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La Corte Suprema de Justicia chilena resolvió pedir a la Argentina la extradición de Sergio Galvarino Apablaza, el ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán. Con esta decisión la Justicia chilena dio luz verde al inicio del trámite de extradición del detenido, quien fue arrestado el 29 de noviembre en la localidad de Moreno por miembros de Interpol y de la Policía Federal.
La captura de Galvarino Apablaza había sido pedida por el juez chileno Hugo Dolmestch, quien investiga el asesinato del senador Guzmán, ocurrido en 1991, y el secuestro del hijo del empresario periodístico Cristián Edwards. El magistrado ya había procesado a Galvarino Apablaza por su supuesta responsabilidad en ambos delitos.
El viernes el máximo tribunal chileno remitió a la Justicia argentina un informe sobre la situación judicial del detenido, y ahora deberá esperar que el juez federal Claudio Bonadío responda ese exhorto para iniciar el proceso de traslado a Chile.
El abogado de la familia del senador Guzmán, Luis Hermosilla, señaló que “no hay ningún argumento que la autoridad argentina pueda esgrimir para no enviar a Apablaza a Chile. Aquí no se está haciendo un juzgamiento ni al Frente Manuel Rodríguez, ni a las conductas de Apablaza durante el gobierno de Pinochet”.
Galvarino Apablaza, que militó en las Juventudes Comunistas y estudió química, fue detenido y torturado en 1974 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, tras lo cual quedó en libertad y se fue a vivir a Cuba. Allí alcanzó el rango de comandante tras egresar de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y luego luchó con la guerrilla sandinista en contra de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua.
Desde Cuba se convirtió en uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que ejecutó algunas acciones armadas contra la dictadura de Pinochet y virtualmente desapareció tras la recuperación de la democracia.
Al momento de su detención, Galvarino Apablaza vivía en la Argentina junto a su esposa y sus tres hijos y se dedicaba al comercio con el nombre de Héctor Mondaca. Sus abogados defensores han pedido el asilo político del ex frentista. El pedido de extradición de la Corte Suprema chilena fue aprobado por la unanimidad de sus miembros y está en línea con la voluntad del gobierno trasandino.