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En el Banco Central funcionó hasta febrero una mesa de dinero ilegal, cuya cara visible era Marcelo Alfano, un empleado de la Gerencia de Seguridad, quien ya ha sido exonerado. El hecho trascendió a raíz de la presentación realizada a las autoridades del BCRA por dos empleadas de la entidad que le habían entregado a Alfano sus ahorros bajo promesa de confiabilidad y altos intereses. La defraudación también afecta a un grupo de inversionistas de la zona Norte del Gran Buenos Aires, quienes han presentado denuncias penales que se tramitan ante el fuero ordinario de la Capital, en los jugados de instrucción 36 y 44, a cargo de María Dolores Fontbona de Pombo y Eduardo Daffis Niklison. La suma involucrada asciende, en principio, a más de medio millón de dólares, pero lo que se conoce es apenas una parte de la trama y la verdadera cifra podría superar varias veces ese monto. Para los damnificados y también para los investigadores, Alfano no es sino la punta de un ovillo que podría llevar hasta los despachos de altos funcionarios del BCRA.
“Tiene que haber una organización detrás de esto –señalan allegados a la causa–. De lo contrario, es casi imposible sostener una operatoria de este tipo”. El “este tipo” al que aluden es la presencia de terceros que, según decían, por encargo de Alfano, tenían como misión llevar el dinero o esperar a los “clientes” para guiarlos dentro del enorme edificio que el banco posee en la calle Reconquista y conducirlos a dependencias muy importantes y de acceso restringido. Además, algunos de los testimonios recuerdan comentarios de Alfano mencionando como parte del negocio a un director y a otro alto empleado de la institución.
El alerta se dio en febrero, cuando, con escasos días de diferencia, tres empleadas del BCRA se dirigieron al jefe de Sistemas de Seguridad de Entidades Financieras para informarle de sus tribulaciones. Una de ellas relataba que el 30 de agosto de 2004 y el 7 de septiembre de ese mismo año había hecho entrega de sumas de dinero, recibiendo a cambio, dos pagarés con fecha de vencimiento del 30 de diciembre. La denunciante señaló que a ella y a otros empleados del BCRA se les había prometido un interés del 7 por ciento mensual. La mujer agregó en su memorándum que Alfano explicaba que este alto interés se obtenía por su relación con miembros del directorio del Central y que eran éstos los responsables de esas inversiones. El documento puntualiza que las aseveraciones de Alfano resultaban creíbles dado que era público que había trabajado en áreas próximas a la presidencia y al directorio del banco. Tres días después, hubo un segundo aviso al jefe de Seguridad: A.F. le informaba que en octubre había entregado dinero procedente del seguro de su automóvil y el cobro de un retroactivo; en noviembre una suma perteneciente a su madre jubilada y en diciembre una tercera remesa perteneciente a su hermano, quien atravesaba una dura situación económica y había vendido su coche. Igual que en el caso anterior, la confianza y la tentación producida por los elevados intereses fueron un factor decisivo. Para A.F. los problemas comenzaron en enero de 2005, al comunicarle a Alfano que en la fecha de vencimiento de los pagarés procedería a retirar el dinero. Al cumplirse el plazo, Alfano, que se encontraba de vacaciones, le comunicó por teléfono que habían surgido problemas puesto que “lo estaban acusando” de enriquecimiento ilícito para cargarlo con la responsabilidad de todo el dinero colocado. En febrero apareció una nueva damnificada. En la notificación al encargado del área de Seguridad, se refiere que Alfano había trabajado en el área de Relaciones Públicas, había llevado la agenda de los ex presidentes del Central y se hallaba vinculado a integrantes del directorio del BCRA. Sin embargo, los estragos eran mucho mayores y no se limitaban al personal de planta del banco. El jefe de Seguridad recibió asimismo el reclamo de los representantes de un grupo de inversores de la zona Norte del Gran Buenos Aires, quienes habían corrido. Es que, entre otras canteras, Alfano captaba inversiones de socios del Club San Fernando, al que él también pertenecía desde hacía años. Se evalúa que el monto defraudado podría ser varias veces millonario y, de acuerdo con ciertas versiones, las sospechas rozarían en especial a un connotado miembro del directorio y a un alto y antiguo funcionario de la Gerencia de Operaciones, encargado, precisamente de operaciones en pesos, redescuentos y mercado abierto. De momento, el BCRA se ha limitado a trasladar la denuncia a la Oficina Anticorrupción. Las víctimas, en cambio, han preferido la vía más expeditiva de los tribunales de Capital y radicaron sus querellas en los juzgados 36 y 44 de instrucción.