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“Ya hemos esperado bastante y no queremos más demoras”, expresó Miguel Schclarek ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Se refería a los siete años que pasaron desde que se presentó por primera vez el proyecto de ley que establece un beneficio para los exiliados por razones políticas. Una vez que terminó su discurso se retiró junto a unos cincuenta integrantes de la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra). Al término de la reunión fue aprobado el dictamen, con el apoyo de los diputados de centroizquierda y los justicialistas afines al kirchnerismo. Si bien el proyecto aún debe pasar por otras tres comisiones y se estima que recién podría ser aprobado a fin de año, Susana Gabbanelli, de Coepra, señaló a Página/12 que la comisión dio un “reconocimiento a lo que representó el exilio durante la dictadura, entendido como una violación a los derechos humanos”.
A fines del año pasado, el fallo de la Corte Suprema que le reconoció la indemnización por su exilio a Susana Yofre de Vaca Narvaja dio nuevo impulso al proyecto que establecía una reparación económica para los exiliados durante la dictadura. La iniciativa plantea el otorgamiento del beneficio para quienes “hayan estado exiliados por razones políticas” entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Para establecer quiénes pueden obtenerlo, la norma indica que se necesitan certificaciones de las “autoridades competentes de asilo”, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o una resolución del fuero federal, dando cuenta “que el beneficiario ha acreditado que su exilio se debió a la existencia de temores fundados de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o de grupos paraestatales, de su permanencia fuera del país en el período de referencia y de las fechas de comienzo y fin del exilio”.
Durante la reunión de ayer, los diputados discutieron sobre el denominado “exilio interno”, es decir, quienes se escondieron de la dictadura en el interior del país. Si bien esta situación, apoyada por Coepra, no fue incluida en el texto votado, habría voluntad de ampliar la propuesta inicial en el futuro, según comentó a Página/12 una fuente parlamentaria.
En la comisión hubo consenso para no hacer modificaciones al proyecto del senador justicialista Marcelo López Arias –avalado por el Poder Ejecutivo y con media sanción del Senado– para no retrasar su aprobación. De todos modos, todavía tiene que pasar por las comisiones de Justicia, de Familia y de Presupuesto y Hacienda. Este diario pudo saber que habría cierta reticencia en el duhaldismo respecto del proyecto.
La diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, el socialista Jorge Rivas y Lucrecia Monteagudo, del ARI, plantearán una disidencia parcial para que la exigencia de una certificación no sea una condición excluyente de acceso al beneficio. Según Walsh, “el sentido del legislador en este caso es incluir y no excluir”, y argumentó que en algunos países “no era fácil acercarse a las delegaciones diplomáticas” para obtener tales constancias de asilo o refugio.