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Un alarmante informe sobre la Argentina dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. El trabajo, de más de 300 páginas, releva los problemas ambientales que afectan al país: anuncia la probable pérdida de la mitad de los bosques nativos en los próximos años, a causa de la extensión de la frontera agrícola, con explotaciones basadas principalmente en los cultivos de soja. Estos, además, “si bien pueden generar rendimientos en los primeros años, producen deterioros, a veces irreversibles, en las propiedades de los suelos”. El informe señala también la pérdida en la diversidad de la fauna autóctona, cuya consecuencia es la expansión de especies que transmiten enfermedades, y advierte sobre la contaminación de las aguas, no sólo en los ríos sino también en los grandes acuíferos subterráneos de la provincia de Buenos Aires. Sólo el 42 por ciento de la población cuenta con desagües cloacales, las aguas de los pozos ciegos contaminan las napas y como resultado se registran enfermedades como las hepatitis y la fiebre tifoidea. El documento examina escenarios posibles a futuro y sostiene que “la ideología neoliberal no es compatible con las tareas de regulación que implica la puesta en marcha de una política ambiental”.
El informe, denominado “Geo Argentina 2004”, fue redactado por un equipo de especialistas y está suscripto por Atilio Sabino, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se efectuó a partir de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Empieza con un desarrollo histórico de las cuestiones ambientales en la Argentina (ver recuadro), que culmina en la última década del siglo XX, cuando se hizo evidente que “la ideología neoliberal no es compatible con las tareas de regulación que implica la puesta en marcha de una política ambiental estricta”.
De esa década, el informe señala “dos hechos sustantivos en relación con los recursos naturales”. El primero se refiere a la pesca marítima, para la cual “la apertura de la Argentina a la economía mundial en los ‘90, la desregulación y la estabilidad económica atrajeron inversiones externas sin un marco interno claro y estable. La sobrecapitalización del sector y la modernización de los puertos operaron sin consideración alguna de la sustentabilidad del recurso, lo cual dio lugar a una sobreexplotación”.
El segundo descalabro que empezó en los ‘90, y continúa, “es la adopción de un nuevo modelo de producción agrícola”, consistente en “un vuelco masivo a la producción de soja transgénica, en muchos casos en detrimento de los bosques nativos o de los cultivos tradicionales, facilitado a su vez por el incremento de las precipitaciones (consecuencia del cambio climático global) que extiende hacia el oeste la factibilidad” de este cultivo. “La Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal”, según señala el informe al advertir que, si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos, “tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas”, con lo cual “en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.
En rigor, se trata de la agudización crítica de un problema de larga data y “aún hoy, muchas constituciones provinciales promueven el desarrollo agropecuario a través de incentivos para avanzar sobre los bosques”. Y, a nivel nacional, “no existe un mecanismo eficaz tendiente a premiar el desarrollo de prácticas de manejo sustentable en bosques nativos”.
El informe observa que “aunque la adaptabilidad de los cultivos modificados genéticamente puede producir rendimientos satisfactorios en los primeros años, las propiedades morfológicas, físicas y químicas de los suelos sufren deterioros, a veces irreversibles”.
Más en detalle, “los cultivos de granos, que eran propios de la región pampeana central, se expandieron hacia las zonas aledañas y a regiones del nordeste y noroeste del país”. Esta “expansión de la frontera agropecuaria” se verificó “sobre tierras con riesgo climático, elevadatasa de mineralización y susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica”. Tales tierras “tienen costos atractivos para los inversores” pero “se observa claramente su vulnerabilidad y su escasa rentabilidad en el tiempo”. Además, “es notorio el incremento en el uso de agroquímicos”: el empleo de fertilizantes se triplicó en 10 años, entre 1991 y 2001, y el de herbicidas se cuadruplicó en el mismo período.
Así las cosas, a la fauna autóctona no le está yendo bien. “Se reduce la diversidad de especies animales”, en relación con el mencionado avance de la frontera agropecuaria, más la sobreexplotación forestal, más “obras hidroeléctricas como Yacyretá y Urugua-í, que han provocado no sólo alteraciones climáticas e hidrológicas sino también la desaparición de amplias porciones de selva”. También afectan a nuestros animalitos factores como “la contaminación con agroquímicos y pesticidas, la introducción de especies exóticas, la transmisión de enfermedades por el ganado doméstico y la explotación minera”.
El equilibrio entre esos animales preservaba la salud de la gente: “La reducción de la biodiversidad faunística produce impacto en los ecosistemas”, permitiendo la proliferación de “reservorios o transmisores de zoonosis o enfermedades graves como Chagas, tuberculosis, lepra, mal de los rastrojos, mal de las represas, entre otras”. Y “existen acciones humanas que potencian estos transmisores, como la construcción de grandes represas con reservorios acuáticos y de silos de almacenamiento de alimentos”.
Si así están las tierras y sus animales, ¿cómo están las aguas dulces argentinas? “El principal problema proviene de los procesos de contaminación a que están sometidas sus fuentes –contesta el informe GEO–, y precisa que “la principal fuente de contaminación de las aguas es de origen industrial”, especialmente “en el tramo litoral de casi 400 kilómetros que va desde la ciudad de Rosario a la ciudad de La Plata”. Pero también los ríos se contaminan “por productos usados en agricultura, como herbicidas, fungicidas y fertilizantes”.
En esas aguas, ningún pez puede ser feliz, y el informe documenta “la desaparición o reducción de especies de alto valor como el dorado, el surubí y el pacú” por causa de “la contaminación, básicamente de origen industrial”. Esa contaminación, además, “representa cierto nivel de riesgo para el consumo de los peces por la población. Una de las áreas más afectadas es el ‘arco Rosario-Magdalena’ que involucra a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”.
Y, si algún pez intentara guarecerse en el agua que circula bajo tierra, le sería inútil porque “la utilización para riego de los acuíferos Puelche y Pampeano generó importantes niveles de contaminación en este recurso subterráneo”.
Si así anda el Puelche, ni qué hablar del Riachuelo: “En la cuenca Matanza-Riachuelo se ha detectado alrededor de 3000 focos de probable contaminación, de los cuales la mayor parte son industrias”. Es que “si bien la mayoría de las industrias del Gran Buenos Aires cuenta con instalaciones de tratamiento, sólo el 15 por ciento cumple con las regulaciones y normativas sobre descarga”.
Y además la inundación: “Numerosas ciudades del litoral de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay se hallan sometidas a procesos recurrentes de inundación”, vinculados “con el incremento de las precipitaciones, en especial de tipo tormentoso, motivadas por el proceso de cambio climático” pero también con “la obsolescencia, insuficiencia y escaso mantenimiento de la red de desagües pluviales”, la “alta modificación del drenaje natural de las cuencas”, “la alta impermeabilización del suelo urbano” y “el relleno y ocupación de franjas costeras”.
Así las cosas en los campos y los ríos, ¿será mejor en la ciudad? “La gestión urbanística de nuestras ciudades sufrió recientemente dificultades derivadas de la casi inexistente planificación de mediano y largo plazo y del recorte de las funciones estatales.” El informe observa que las normasurbanas terminaron por aplicarse sólo a la clase media: “El mercado solía eludir o manipular el control normativo en la producción de hábitat para los sectores socio-económicos altos, en tanto los sectores bajos no podían cumplimentarlo por su incapacidad económica”. El resultado fue “la baja calidad ambiental de grandes sectores urbanos”, la “carencia de espacios verdes” y “la inexistencia o mínima provisión de servicios”.
El documento oficial reconoce que “para grandes sectores de la población, la demanda insatisfecha de desagües cloacales y agua potable obliga a la coexistencia de pozos ciegos y perforaciones domiciliarias: las napas de las que se nutren estas perforaciones son contaminadas por los propios efluentes cloacales”. Y señala el “volcamiento sin tratamiento previo de aguas” como un “problema generalizado en las ciudades argentinas”. Sólo el 42,5 por ciento de la población cuenta con desagües cloacales y sólo un 78,4 por ciento tiene agua de red. El resultado son enfermedades, de las cuales “las más habituales son las hepatitis virales, la diarrea aguda, la fiebre tifoidea y paratifoidea”. El informe solicita “asumir que los servicios de saneamiento deben estar al alcance de toda la población, independientemente de su capacidad de pago”.
En el otro costado de la brecha social, “es alarmante en los últimos tiempos el desarrollo urbanístico de barrios cerrados en plena pampa húmeda, sin ninguna evaluación de las consecuencias en el largo plazo”.