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Por L. V.

El 13 de enero la fábrica Gatic de Pigüé fue expropiada en favor de una cooperativa obrera. Al día siguiente los trabajadores ingresaron al lugar y uno de los ex inversores de la planta, Guillermo Gotelli, los denunció por usurpación. La policía entró a la planta, donde todavía permanece. La cooperativa no puede así comenzar a producir.
La fábrica tiene las persianas bajas desde septiembre del 2003. En el momento del cierre daba empleo a doscientas ochenta y cinco personas, que de un día para el otro quedaron en una situación irreal: sin que les llegara el telegrama de despido, dejaron de cobrar sus sueldos y no tuvieron más noticias de los empresarios.
La firma había acumulado deudas por 670 millones de pesos, el 70 por ciento con bancos oficiales, la AFIP y sus empleados. Por esto, una vez que los trabajadores se organizaron, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) planteó que la empresa era en los hechos del Estado y solicitó su expropiación.
Siguió una fuerte pulseada con Gotelli para quedarse con la planta. El grupo inversor llegó a anunciar un principio de acuerdo con el gobernador Felipe Solá por el que pondría las instalaciones en funcionamiento, pero no consiguió concretar su objetivo.
En el medio de la pelea hubo una denuncia de usurpación contra los trabajadores que habían tomado la planta y un desalojo. La Justicia procesó por esos cargos a un grupo de ellos pero lo absolvió después. Finalmente, la cooperativa consiguió la expropiación. Sin embargo, al volver a entrar recibieron una segunda denuncia como usurpadores.
Uno de los motivos que dio sustento a la denuncia es que el mismo día en que la Legislatura bonaerense aprobó la expropiación, el juez a cargo de la quiebra de Gatic adjudicó la fábrica al grupo Gotelli. La ley de expropiación aún no fue publicada en el Boletín Oficial, lo que suma una complicación al tema.
Francisco Martínez, trabajador de Gatic, dijo a Página/12 que los integrantes de la cooperativa se presentaron en la comisaría e hicieron una exposición en la que manifestaron que no se oponen a que una custodia permanezca en el lugar hasta tanto la Justicia y la intendencia “se saquen sus dudas”.
“En esa situación estamos”, señaló Martínez. “Lo lamentable es que los clientes interesados en encargarnos trabajos ven esta situación, con la policía adentro, y eso perjudica nuestra vuelta a la producción.”
Los trabajadores pretenden recuperar la fuente de empleo para las 285 personas que dependían de Gatic Pigüé, pero tienen además un listado de otros 80 aspirantes, gente que nunca estuvo vinculada con la fábrica pero que al enterarse de la expropiación se acercó a preguntar si habría un lugar para ellos.
La cooperativa tiene interesados para empezar a elaborar y teñir telas para calzado e indumentaria deportiva. La fábrica cuenta además con capacidad para hacer capelladas de zapatillas. “Tenemos confianza porque nos dedicamos a hacer telas, un producto que siempre tiene salida”, señalan en Pigüé.
En la cooperativa anticiparon que no van a abandonar la fábrica. “Si algún funcionario desconoce la ley sancionada por la provincia tendrá que afrontar un denuncia”, dijo Martínez. Con policías y trabajadores compartiendo el espacio, la situación espera una salida. El próximo paso está en manos del fiscal, quien debe decidir si desestima la acusación o da impulso a la causa.