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Las dos cámaras del Congreso bailan al ritmo de la disputa política. Por un lado la del oficialismo con la oposición. Por otro, la de las esquirlas del narcoescándalo de las valijas de Southern Winds. Todo tamizado con las urgencias del Gobierno por contar con algunas leyes que rebajen los impuestos a la importación del gasoil, en vísperas de que el campo comience con la cosecha gruesa. Así se explica que durante el fin de semana el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño, haya fatigado los teléfonos intentando convencer a los radicales de que depongan su intransigente pedido de que los funcionarios del gabinete se presenten en el Congreso para dar explicaciones por el escándalo de las narcovalijas.
El principal conflicto que hoy tiene virtualmente paralizado al Parlamento tiene su raíz en la política. Se explica en parte por las características de un año electoral. Claro que esto sólo lo explica en parte. Desde la oposición, y también desde el oficialismo, no faltan las voces que señalan al “estilo K” como uno de los principales escollos. Lo hacen cuando ponen el acento en la negativa del Ejecutivo en aceptar la presencia de alguno de sus funcionarios en el Congreso. Camaño se encargó de ratificar públicamente esta negativa.
Mañana, la oposición insistirá con su llamada a una sesión especial en Diputados. Allí intentará reclamar explicaciones de los hombres del Gobierno. Luego del fracaso de la primera sesión ordinaria del año, el oficialismo buscará a través de un ardid salvar el requisito de contar con los dos tercios para la sesión inaugural que le ponga fecha al funcionamiento anual del Congreso. Lo hará llamando, también, a una sesión especial que vote exclusivamente ese punto. Aunque de ella participe la oposición, lo cierto es que no se podrá discutir otro tema.
Igualmente, el oficialismo, a través de Camaño, intentó negociar la presencia de los radicales en el recinto para las sesiones ordinarias. El PJ tiene como principal preocupación aprobar una iniciativa que libera de impuestos la importación del gasoil. El objetivo de la norma es el de conseguir un abaratamiento del combustible. El proyecto está acotado a cuatro meses y a una cifra que llega a los 500 mil metros cúbicos.
En la Cámara alta el gasoil también es producto de las preocupaciones del oficialismo, aunque por otra norma. Allí trabajan contra reloj para conseguir los 37 votos necesarios para transformar la tasa al gasoil en un impuesto. El actual 18,5 por ciento subiría a 20,2 por ciento si el Senado confirma el incremento. La resistencia en este caso es el posible traslado a precios. El Gobierno sostiene, en una nota firmada por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que el impuesto no tendrá traslado a precios. Hasta el momento el oficialismo no pudo conseguir más de 32 votos y necesita al menos 37. El presidente Néstor Kirchner habló con algunos gobernadores radicales para que comprometan el apoyo de sus senadores.
Si bien el proyecto que se discute en Diputados tiene sus diferencias con el que se analiza en el Senado, en algún punto se tocan. El del Senado convierte la tasa en impuesto. A partir de presentaciones judiciales formuladas por el defensor del Pueblo de la Nación y también por las petroleras Shell y Esso, la tasa fue declarada inconstitucional en varios fallos. A tal punto que la mayoría de los casos se encuentran en manos de la Corte Suprema.
El primer decreto que le dio cuerpo a esta tasa data de 2001, cuando fueron delegados en Domingo Cavallo los superpoderes legislativos. Distintos decretos fueron revalidando su existencia. Ahora que la Justicia calificó la tasa como un impuesto encubierto, el Gobierno necesita de una ley. Durante 2004 la recaudación de la tasa al gasoil produjo ingresos por 1565 millones. Las modificaciones legislativas no solo le darían validez a futuro a la recaudación, sino que además podría generar un aumento en las arcas de unos 120 millones. Aunque las cifras varían según quién las calcule. El senador Jorge Capitanich aseguró que “el aumento será neutro”.