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La reiteración y la contundencia de las protestas en Bolivia, por las que Carlos Mesa argumentó su carta de renuncia al Congreso, hicieron recordar la “guerra del gas” de octubre de 2003 que, con un saldo de decenas de muertos, expulsó del poder al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada –del que Mesa era el vice de corte independiente–. El agua, el gas –la polémica por la Ley de Hidrocarburos–, el petróleo, la constituyente y la demanda de autonomía de Santa Cruz son los componentes principales de la crisis del vecino país.
El gobierno de Mesa, como su Congreso, enfrentaron sobre todo la última semana un abanico de reclamos que abarcan desde pedidos de mayores regalías petroleras hasta la exigencia de sacar del país a una compañía francesa. Los alteños exigen la “salida inmediata” de la empresa Aguas del Illimani, controlada por la transnacional Suez-Lyonnaise des Eaux, a lo cual se comprometió el presidente Mesa en enero pasado. Las autoridades se resistieron a expulsar a la empresa francesa sin una auditoría previa. En el marco de la polémica por la Ley de Hidrocarburos, el Parlamento nacional el viernes resolvió mantener las regalías en el 18 por ciento, mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales le exige al Legislativo que las trasnacionales petroleras paguen 50 por ciento de las regalías. El rechazo a aumentar las regalías puso en pie de guerra a los seguidores de Morales. Grupos sindicales de Cochabamba que protagonizaron la “guerra del agua” en 2000 –que expulsó a la trasnacional Bechtel– pregonan la “recuperación de los hidrocarburos” y la Asamblea Constituyente. En los últimos días se mantuvieron decenas de puntos de bloqueo a lo largo y ancho de la geografía boliviana. Muchos de ellos –como en Camiri, Yapacaní y Bulo Bulo, en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, y que incluyen la amenaza de toma de pozos petroleros– se vinculan a la lucha de las diferentes regiones por acaparar las gerencias de la estatal petrolera YPFB, que será “refundada” en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos, y a la pelea por un porcentaje asegurado por ley de las regalías.
Ante este panorama, la pregunta más perturbadora para Bolivia es si podrá salir del deterioro extenso de las últimas décadas, consecuencias de los gobernantes que colocaron a los mercados financieros por encima de las necesidades sociales. Esto es, cómo se hace cargo el gobernante –ratificado o no el renunciante Mesa– de las configuraciones sociales engendradas por el reordenamiento neoliberal.