[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A pocos días de que los porteños comiencen a controlar el servicio de recolección de residuos, según el nuevo contrato de concesión, muy pocos saben cómo hay que hacer para ejercer esta supervisión. Las campañas de separación de residuos y para mantener la ciudad más limpia estarán a cargo de las cinco empresas contratadas, pero será unificada y consensuada con el Gobierno de la Ciudad. En tanto, el proceso para la separación y selección de residuos reciclables será lento: aún no están definidos los lugares donde funcionarán las plantas separadoras que deben construir las empresas. Página/12 consultó al secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn, quien maneja el presupuesto más grande de la ciudad (140 millones de pesos para todo el año) sobre la marcha del nuevo contrato, cómo continuará el trabajo de los cartoneros, el problema de los rellenos sanitarios y el proyecto de Basura Cero.
–Los vecinos se enteraron del cambio de contrato para la recolección de residuos porque en esos días la ciudad amaneció con bolsas de basura. ¿Qué fue lo que cambio?
–Ahora son las empresas y no el gobierno las que tienen que gerenciar el servicio. Esto ha producido un cimbronazo en las empresas: la primera semana, dos de ellas fueron multadas. Y una tuvo que echar a uno de sus gerentes.
–¿Cuándo comienza la recolección diferenciada de residuos?
–Ya se impartieron recomendaciones a los administradores de los edificios de más de 19 pisos de toda la ciudad y a los hoteles de cuatro y cinco estrellas para que saquen a la calle los residuos en forma diferenciada, por un lado los orgánicos y por otro los inorgánicos. Ahora se están incorporando las escuelas y los edificios públicos. Los reciclables están yendo a los galpones de la cooperativa (de cartoneros) El Ceibo, en Retiro.
–La licitación prevé la construcción de centros de separación de materiales recuperables. ¿Cuándo van a empezar a funcionar?
–Hay uno que está construyendo la ciudad en el Bajo Flores, frente a la cancha de San Lorenzo. Estamos pensando que allí va a trabajar una cooperativa de cartoneros. Los otros cinco los van a construir las empresas, pero primero hay que conseguir los terrenos. Ya tenemos el primero, en terrenos ferroviarios de Once, nos falta el estudio de impacto ambiental. Hay otro detrás de la Villa 3. No es fácil, porque el Código de Planeamiento Urbano es muy restrictivo para permitir este tipo de usos. Y además, nadie quiere que le pongan un centro de separación de residuos al lado de su casa.
–¿Con la recolección diferenciada, las empresas se van a llevar lo que hoy recogen los cartoneros?
–De hecho, si el cartonero pasa antes que el camión, se va a llevar la bolsa. Eso está pasando y va a seguir pasando. Además, los Centros Verdes van a recibir materiales de los cartoneros.
–¿Qué evaluación hace de la campaña de separación de papeles y cartones que el gobierno hizo en 2002?
–Esa campaña se hizo en el marco de la emergencia y tuvo un alto nivel de instalación, pero lamentablemente no tuvo continuidad. A diferencia de los países desarrollados, donde el debate sobre el medio ambiente se instala a partir del crecimiento de la producción y el consumo, aquí fue al revés, a partir de la pobreza, cuando la recuperación de residuos se convirtió en un medio de supervivencia para miles de familias y en un problema de higiene urbana. En muchos barrios residenciales quedó instalado el acuerdo entre los vecinos y los cartoneros para separar esos residuos.
–¿Por qué no se aprovechó esa situación para extender la separación de residuos?
–Estaba prevista una campaña en diciembre, pero primero ocurrió el conflicto con los recolectores, que quemaron la basura frente a la Jefatura de Gobierno. Y luego vino Cromañón. Creímos que no era momento de hacerlo. Primero, porque para instalar una campaña un gobierno debe tener una fuerte legitimidad. No se le puede pedir un esfuerzo al vecino si el Estado no hace bien las cosas. Ahora, si el vecino ve que la calle mejora, que está más limpia, entonces va a colaborar.
–La asociación Greenpeace y algunos legisladores presentaron un proyecto de Basura Cero, un concepto que se aplica con éxito en muchos países. ¿Qué piensa de esa propuesta?
–El de Basura Cero es un proyecto con buenas intenciones, pero voluntarista: no dice qué hacemos con el Código de Planeamiento Urbano, que es muy restrictivo para instalar plantas de reciclaje. Estos proyectos, que se aplican en ciudades de países desarrollados, requieren de un importante nivel de subsidios estatales para reducir la generación de residuos. Se necesita, por ejemplo, una ley nacional de envases y embalajes, que estimule el reciclado de los materiales; además, se requieren fondos para el manejo de la recolección diferenciada: más camiones, más frecuencias de recorridos, plantas de tratamiento. Entonces, estamos de acuerdo con el objetivo de reducir la generación de residuos, de hecho este contrato lo contempla, pero hay que discutir las medidas para lograrlo. El tema ambiental tiene que ser tomado como una prioridad a nivel nacional.
–¿El modelo de rellenos sanitarios del Ceamse no está agotado?
–No. Lo que hay que hacer son rellenos sanitarios más chicos, en lugar de los rellenos enormes que se han hecho hasta ahora. Y que funcionen con control de la emisión de gases y de lixiviados (líquidos que produce la basura en descomposición). Los rellenos sanitarios son la mejor solución: en Misiones, por ejemplo, funcionan maravillosamente bien.
–Pero la ciudad lleva la basura a la provincia y ningún municipio quiere que le pongan ahí un relleno sanitario.
–Lo curioso es que todos los que no quieren rellenos controlados tienen basurales a cielo abierto, que son mucho peores. Lo que ocurre es que éste es un tema en el cual es muy fácil hacer política. Lo municipios tienen que tener en cuenta que con rellenos sanitarios, que no van a estar cerca de las ciudades sino en lugares alejados, pueden financiar proyectos a través de los bonos verdes, que pagan los países desarrollados a partir del protocolo de Kioto.