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El debate por la prescripción puso en marcha un mecanismo dormido: el Estado nacional empezó a estudiar de cerca el comportamiento de cada juez. Y un primer trabajo de la Oficina Anticorrupción al que tuvo acceso Página/12 puso al descubierto cómo duerme la Justicia: detalla presuntas dilaciones en causas importantes tramitadas por los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Juan José Galeano, Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío.
Así como citar rápido a indagatoria y después hacer la siesta suele ser un truco de algunos jueces, abstenerse de citar a indagatoria es uno de los problemas detectados por la OA.
En octubre del 2003 el Ministerio de Justicia, aún a cargo de Gustavo Beliz, hizo una denuncia contra el entonces jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el cargo público y asociación ilícita. Giacomino, además, fue desplazado del cargo. La causa recayó en Galeano y, según la OA, se detectó “escaso avance en un año y cuatro meses”. El organismo pidió a Galeano que llamara a indagatorias, pero figuran como “no proveídas”. Galeano es el mismo juez que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura en la semana que pasó y será sometido a juicio político luego de que el año pasado el Poder Ejecutivo no le aceptara la renuncia.
La revisión de las causas y de la actuación de los jueces es el efecto lateral más interesante de una reforma polémica. En nota aparte este diario profundiza en los argumentos de los que están a favor de la ley que estableció causas precisas para que no haya prescripción de un delito y en las razones de quienes se ubicaron en contra. Pero si algún juez federal en mora quiso presentar el tema con un solo costado (la prescripción) para que pasara inadvertido el otro (la inacción), lanzó un boomerang que ya no puede corregir.
En la OA el nuevo jefe, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, pidió a sus abogados que resumieran el Estado de cada causa que el organismo tramita en la Justicia federal. No son todas las causas, pero abarcan algunas de las más importantes por daños contra el patrimonio público. Luego el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mandó a la OA un escrito en el que pide un detalle de qué causas podrían caer y por qué. Al mismo tiempo instruyó a Fleitas para que active los expedientes que corren el riesgo inminente de nutrir al Ceamse. El ministro de Justicia Horacio Rosatti, de quien depende la OA, reforzó la orden.
Funcionarios de la OA aclararon que el documento al que accedió este diario es parcial en cantidad de causas y cantidad de jueces. También advirtieron que, naturalmente, cada juez podría exhibir sus motivos. En rigor la palabra final la tiene, si actúa como en el caso de Galeano con la AMIA, el Consejo de la Magistratura, encargado de acusar o enjuiciar a los magistrados por mal desempeño.
En el caso de Canicoba el informe preliminar de la OA destaca estas causas:
u Roque Fernández, denunciado por fraude en perjuicio de la administración pública por la concesión de dragados y peajes en hidrovías. El expediente fue iniciado en 2001. “Pasaron tres años sin avances” y recién ahora “se convocó a los imputados a declaración espontánea”.
u Armando Canosa, denunciado por administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles en las negociaciones de Aeropuertos Argentina 2000. La causa se inició en 1998. La OA actúa desde el 2003. Pidió indagatorias pero el juez no aceptó ninguna a pesar de que “han pasado casi seis años desde la denuncia” original. Canosa fue secretario de Transportes de Carlos Menem.
u Horacio Frega, funcionario de medios de Menem, está denunciado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la funciónpública pro pagos aparentemente sin causa desde ATC. La causa se inició en 1999. La OA se presentó en el 2000. Estuvo parada tres años, hasta que en el 2003 el juez ordenó una pericia contable. De indagatorias, nada, a pesar de que no sólo la OA sino también la fiscalía las pidieron.
u María Julia Alsogaray tiene causa abierta en el 2000 por asociación ilícita y presunto fraude en Parques Nacionales, que dependía de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Según la OA, Canicoba “lleva cinco años sin definir la citación a indagatoria”.
u Por decretos en corredores viales, Fernando de la Rúa y Chrystian Colombo, entre otros, fueron denunciados por fraude y negociaciones incompatibles. La OA se presentó en el 2002 y tardó dos años para que el juez citara a dos de los imputados, que no son ni el ex Presidente ni su ex jefe de Gabinete.
La OA analizó dos causas de Oyarbide.
Una involucra al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy, al ex secretario privado de Menem Ramón Hernández y al ex presidente de la Casa de la Moneda Armando Gostanian. El cargo es enriquecimiento ilícito. La denuncia se hizo en el 2001. La OA se presentó en el 2002 y pidió indagatorias. Oyarbide no citó a nadie. Conclusión de la OA: “Han pasado más de tres años desde la denuncia sin avances significativos”.
En otra causa por enriquecimiento ilícito está sospechado el ex presidente del Banco Central Pedro Pou. “Iniciada en julio de 1999, lleva más de cinco años de trámite casi sin avances”, dice el trabajo.
Hay cuatro causas de Bonadío en manos de la OA que fueron analizadas.
La primera se abrió en 1994, hace 11 años, contra el ex asesor presidencial Emir Yoma y el ex funcionario de la Cancillería Karim Yoma por presunto fraude a la administración pública, administración infiel, incumplimiento de deberes de funcionario público en la concesión de créditos del Banco Nación en forma irregular. La OA se presentó en el trámite en el 2000, pero recién consiguió una citación a indagatoria en el 2004, 10 años después de la denuncia.
Emir Yoma fue denunciado en el 2000 en otra causa por supuestas operaciones irregulares con el Banco Nación. Por ejemplo, el uso de garantías ficticias. Bonadío sobreseyó el trámite en el 2002. La Cámara Federal revocó su decisión en el 2004 y ordenó seguir la investigación. La OA pidió indagar, pero el juez no tomó una resolución en ese sentido. En 1999 el secretario de Comunicaciones de Menem, Germán Kammerath, fue denunciado por abuso de autoridad y fraudes en la aplicación del contrato de concesión del correo. Bonadío lo indagó en el 2002. Y recién en el 2004 indagó a los directivos de Correo Argentino SA.
Tal vez la causa de las causas, porque involucra a otro juez y también a funcionarios clave de la Administración Menem como Anzorreguy y el ex ministro del Interior Carlos Corach, sea la iniciada en el 2000 por peculado contra ellos y contra Galeano en la instrucción de la causa AMIA. “Sin avances durante cuatro años”, registraron los abogados de la OA. “En 2004 la OA se presenta para impulsarla y el juez no admite su legitimación como querellante”, informa.