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El siniestro en el boliche de Once y el narcotráfico por Ezeiza, ¿qué tienen en común? Además de las diferentes culpas individuales, el común denominador es la responsabilidad de los poderes y niveles del Estado. Esa responsabilidad es la acumulación de falencias durante décadas, agravada hasta la exasperación durante los años ’90 cuando la política neoliberal que regía los destinos del mundo y del país hizo todo lo posible para demoler al Estado. El saldo de esta suma no exime al Gobierno actual ni tampoco a la sociedad que aplaudía y consentía el desmantelamiento del Estado a favor del capitalismo salvaje, pese a que se advertía a simple vista que la llamada “modernización” corrompía las articulaciones y los instrumentos del Estado sobreviviente. La mayoría de votantes en 1995 premió con la reelección la obra de la administración menemista.
Ahora, esa misma mayoría, confrontada con Cromañón, con el contrabando de cocaína y con otros datos que indignan y escandalizan, protesta por las ineficiencias estatales y la decadencia político-institucional, que son resultados de aquel “modernismo” que hizo lo que se le dio la gana en la primera mitad de los ’90, a cambio de algunas facilidades comerciales para los consumidores que a poco andar fueron desapareciendo. Los que ayer advertían, en minoría, que el mercado sin Estado era mafia, hoy tienen que salir otra vez, de nuevo contracorriente, para alertar que la solución no se agota destituyendo y encarcelando a mil o diez mil funcionarios. Hace falta, sobre todo, una nueva concepción del Estado, sin los vicios del antiguo paternalismo ni el cinismo del presunto modernismo, y su reconstrucción urgente y completa, lo que significa, para empezar, una inmediata y profunda renovación política. Aunque se ha mencionado muchas veces, una reforma semejante implica la remoción de todo el arco ideológico-partidario sin saltearse a ninguno de los arcaicos aparatos y aparatitos que pululan en el país, empezando por el PJ ya que se trata de la corriente predominante en la actualidad. Aunque algunas fuerzas hayan nacido en democracia, no han podido llevar a cabo esa reforma indispensable y en más de un caso quedaron atrapadas en las redes de las antiguas culturas políticas, ya que por la edad y la experiencia esos aparatos anacrónicos son difíciles de remover porque se adhieren a la vida cívica y al Estado como la hiedra a la pared. El cambio cultural que se requiere debería comenzar por la cabeza del poder y atravesar en vertical a todo el esqueleto nacional hasta las raíces, a fin de provocar una depuración completa que termine con la infección interna que supura cada vez que se abre una herida. Por la intensidad y la dimensión indispensables, esa modificación radical puede sonar a utopía y, sin duda, no es tarea para un hombre ni para un día, pero es la única curación integral para que los trágicos escándalos dejen de ser lo normal cotidiano.
Aunque todos piensan en el Gobierno, administración temporal del Estado, cada vez que se habla del cambio, la demanda es para todas las cúpulas, incluso para los aliados de Drácula, calificativo dedicado a la oposición por el Presidente, imbuido él mismo en el calendario electoral de este año. A propósito de disonancias, el obispo verdeoliva Antonio Baseotto acaba de recordar con una macabra ocurrencia, de impacto público similar al del narcotráfico, que las formas corruptas aparecen donde nadie las imagina, ya que no puede ser otra cosa que corrupción que este cura cobre generosa remuneración mensual del Tesoro nacional mientras propagandiza los métodos del terrorismo de Estado. Un trágico error en la nómina gubernamental. Las creencias religiosas (incluso las no creencias) deben ser garantizadas de manera absoluta entre las libertades democráticas, pero como asunto privado, inviolables en el templo siempre que no quieran imponerse en las decisiones políticas ni en la administración del Estado,ya que éstas por naturaleza afectan a todas las personas y, por lo tanto, no pueden estar encadenadas a “la verdad” de una fe única y absoluta. Baseotto fue más allá de los límites de la libertad, so pretexto de mandatos bíblicos en libre interpretación, ya que su propuesta de usar métodos mafiosos para liquidar a los que le molestan pertenece a territorios prohibidos por los códigos, las leyes, el sentido común y la moral de la sociedad. También por los Diez Mandamientos de la fe católica.
El Poder Ejecutivo suele reaccionar con energía ante los diversos asuntos que preocupan a la opinión pública y en cada caso particular quien quiera puede cuestionarle la precisión del diagnóstico y del remedio pero no acusarlo de indiferencia. Más allá de aciertos y errores, sobredimensionados en el oficialismo y en la oposición por la lupa de las próximas elecciones, unos y otros deben a la sociedad un debate riguroso acerca de la reorganización de la política y el Estado. Es comprensible que el deseo de triunfar en las urnas impulse alianzas o acuerdos circunstanciales con los viejos aparatos partidarios, pero los que anhelan el bien común a través de mínimos acuerdos democráticos, entre ellos el desalojo de la corrupción, no deberían perder de vista el sentido último de la construcción democrática, esa utopía reformista que le otorga sentido al ejercicio de la política. Para decirlo con una referencia externa: ¿Es todavía una democracia el Estados Unidos de Bush? Es cierto que tuvo la mayoría electoral, pero el ritual numérico ¿alcanza para definir a la democracia? El reverendo Jesse Jackson (EE.UU.: Tiemblo por mi país, Prensa Ecuménica) hizo el siguiente balance del primer mandato de Bush: “Durante los últimos cuatro años, en EE.UU. la pobreza ha aumentado en un 14 por ciento. Hoy, uno de cada ocho estadounidenses vive en la pobreza; uno de cada cinco niños. El número de norteamericanos sin seguro de enfermedad –más de 45 millones, y en alza– ha batido un nuevo record. Cada día son más los que pasan hambre. La vivienda a un precio asequible está fuera del alcance de cada vez más trabajadores. Los más pobres van cayendo por debajo del umbral de la pobreza, mientras los más ricos obtienen cantidades mayores de la renta y la riqueza nacional”. Sin hablar de las “guerras preventivas”, las torturas a prisioneros y los recortes a los derechos civiles de los norteamericanos. ¿Vale o no preguntarse si eso es o no democracia? Uno de los iconos del pensamiento liberal, Alexis de Tocqueville, supo reflexionar en el principio de la democracia americana: “Lo que más me repugna de la América no es la extrema libertad que allí reina sino la escasez de garantías que se encuentra contra la tiranía”.
Jackson, pastor bautista y demócrata estadounidense, en el comentario citado afirma: “Ahí donde está tu riqueza, está también tu corazón”. ¿Dónde está el corazón de la democracia argentina? El país vive momentos de euforia económica. Al final del plazo para el canje de los bonos de la deuda, la satisfacción gubernamental era anoche indisimulable, así también por los indicadores del mercado de capitales y la baja en el índice promedio de desempleo. La CGT anuncia como inminente que el salario mínimo supere la línea de pobreza, fijada en 750 pesos mensuales, pero reconoce que el 52 por ciento de la mano de obra empleada “está en negro” y nadie sabe con exactitud en qué línea se encuentra esa mayoría, sin olvidar que todavía son millones los que no tienen un empleo en regla. La redistribución de la riqueza con parámetros de justicia social aún es más propósito que realidad. Existen condiciones propicias, sin embargo, para mejorar la equidad distributiva y atender la deuda social, sin que eso signifique “aislarse” ni renegar del mundo. En la Unión Europea están votando una nueva Constitución, válida para sus veinticinco estados miembros, cuyos contenidos serían calificados en este país por los que piensan como Baseotto como poco menos que un engendro del concubinato entre Lucifer y la subversión internacional. No le alcanzarían las piedrasy los mares para castigar a los herejes. Por eso, es tiempo de elegir: ¿dónde debería poner el corazón la democracia argentina?