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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó la construcción de un “centro de exposiciones y eventos masivos. con un estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, galería comercial, paseo de compras, restaurante y confitería en el predio de la Sociedad Rural en Palermo. También permitirá que en una parte del terreno, que quedará separada del resto por la apertura de una prolongación de la calle Darragueira, se construyan locales comerciales y, si los propietarios lo desean, un hotel de turismo. El emprendimiento, ideado en la década pasada por el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, pasó ahora a manos de Francisco de Narváez, el financista chileno de la campaña presidencial de Carlos Menem, asociado en La Rural SA con Alejandro Shaw. Esta es la nueva denominación de Ogden Rural SA. Según los vecinos esto sobrecargará la infraestructura de la zona, que de acuerdo con las definiciones del Código de Planeamiento Urbano corresponde a una Urbanización Parque, cuyas instalaciones deben ser de uso público exclusivo y preservar los espacios abiertos. Por el contrario, el Gobierno de la Ciudad entiende que la edificación es necesaria para rehabilitar una parte tugurizada de Buenos Aires y mejorar sus condiciones de seguridad. También está en debate la legalidad de la autorización, que perfecciona uno de los grandes negocios privados a expensas del interés público de la década pasada.
En septiembre de 1999 este diario reveló que Ogden Rural había aportado cien mil dólares a la campaña del Frepaso, que lo reconoció, y el doble a la de la UCR, que guardó silencio. En julio de 2000, días antes de asumir su primer mandato, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra dijo ante una consulta de este diario que sin audiencia pública y doble lectura en la Legislatura de la Ciudad, no autorizaría la construcción propuesta por Ogden Rural en la sede ganadera. La construcción se paralizó y durante años un enorme pozo simbolizó el negocio fallido.
Pero ahora en su segundo mandato, Ibarra autorizó la continuación de las obras, siempre que no se construyan las salas de cine, y eludió el envío del tema a la Legislatura. Un alto funcionario porteño consultado para esta nota dijo con pedido de anonimato que no era necesaria la audiencia pública y la doble lectura legislativa porque no se trata de un cambio de zonificación. Según la interpretación oficial, el estadio, los restaurantes y las cocheras son “complementarios” del objeto central del centro de exposiciones y convenciones. Sólo se habría modificado la escala, debido a los cambios producidos entre el siglo XIX, cuando se fundó la Rural, y el siglo XXI. La fuente también dijo que Buenos Aires necesita un gran centro de convenciones competitivo con los de Sao Paulo y Río de Janeiro y el de Palermo es un emplazamiento ideal por la disponibilidad de transporte y su consiguiente accesibilidad. El negocio en ciernes, basado en el supuesto carácter altruista de la Sociedad Rural es tan atractivo que De Narváez aceptó hacerse cargo de un crédito caído del Banco de la Provincia de Buenos Aires por 109 millones de pesos y se comprometió a pagar a la mutual de los ganaderos 720.000 dólares anuales hasta 2025.

Tres meses después

Para llevar adelante la inversión, De Narváez abrió negociaciones con el grupo mexicano Corporación Internacional de Entretenimientos (CIE), organizador de shows musicales y propietario de radioemisoras, cuyo ex socio argentino, Daniel Grinbank, lo denunció ante la justicia por lavado de dinero. Ni el fiscal federal Eduardo Taiano ni el juez federal Claudio Bonadío consideraron probados esos cargos. La corporación mexicana posee ocho radios en la Capital, en infracción a las leyes que prohíben semejante concentración. Llegó a tener nueve, hasta que el Comfer la intimó a ajustarse a la ley de radiodifusión, cuyo artículo 43 sólo permite una AM y una FM por empresa en un mismo distrito. También está en infracción a la ley de bienes culturales que no consiente a una empresa extranjera una participación superior al 30 por ciento en un medio de comunicación. Hasta ahora sólo vendió la AM Del Plata, a Marcelo Tinelli, en 2,3 millones de dólares, y afirma que no hay ofertas por Splendid, Belgrano y América, por las cuales CIE pide entre 2,3 y 2,9 millones de dólares, según dijo para esta nota el interventor en el Comité, Julio Bárbaro. “Lo llamativo del mercado es que todos los bienes, como casas y autos, hayan vuelto a su valor pre-pesificación, y por las radios se esté pagando menos de la mitad de lo que costaron en dólares”, dice, sin esforzarse por deducir conclusiones.
La resolución del Gobierno de la Ciudad en favor de la construcción del centro de eventos masivos no fue comunicada a los legisladores y recién tres meses después de su firma se publicó en el Boletín Oficial, el 15 de septiembre. El Secretario de Infraestructura y Planeamiento, Roberto Feletti, respondió en una consulta para esta nota que ignoraba las razones de tal demora. “El convenio, firmado el 21 de julio, se publicó a los cinco días. Y hubo una conferencia de prensa, de la que participaron De Narváez, Miguens, Ibarra y yo. No es cierto que eludamos a la Legislatura. El 5 de noviembre yo participé de una sesión en la que di todas las explicaciones.” En la desactualizada página del Gobierno de la Ciudad en Internet es imposible encontrar constancias de esa audiencia. Feletti ofreció enviar la versión taquigráfica, pero al cierre de esta edición (tres semanas después de la sesión y cuatro días después del ofrecimiento) no hubo novedades. Según Feletti, el debate pendiente en Buenos Aires, debido a la insuficiencia de la oferta de tierras, es “si permitimos que avance la ciudad formal (con movimiento de gente, inversión privada y en consecuencia mayor seguridad) sobre la ciudad informal, empobrecida y deteriorada”.

Artificios

Ante la denuncia de un grupo de legisladores de distintos partidos, la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad Elena Liberatori declaró nula la resolución. Dijo que el Gobierno citó “en forma artificiosa” normas anteriores al Código de Planeamiento Urbano vigente “para concluir que no se están asignando nuevos destinos” al predio “cuando en realidad todo parece indicar que así sucede” y ordenó a Ibarra que entregara a los legisladores todos los expedientes relacionados con el predio. El Gobierno y la empresa apelaron la resolución, que paraliza las obras hasta que no se pronuncie la Cámara. Feletti anunció que promoverá el juicio político de Liberatori, porque recién después de declarar nula la resolución pidió el expediente administrativo y se refirió en forma agraviante a la conducta de los funcionarios. “Podría haber dicho que se requería el tratamiento legislativo, pero no anular la resolución. Los jueces no pueden judicializar actos administrativos”, dijo Feletti. Liberatori lo denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por “la lesión a la garantía funcional de la independencia de los jueces”. Según la jueza, el “desistimiento circunscrito a los cines lo fue en aras de obtener luego la autorización para el resto del emprendimiento comercial, acudiéndose a la argucia o astucia de ‘interpretar” que un paseo de compras, es decir locales comerciales, se compadecen con el uso principal de un Centro de Exposiciones, Congresos y Eventos”. Cuando realicen la Feria de Armas esos locales venderán armas de fuego, y en julio venderán vacas y semillas, ironizó.
Sugirió que la resolución del Gobierno, de apenas dos carillas, firmada el 18 de junio por el director de Planeamiento Interpretativo de la Ciudad, arquitecto Ignacio Lopatín, recurre “en forma artificiosa” a un dictamen de la Procuración de 1997, anterior al Código de Planeamiento Urbano sancionado en el 2000, “para concluir que no se están asignando nuevos destinos cuando en realidad todo parece indicar que así sucede”. Lopatín consideró “admisible” utilizar el predio como “centro de exposiciones y eventos masivos”, función que en carácter de “usos requeridos” permitía adosar “estacionamiento y espacio de carga y descarga” y como “usos complementarios” nada menos que una “galería comercial, paseo de compras, restaurante, confitería, café bar y servicios de administración”. En los considerandos, Lopatín destacó que la Rural “ha presentado un desistimiento expreso” a su intención de construir cines. Citó en su apoyo el dictamen 938/97 de la Procuración General de la Ciudad, según el cual las construcciones programadas “no implican asignar un nuevo destino a la parcela sino mantener uno anterior consolidado a través de los años tratándose de ampliaciones de instalaciones, las que cumplen con el fin del predio”. Entrevistado para esta nota, el propio Lopatín explicó que los lotes de la Rural que quedarán del otro lado de la calle Darragueira, entre Santa Fe y Juncal y entre Juncal y Beruti, se rezonificarán como distrito R2A1, en los que podrán construir incluso el hotel. El estadio “sería una especie de Luna Park, de 170 metros de largo por 60 de ancho”. Aseguró que “legalmente no hay ningún inconveniente. Para mí es una tontería que no se permita hacer los cines, le hubieran venido bien al barrio. Lo que dicen los Amigos del Lago no sé, no entiendo, ni me interesa. Para nosotros a la Ciudad le hace falta un centro de convenciones, como tantos otros en el mundo que se articulan con el negocio de las exposiciones”.

Transparencia

La jueza considera que la negociación fue realizada “fuera de los procedimientos establecidos” y “de los principios de transparencia en la gestión de la administración pública”. La referencia al “acceso a la información pública” aplicada a una decisión tomada a espaldas de la legislatura “fue una decoración jurídica para distraer el curso real de los hechos” y “parece casi una tomada de pelo a los ciudadanos”. Liberatori consideró “sugestivo” que una respuesta del Gobierno a los legisladores sólo haga referencia al convenio firmado con La Rural SA “cuando hacía tres meses que se había dictado la disposición”. La información a la legislatura “no fue completa ni veraz, ni adecuada ni oportuna” y la publicación tardía en el Boletín Oficial “fue un hecho visiblemente forzado por los apuros administrativos ocasionados por el ‘inoportuno’ pedido de informes de los legisladores”, concluyó. También hay una causa ante la justicia de instrucción criminal por las habilitaciones irregulares en la Ciudad y el crédito del Banco Provincia, otorgado en tiempo record durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El juez que la instruye, Ricardo Farías, citó a declarar como imputado al ex procurador Ernesto Marcer, por haber firmado el dictamen al que se remite Lopatín. Concluido su rutilante paso por la subsecretaría de Seguridad de la Nación, el fiscal de instrucción José María Campagnoli solicitó el 21 de octubre el procesamiento de “Lopatín. Sostuvo que las autoridades de la Ciudad han “reeditado las maniobras consumadas entre 1997 y 2001” aunque “Lopatín supera los actos de sus antecesores” ya que “enumera dictámenes y resoluciones cuyos autores han sido –por esas mismas intervenciones- llamados a indagatoria”. En una tercera causa, que luego pasó a la justicia federal, Campagnoli responsabilizó a Menem, Cavallo y otro medio centenar de funcionarios nacionales, de la Ciudad, de la Rural y también del Banco Provincia por la venta fraudulenta del predio y al ex jefe de Gobierno porteño Fernando de la Rúa por “la segunda parte del fraude”. El fiscal Carlos Stornelli no la ha impulsado con el mismo entusiasmo que puso en otros expedientes que hicieron su notoriedad pública. El juez a cargo es Sergio Torres.

Zona de riesgo

El propio boleto de compra-venta firmado en 1991 reconocía que las construcciones planeadas contradecían lo establecido para las zonas parque por el Código de Planeamiento y decía que la Sociedad Rural “podrá solicitar” al Gobierno municipal la rezonificación del predio “necesaria a efectos de permitir la realización del proyecto”. El Gobierno niega que se haya modificado la zonificación, pero la Sociedad Rural sostiene lo contrario ante sus socios. De ese modo intenta justificar el acuerdo con De Narváez, quien en operaciones sucesivas compró el 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural que pertenecían a Ogden Argentina y la otra mitad, que estaba en manos de La Rural de Palermo SA, una sociedad con fines de lucro formada por la Sociedad Rural para explotar el emprendimiento. A mediados del 2001 el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, anunció que había logrado consensuar con el Gobierno y la legislatura el cambio de zonificación: de Distrito Urbanización Parque (UP), que significa “área de espacios verdes y parquización de uso público”, a Distrito E4 Equipamiento Especial, lo que autorizaría a realizar “construcciones complementarias” al uso principal. “Ya desistimos de los cines, sabemos que perdimos”, dijo Crotto, y anunció la apertura de dos nuevas cuadras en la prolongación de la calle Darragueira, con restaurantes, bares, cafés, galerías comerciales y un hotel cinco estrellas conectado con la Rural por un puente aéreo. “Sería un paseo fenomenal, como Las Cañitas. Tenemos mil propuestas de empresas dispuestas a invertir en un hotel”, anunció.
Una presentación del abogado Pedro Kesselman en representación de la Comisión de Vecinos de Plaza Italia, que alertó sobre “los emprendimiento comerciales prohibidos pasando por alto la venta ilegal de una parte del parque Tres de Febrero”, disolvió el flaco consenso entre los legisladores y obligó a postergar una vez más el negocio.

La sombra de la nulidad

Durante la asamblea de socios de la Sociedad Rural del 30 de abril de este año, su vicepresidente Hugo Luis Biolcati explicó que debido a la cesión accionaria a De Narváez la SRA se desentendería de su parte en la deuda con el Banco Provincia (54,5 millones de pesos) y de la mitad del usufructo del predio hasta el 2025. Además De Narváez ofreció pagos de 720.000 dólares anuales hasta ese mismo año, más el 20 por ciento de las utilidades de la Exposición Rural cada año y el adelanto de los 4,2 millones que la SRA aún le debe al Estado por la compra fraudulenta del predio, a devolver en doce años. En esa asamblea el tesorero Miguel Crotto dijo a los socios que la condición del Banco de la provincia de Buenos Aires para refinanciar el crédito (109 millones de pesos a pagar en diez años a partir de mayo del 2006) era que se realizaran inversiones por 20 millones de pesos en los siguientes cuatro años. El ingeniero Daniel Pelegrina, director de Ogden Rural y de La Rural de Palermo (con fines de lucro), también explicó a los socios de la Rural (sin fines de lucro) el convenio negociado con el Gobierno de la Ciudad, que aún no tenía firma. “Los lotes que quedarán entre Darragueira y Oro tienen total disponibilidad, son de propiedad de la Sociedad Rural Argentina, se anexan a las manzanas correspondientes, lo que les cambia la zonificación y permite construcciones que los valoran enormemente”, dijo. “Para esto hemos renunciado expresamente a la construcción de los cines, por lo que se termina la controversia y se cierra el expediente.”
La importancia radica en que “hay un informe de la Procuración de la Ciudad que indica que, habiéndose cerrado este expediente, para cualquier tramitación es suficiente la firma del intendente (sic)”, concluyó. Un socio mencionó el dictamen de Campagnoli y lamentó que “tendremos siempre la sombra de una posible nulidad”, dado que la Constitución prohíbe vender bienes públicos sin autorización del Congreso. “Ese tema no hace al orden del día”, lo cortó el presidente de la SRA, Luciano Miguens. El ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió. “No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”, le respondió Miguens. Los socios, desorientados, aplaudieron a ambos.

El crimen paga

El 5 de julio el diario patronal Ambito Financiero informó que De Narváez había “sellado” en México un acuerdo con la empresa CIE para invertir 1,1 millón de dólares “en un espacio para 4.500 espectadores” en el Pabellón Ocre y que estaban “a punto de cerrar” una asociación para construir un miniestadio cubierto para 12.000 espectadores con 1.000 nuevas cocheras que insumiría una inversión cercana a los 12 millones de dólares. La Legislatura requirió informes al Gobierno. El convenio se firmó el 21 de julio. De Narváez rediseñará veredas y jardines sobre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y obtendrá la explotación de las dos flamantes cuadras en la prolongación de la calle Darragueira, para construir bares, restaurantes y comercios en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Ocho legisladores porteños promovieron una medida cautelar para frenar el convenio. Recordaron que el predio está zonificado como Urbanización Parque, lo cual obliga a preservar las áreas descubiertas y que “bajo ningún concepto” los usos que se ceden a De Narváez son “obras de exclusiva utilización pública” como exige esa zonificación. Destacaron que la construcción de un centro masivo aumentaría la afluencia de público a una zona que ya soporta una gran congestión de tránsito y que “tampoco se ha consultado la opinión de los habitantes de las áreas involucradas”. Eludir a la Legislatura implica una “modificación de facto del Código de Planeamiento Urbano”. El alto funcionario que aceptó explicar la posición oficial se abstuvo de comentar sobre el mensaje que implica para la sociedad que un bien público enajenado a precio vil con el pretexto de un uso sin fines de lucro se convierta en un gran negocio inmobiliario, sin competencia, licitación ni control legislativo.
(Informe: Diego Martínez.)