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Aníbal Ibarra volvió a hablar de “responsabilidades colectivas”, pero no dudó en cargar contra Omar Chabán como el principal responsable de la tragedia en el boliche de Once. “Mandó a la muerte a casi 200 personas para ahorrarse el dinero de un sistema acústico ignífugo y además estaban las puertas de emergencia cerradas”, dijo el jefe de Gobierno porteño sobre el dueño de República Cromañón. En conferencia de prensa, Ibarra anunció la implementación de los programas de asistencia a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
El jefe de Gobierno también ratificó que los locales bailables permanecerán cerrados por quince días y hasta que no cuenten con un nuevo certificado de prevención de incendios extendido por la Superintendencia de Bomberos, además de la obligatoriedad de un seguro que sumará el “control del ámbito privado”. Estas medidas “no se negociarán” con los empresarios del sector, con quienes comenzará una ronda de consultas a partir de hoy. El jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Raúl Fernández, se hará cargo interinamente de la Dirección de Seguridad y Justicia, de la que dependen los controles.
Ibarra tomó la iniciativa para insistir en el tema de las “responsabilidades colectivas” y aseguró haber recibido el apoyo del gobierno nacional para aplicar las medidas que acababa de anunciar. Inmediatamente hizo público la nueva responsabilidad que asumirá su jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y dijo que comprendía el dolor de los familiares que reclamaron frente a la sede del gobierno porteño.
Pero ante la insistencia de los periodistas sobre el “nivel de responsabilidades”, Ibarra arremetió contra Omar Chabán y tomó distancia de las fallidas inspecciones. “Los controles para la prevención de los incendios en todos estos locales lo otorga la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Los bomberos habían extendido el certificado en noviembre de 2003, que vale por un año de acuerdo a la ley. Sucede que este empresario en forma criminal no sólo cerró la puerta el día del incendio, con lo cual generó una mayor tragedia, se podía haber evitado muchas muertes, personas que hoy estarían vivas: además generó un cambio en las condiciones del local cuando tenía ese certificado, poniendo un sistema acústico de sonorización que no era ignífugo. De haber hecho lo que debía hacer, tenía que pagar 120 mil pesos. No quiso pagar esos 120 mil pesos y por eso mandó a la muerte a casi 200 personas para ahorrarse ese dinero”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ibarra ya había anunciado la implementación, a partir de hoy, de programas de asistencia a los familiares de cada una de las víctimas de la tragedia y a los sobrevivientes. “Entendemos que la postragedia, tanto para los sobrevivientes como para los familiares de las víctimas, es un momento de muchísimo dolor que debe ser atendido en forma interdisciplinaria desde lo psicológico, lo social y lo jurídico”, argumentó Ibarra rodeado de casi todo su gabinete, con el que había discutido previamente la puesta en marcha de las medidas.
También ratificó que durante quince días estarán suspendidas las actividades en los locales bailables, que no podrán reiniciar su explotación hasta que no cuenten con un nuevo certificado en materia de prevención de incendios expedido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. “No importa –afirmó Ibarra– que ese certificado tenga tres meses, cuatro meses o esté dentro del plazo establecido legalmente. A partir de ahora ninguno de esos certificados continúa vigente y todos tendrán que tener certificados del año 2005.” Los controles del Gobierno de la Ciudad se extremarán cada tres meses para verificar si existieron modificaciones que violen la nueva normativa legal.
La imposición se complementará con la obligatoriedad, para todos estos locales bailables, de un seguro de responsabilidad civil. Una medida que según el jefe de Gobierno garantizará un doble control con la participación del sector privado. Además, deberán exhibir públicamente un plan de evacuación del lugar en caso de emergencia y la capacidad de suhabilitación, que se hará extensiva a la publicidad de cualquier evento que organicen. Tampoco habrá posibilidad de que los locales bailables puedan organizar recitales. “Se harán únicamente en lugares especiales o lugares al aire libre”, aseguró el jefe de Gobierno.
“Estas medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad no se negocian”, afirmó enérgico Ibarra ante la consulta de si las mismas estaban sujetas a las conversaciones que iniciará con los empresarios del sector. “Con ellos conversaremos y escucharemos otras iniciativas, pero éstas no se modifican”, insistió Ibarra, que contará con “el apoyo de la Policía Federal para hacerlas cumplir estrictamente”.