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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) escribió ayer otro capítulo en la polémica que mantiene con Néstor Kirchner en torno de la situación de los medios de comunicación en la Argentina y su relación con el Gobierno y advirtió que las acusaciones que días atrás formuló contra el ex titular de la entidad, Danilo Arbilla, constituyen “otra agresión gratuita como réplica para cubrir errores señalados por la opinión pública”. En el informe final de la reunión semestral que realizó en Panamá, la SIP lamentó la demora en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y que no haya sido reemplazada la Ley de Radiodifusión dictada por la dictadura militar, además de remarcar que advirtieron “en las esferas oficiales una actitud de recelo y desconfianza hacia los medios”.
El tramo del informe de la SIP referido a la Argentina ratifica la línea del documento que a principios de este mismo mes difundió una misión de la asociación que visitó el país para interiorizarse sobre la situación de los medios de comunicación. Ya en ese texto se había denunciado la “falta de libertad” de prensa y la existencia de “presiones e intimidaciones” del Gobierno hacia las empresas periodísticas.
La réplica del Gobierno frente a esas afirmaciones corrió por cuenta del mismo Kirchner, quien cargó contra el ex presidente de la SIP y actual miembro de su consejo directivo, el uruguayo Danilo Arbilla, al que acusó de haber estado vinculado a la última dictadura en Uruguay y contra el subdirector del diario La Nación, José Claudio Escribano. “Soy defensor de la libertad de prensa –sostuvo entonces Kirchner–, pero tengamos buena memoria porque no puede ser que nos vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa aquellos que para imponer sus ideas mataron, asesinaron, secuestraron.”
La SIP no pasó por alto la reacción de Kirchner en el documento que aprobó al término de sus deliberaciones en Panamá y consideró que constituyó “otra agresión gratuita como réplica para cubrir errores señalados por la opinión pública”. “Son reiterados sus ataques contra periodistas y medios”, aseguró la asociación en alusión a Kirchner, a quien cuestionó además por sus “alusiones personales injustificadas a periodistas” y porque “recurre con obstinada frecuencia a la descalificación de legítimas opiniones o informaciones”.
En su puja con Kirchner, la SIP afirmó que el Gobierno “utiliza mecanismos sutiles y fiscales, pero contundentes, para complicar la solvencia económica y financiera de las empresas” y volvió a quejarse por los criterios utilizados en relación con la publicidad oficial.
El informe de la SIP traza un panorama de la situación y subraya que la Ley de Acceso a la Información Pública “no pudo ser sancionada en virtud de los cambios de criterio que influyeron en el texto definitivo, despertando la sospecha de la falta de interés en tal sanción por parte del partido gobernante”.
En ese tramo del documento se remarca también que la Ley de Radiodifusión dictada por la dictadura militar en 1980 “no ha sido reemplazada por una normativa que atienda los cambios del sector y, sobre todo, la evolución de la concepción social de la libertad de prensa”.
La SIP también recordó en su documento las denuncias del diario Río Negro contra el gobierno de Neuquén, al que acusa de agresión y discriminación, y agregó la situación de Héctor Ricardo García, el director del diario Crónica, que “sigue bajo arresto domiciliario por supuesta evasión de impuestos”.