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La titular de la Defensoría del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, cumplió ayer dieciséis años de trabajo –los mismos que el organismo que hoy encabeza– en la provincia de su nacimiento: Neuquén. Y este aniversario la sorprendió por primera vez en su vida teniendo que soportar una fuerte embestida por parte de altos funcionarios de la administración del gobernador Jorge Sobisch. Pero los hechos han ido mucho más allá: la semana pasada, vía telefónica, fue amenazada de muerte junto a su adjunta, la abogada Edith Galarza. Página/12 la entrevistó en su casa, donde un móvil policial la custodia día y noche por orden del ministro de Seguridad provincial Luis Manganaro.
–¿Tiene miedo de que les pase algo a usted y a su familia?
–Tengo preocupación. Por mi familia y las familias de la gente que trabaja conmigo. Por mis compañeras y compañeros. Preocupación por lo que le pasa al Poder Judicial (de Neuquén), ya que no dejo de contextualizar todo lo que nos está pasando con lo que le sucede al fiscal (Ricardo) Mendaña con el absurdo de ese juicio político, de ese jury al cual lo están sometiendo en este momento.
–¿Qué es “todo lo que nos está pasando”?
–Si tenemos que poner un comienzo, fue en enero del 2004 cuando el ministro (Luis) Manganaro comenzó una embestida pública contra la Defensoría al ordenarnos la supresión de la patria potestad a los padres de unos chicos que los habían llevado a vivir a una toma frente a sus casas. Esa orden nosotros no la acatamos por considerarla violatoria de los derechos de los chicos y que esa no es la línea de la Convención de los Derechos del Niño. Ya en ese momento nos llamó la atención la agresividad por parte del ministro. Luego, en junio, Manganaro empieza con su idea de que hay que cambiar la Ley de Protección al Menor –la 2302–, afirmando que los chicos que cometen delitos tienen que poder ir presos. A eso nuestra respuesta fue que eso no estaba bien. Entonces en agosto el ministro presenta su proyecto de reformar la 2302, formalizando la posibilidad de encarcelar a chicos que cometen contravenciones, siguiendo la línea y el argumento de “dar seguridad”. Pero lo más grave es que según esa reforma se disuelve la Defensoría del Niño, transformándola en un organismo absolutamente diferente, imaginando un organismo extrapoder, que tiene que rendir cuentas y pedirle su presupuesto al Poder Ejecutivo de manera tal que no va a tener ningún tipo de libertad para trabajar. Y que también se haría cargo de los tratamientos a los menores. Es decir, una Defensoría como la nuestra, que no tiene que ver con los delitos y la seguridad, es absolutamente desarmada. Fue allí que la gente salió a defender la ley y nuestro trabajo.
–¿Nunca habló con el ministro Manganaro?
–No. No lo conozco. En general los contactos de la Defensoría suelen ser con un segundo o tercer nivel de decisión, más con funcionarios de Educación y Salud.
–Ante las amenazas de muerte en su contra, ¿qué piensa del silencio del Poder Judicial?
–Para mí el silencio siempre ante hechos de violencia es una actitud no recomendada. Porque a la violencia se le opone la palabra. Si el Tribunal (Superior de Justicia) no puede decir nada, quizá me cuesta imaginar qué es lo que piensa. Quizá no me creen o piensan que las llamadas no han existido. Son conjeturas mías. Quizá nos creen pero como somos vistas como personas “opositoras” no se nos acercan. Cualquiera sea la razón, creo que es un error institucional muy grande mantenerse en silencio ante lo que está pasando.
–¿Pensó en renunciar en alguno de estos días?
–Sí (silencio). Pero yo quiero este lugar y decidí que no me voy a ir. Para mí es un privilegio este trabajo. Y como dicen las Madres (de Plaza de Mayo), en la Defensoría nos decimos: “Ni un paso atrás” porque estamos haciendo lo que hay que hacer. Y por último, una consigna que tomó el Foro en Defensa de la Ley de Protección al Niño: “La 2302 no se reforma sino que se cumple”.