatura General que advirtió que para desviar una partida asignada por un organismo internacional “era necesaria una ley”. Al ser indagado por el juez, Bastos negó haber cometido alguna irregularidad cuando desvió una partida de más de un millón de dólares y aseguró que era atribución de su ministerio cambiar el destino de ese dinero. Según la denuncia, el pago de la cuota atrasada en la Onudi abrió la puerta a la reelección como titular del organismo al argentino Carlos Magariños. El fiscal del caso, Carlos Stornelli, también imputó en la causa a Magariños, pero para Oyarbide no hubo elementos para imputar al ex funcionario del organismo internacional. En su momento, Magariños había realizado varias presentaciones en la pesquisa en las que aclaró que él era funcionario de Naciones Unidas y no tenía ningún tipo de injerencia en las decisiones que haya podido tomar el gobierno argentino.
Bastos, ingeniero, 53 años, cordobés, proviene de la Fundación Mediterránea, fue secretario de Energía entre 1992 y 1996 durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Llevó adelante las privatizaciones de Segba y Gas del Estado. Estuvo a cargo de EPEC (eléctrica de Córdoba) desde que asumió José Manuel de la Sota hasta mediados de 2000. Luego se incorporó a la norteamericana Enron hasta hace un mes. Tiene una consultora especializada en temas energéticos.