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El cobro de sobresueldos mediante fondos reservados por parte de los funcionarios del menemismo es conocido públicamente desde que este diario lo reveló hace ya más de doce años, aunque durante larguísimo tiempo la Justicia hizo la vista gorda a la ilegalidad del mecanismo. Esa ilegalidad ya había quedado en evidencia cuando también este diario difundió diez años atrás la ley secreta que amparaba la existencia de gastos reservados para fines que no contemplaban reforzar los ingresos de los funcionarios. La Justicia recién se expidió sobre esa ilegalidad en el fallo de condena por enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray en junio del año pasado, cuando calificó ese mecanismo de pago extra como un sistema “perverso”, “ilegal”, “antijurídico” y “delictivo”. Esta jurisprudencia y el impacto político, mediático y de aceleración sobre las causas judiciales abiertas por este tema deberían desembocar en el enjuiciamiento y eventual condena para centenares de funcionarios que ocuparon cargos políticos jerárquicos durante la administración de Carlos Saúl Menem, e incluso para alguno que ocupa un importante puesto en este gobierno, como por ejemplo el presidente del Banco Central, Martín Redrado.
Según el informe que el experto contratado por la Oficina Anticorrupción, Alfredo Popritkin, elaboró a solicitud del fiscal Paulo Starc para la causa que lleva el juez federal Jorge Ballestero, el total de sobresueldos pagados durante el menemismo ascendió a 466 millones de pesos/dólares, con montos que llegaban hasta 100.000 por mes en algunos ministerios.

Buena memoria:

Lo que no le falta en la cabeza al ex ministro de Economía de Menem y de la Alianza es buena memoria. Consultado en un minirreportaje días atrás por el diario Clarín sobre el escándalo que se reavivó a partir de la carta publicada por la rea Alsogaray, respondió que se trataba de un tema viejo que se conoce desde 1993 o 1994.
Efectivamente, la primera vez que se tuvo conocimiento de que había sueldos por encima de los que establecía el Presupuesto Nacional fue el 14 de febrero de 1993, a través de una nota de este autor publicada en Página/12 titulada “Casa Rosada, socorros mutuos”. En ella se señalaba en base a testimonios off the record de tres altos funcionarios que “todos los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional perciben mensualmente un sobresueldo que más que duplica la remuneración que figura en los recibos”.
Incluso en aquella nota el entonces ministro del Interior Gustavo Beliz confirmó –aunque en forma elíptica– la existencia de los sobresueldos cuando, interrogado sobre el tema, en lugar de negarlo respondió: “De eso yo no hablo”.
El artículo, que no fue desmentido, ya informaba que el dinero para esos pagos provenía de partidas de gastos reservados que eran administradas por el entonces secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá. Según las averiguaciones de aquel momento, las cifras irregulares cobradas adicionalmente eran muy inferiores a las que se pagaron más adelante: al comienzo se repartían 4000 pesos a los ministros, 3500 a los secretarios y 3000 a los subsecretarios. Esas cifras fueron luego incrementándose de manera considerable, según se supo a partir del peritaje del contador Popritkin y de las confesiones de varios de los beneficiados, además de María Julia Alsogaray. Entre ellos, por ejemplo, el ex titular de la DGI, el ucedeísta Ricardo Cossio, y el ex ministro de Defensa, el desarrollista Oscar Camilión, quien reconoció que cobró en negro 30.000 pesos por mes durante los tres años que formó parte del gabinete de Menem.
La revelación sobre la existencia de sobresueldos no provocó ninguna reacción por parte de la Justicia, que miró para otro lado. Según decían en aquella época los beneficiados, el mecanismo no era ilegal porqueestaba amparado por leyes secretas sobre gastos reservados, si bien reconocían que durante los primeros meses del menemismo el dinero se originaba en fondos negros que adornaban al gobierno. Más aún, se justificaban afirmando que los sobresueldos o sueldos en sobre figuraban en las declaraciones juradas de impuestos que presentaban los funcionarios.

Falsedad a la vista:

El argumento por el cual los funcionarios justificaban la ilegalidad se demostró falso en noviembre de 1995, cuando nuevamente este diario publicó por primera vez la ley secreta que supuestamente amparaba los pagos. La investigación apuntaba a probar no sólo la ilegalidad de los sobresueldos, sino además que los gastos reservados eran usados para otros fines no contemplados por dicha norma.
En particular, Página/12 había detectado planillas en la contabilidad presupuestaria de la Secretaría de Hacienda que documentaban que también había partidas de gastos reservados destinadas al Congreso de la Nación y al Ministerio de Educación, que en aquel entonces estaba a cargo de Jorge Rodríguez. Esas partidas se usaban para compras tan variadas como alimentos en supermercados, pago de expensas, compensación en efectivo a los legisladores por el no uso de pasajes, pago de asesores, apoyo a bibliotecas y a solventar contratos para pintar y alfombrar el Palacio Pizzurno.
Tanto la utilización de los fondos reservados para sobresueldos como para las erogaciones mencionadas por parte del Congreso o de Educación, violaban claramente el texto y el espíritu de la ley secreta 18302 de 1969, que complementariamente con el decreto secreto 5315 del 1958 delimitaban el uso de partidas secretas que no requerían rendición a fines y organismos que presten servicios “atinentes a la seguridad del Estado”. Por medio de esas normas o de artículos de las sucesivas leyes presupuestarias se fue especificando qué ministerios o reparticiones podían ver acreditados fondos reservados: según el momento, Presidencia, SIDE, Cancillería, Defensa, Interior, y durante las dictaduras también las Fuerzas Armadas. Como rareza, en 1992 el Presupuesto habilitó también al Poder Legislativo, aunque nada tuviera que ver con la prestación de servicios atinentes a la seguridad del Estado.
El ruido que la información generó en aquellos días provocó la reacción del presidente Menem, que intentó minimizar el tema diciendo que “se está buscando el pelo en la leche”. Se defendió diciendo que el uso de fondos reservados forma parte de una “larga tradición en la Argentina y en varios otros países del mundo”. Pero no reconoció ni dijo nada aquel 29 de noviembre de 1995 acerca de que con ese dinero sin control se pagaban sobresueldos.
En cuanto a la Justicia, siguió haciendo la vista gorda.

Todo a la vista:

Tres meses después, a mediados de febrero de 1996, ya no pudieron negar lo evidente. Ocurrió que se conocieron públicamente las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias del ministro Domingo Cavallo de los años 1991, 1992 y 1993, donde él hacía figurar como ingresos 72.736, 72.132 y 76.000 pesos en concepto de ingresos provenientes de fondos reservados “ley 18.302”, según constaba en las planillas presentadas a la DGI y difundidas en el programa de televisión “Día D”.
Como se puede apreciar, el sobresueldo mensual –al menos el de Cavallo– era un 50 por ciento más elevado de lo que este diario había averiguado tres años antes. O Cavallo gozaba de coronita en su calva cabeza o el gobierno entero se había autoadjudicado un salariazo en sus ingresos negros. Cavallo no tuvo más remedio que reconocer la autenticidad de la declaración jurada, pero metió a todo el gabinete en la misma bolsa (los cortocircuitos con el menemismo ya eran intensos y habrían de estallar meses después con su denuncia sobre las mafias yabranistas enquistadas en el poder), diciendo que “todos los funcionarios del gobierno argentino cobran sobresueldos desde 1991” y agregó que fue por recomendación de su secretario de Ingresos Públicos, el ya fallecido Carlos Tacchi, que los pagos con fondos reservados de los funcionarios se incorporaban a las declaraciones juradas.
Lo que el ministro de Economía no pudo explicar satisfactoriamente fue por qué esos ingresos salariales extras los incluía en la declaración como ingresos exentos, es decir desgravados del pago de impuestos. Gracias, entre otros, a ese ardid elusivo, el total del impuesto que pagó Cavallo en 1994 ascendió a apenas 5009,13 pesos, menos de lo que abonaba un empleado de cuarta categoría con un salario medio.
El menemismo no tardó en salirle al cruce. Dos colegas de gabinete, el ministro de Educación Jorge Rodríguez y el entonces ombudsman y ex titular de Justicia, Jorge Maiorano, admitieron que embolsaban sobresueldos pero que los declaraban como ingresos gravados. El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, también reconoció los pagos extras, aunque se las ingenió para evadir la respuesta sobre si los declaraba como gravados o exentos.
El escándalo quedó tapado rápidamente por el furioso internismo que había en el gobierno, y todo quedó reducido a cruces de acusaciones sobre quién había filtrado las declaraciones juradas al periodismo.
La Justicia, bien gracias.

El tiro por la culata:

Ya caído en desgracia el menemismo, y en particular ella misma, María Julia Alsogaray intentó aprovechar el viento en contra a su favor. Acusada en una de las tantas causas en su contra de enriquecimiento ilícito, optó por justificar 622.000 pesos de incremento patrimonial en el cobro de los sobresueldos. Para ello la defensa solicitó el testimonio de Ricardo Cossio y de otros seis que refrendaron la existencia de los sobresueldos.
Sin embargo, el Tribunal Oral que la juzgó y condenó a mediados del año pasado a tres años de prisión efectiva con el voto mayoritario de los jueces Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino no aceptó la estrategia defensiva de la privatizadora de ENTel y Somisa y ex secretaria de Recursos Naturales, argumentando que “no existen rastros, no hay recibos firmados, ni contabilidad que acredite ni cómo, ni cuándo cobraba la funcionaria” esos sobresueldos. Y para que no queden dudas, agregaron que los sobresueldos “en forma alguna permitirían, aún acreditado su monto, justificar el incremento patrimonial de la imputada”.
Pero más allá del fracaso de la estrategia de la actual convicta, el fallo del Tribunal sentó por primera vez jurisprudencia que debería servir como antecedente para enjuiciar y eventualmente condenar a los centenares de funcionarios que cobraron sobresueldos. A los que ya están acusados formalmente (como a los ex ministros Raúl Granillo Ocampo, Cavallo, Alberto Mazza, Jorge Domínguez, José Uriburu, Camilión, a las ex secretarias Claudia Bello y Beatriz Gutiérrez Walker, y a Cossio), a los que reconocieron que cobraron pero todavía no están imputados (mencionados en esta nota), y a los que fueron denunciados por gente que era de su confianza pero lo niegan, como Eva Gatica o el actual presidente del Banco Central y titular de la Comisión Nacional de Valores durante el menemismo, Martín Redrado.
En los fundamentos de la sentencia a María Julia los magistrados también se pronunciaron específicamente sobre el mecanismo de los sobresueldos sosteniendo que el carácter secreto de la ley en que se enmarcan “provoca espacios ocultos, libres de control, que pueden favorecer actividades irregulares, antijurídicas e incluso ilícitas, cubiertas con la impunidad que esas ventajas otorgan”.
Más adelante califican el sistema de “trampa” y de “sistema perverso e ilegal de cobro de sobreasignaciones”. Y generalizan la descripción sosteniendo que “existió una actividad sistemática e irregular por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían a su cargo la administración de fondos públicos, acciones que alcanzan la categoría de delito consistente en el pago a los funcionarios de mayor jerarquía, en forma absolutamente discrecional, de sobreasignaciones que no tenían ningún respaldo legal, utilizando fondos que tenían otros objetivos”.
Para el Tribunal, la ley 18.302 que muchos testigos invocaron preveía fondos sólo para seguridad y defensa. Lo mismo que este diario afirmó hace diez años.
Hay varios jueces con causas abiertas a las que el citado fallo y los datos aquí aportados deberían serles de mucha utilidad. A Ballestero en la causa puntual por los sobresueldos, a Rodolfo Canicoba Corral en la causa por el uso en general de fondos reservados, a Jorge Urso, que investiga supuestos pagos irregulares a jueces, y a María Romilda Servini de Cubría, que se ocupa del caso Redrado.