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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Luis Alberto Urquiza, ex preso político exiliado en Dinamarca, presentó ayer ante la Justicia una denuncia por delitos de lesa humanidad contra los policías cordobeses que participaron durante la dictadura en la D2 de Inteligencia de Córdoba. La querella involucra también a un fiscal que “cajoneó” un sumario administrativo contra los represores, al fallecido ex gobernador Ramón Mestre por tenerlos en actividad durante su gestión y especialmente a Oscar Aguad, ex ministro de gobierno, quien en 1997 le habría dicho a Urquiza, que había vuelto al país y sufrido amenazas, “que no podían garantizar su seguridad”. Varios de estos ex policías se dedican hoy al negocio de las agencias de seguridad.
Luis Alberto Urquiza vive en Dinamarca junto a su familia. Tuvo que irse del país en 1997 por segunda vez (la primera había sido en 1979) porque –dijo a este diario– las autoridades cordobesas “no hicieron nada para impedir que los policías que me torturaron durante la dictadura siguieran en altos mandos policiales y continuaran amenazando mi vida y la de mi familia a casi quince años de haber recuperado la democracia”.
Ex agente policial del ’74 al ’76, Urquiza fue acusado de pertenecer a organizaciones de izquierda “infiltradas” en la policía y luego del golpe de Estado fue detenido junto a otros cuatro compañeros. “Fuimos catalogados como una célula subversiva que hacía inteligencia para la guerrilla, y por eso golpeados, torturados y hasta recibí un disparo de bala en mi pierna derecha mientras estuve detenido en la D2, que funcionaba en el Cabildo Histórico”, contó Urquiza. Después de dos años de tormentos en el campo de concentración La Ribera, fue absuelto por un Consejo de Guerra y se exilió en Dinamarca, previo paso por Brasil.
En el ’93 regresó al país con la ilusión de poder radicarse en la provincia, pero se encontró con desagradables sorpresas: Carlos Yanicelli y una decena de oficiales que habían actuado en la D2 se encontraban en lo más alto de la jerarquía policial cordobesa, lo que motivó una denuncia ante el entonces gobernador, el fallecido Ramón Mestre y su ministro de gobierno, Oscar Aguad, hoy uno de los principales candidatos del radicalismo a diputado nacional para las elecciones de octubre.
Debido al escándalo que provocó esa noticia, Mestre ordenó un sumario administrativo contra los policías denunciados y pasó a retiro a “El Tucán” Yanicelli, uno de los más de cien uniformados que participaron en la D2. Pero el fiscal Sanmartino “cajoneó esa investigación y la mayoría siguió en sus puestos”, afirmó Urquiza. “Denuncié esta situación ante Aguad y, aunque me ofreció una custodia, respondió que ‘no podía garantizar mi seguridad ni la de mi familia’, lo que me obligó a exiliarme nuevamente en Dinamarca y a presentar esta denuncia contra mis torturadores y contra Aguad por complicidad u omisión”.
También prestó declaración ayer el periodista Mariano Saravia, quien recientemente publicó un libro sobre la historia del ex policía. Allí se cuenta cómo varios de estos ex policías-torturadores pasados a retiro se reciclaron en la vida democrática a través de agencias de seguridad privadas. “Algunos prestan seguridad en un hipermercado de esta capital y otros lo hacen para clubes de fútbol como Belgrano e Instituto. Es más, Idelfonso Vélez, otro represor, fue guardaespaldas de Germán Kammerath cuando era intendente de Córdoba”, contó Saravia a Página/12.