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“Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que el clamor popular haga que los tribunales ordinarios se transformen en populares”, opinó Lucio Ibáñez, nuevo presidente del Colegio Público de Abogados, sobre la conmoción generada por la liberación de Omar Chabán y María Julia Alsogaray.
Ibáñez, de 63 años, sucedió al frente de la institución a Carlos Alberti, fallecido el 1º de mayo. Había compartido con él la lista con la que ganaron la conducción del Colegio. A continuación, su diálogo con Página/12.
–Los últimos fallos que excarcelaron a personajes emblemáticos profundizaron cierto divorcio entre la sociedad y la Justicia, e incluso hubo cortocircuito entre este poder y el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted esta situación?
–No hay que confundir, esto no debe generar ningún divorcio. En un país serio hay que respetar las instituciones. Estas liberaciones sólo son el cumplimiento de etapas procesales en un juicio, no son definitivas. Todos los actos judiciales son revisables. Son hechos que pueden convulsionar a la sociedad, pero están enmarcados en un juicio con toda la legalidad, con jueces que no merecen el menor calificativo de parciales. Nos puede gustar o no, pero eso es otro aspecto. Tenemos que aprender a respetar las decisiones judiciales; la crítica es válida, pero el que opina tiene que ser mesurado y tener en cuenta la independencia de los distintos poderes.
–¿El Presidente puede opinar sobre un fallo judicial?
–Es un ciudadano y como tal tiene la libertad de opinar, pero cada uno en su función tiene que saber cuál es el límite. Una cosa es opinar y otra es interferir. Todo aquello que haya ido más allá de las facultades del Ejecutivo es una interferencia.
–La sociedad tiene que respetar las decisiones judiciales, pero los jueces ¿escuchan a la gente? En el caso Cromañón, al parecer ignoraron el impacto que iba a tener su decisión.
–Los jueces tienen su propio criterio. Desde afuera del proceso no podemos estar diciendo qué es lo que debe hacer un juez. No podemos pedirle que opine como nosotros queremos. Hay articulaciones legales para modificar decisiones judiciales.
–¿No cree que la excarcelación se aplica selectivamente, que la Justicia la concede con más facilidad a los poderosos?
–Siempre existió la presunción de que hay una Justicia para los ricos y otra para los pobres, pero la excarcelación es un instituto que cualquier procesado puede invocar, y no quiere decir que la causa haya terminado. Es un principio constitucional de que toda persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia en su contra. Mantener una persona detenida durante un proceso implica prejuzgar sobre su culpabilidad o inocencia. Y no es que se aplica selectivamente, sino que cada caso es diferente.
–Pero usted sabe que el 80 por ciento de los presos se encuentra bajo proceso y, por ejemplo, a los detenidos por los incidentes en la Legislatura les rechazaron el pedido de excarcelación.
–Lo que pasa es que los casos más resonantes son las liberaciones de los poderosos, pero día a día en los tribunales ordinarios hay miles de excarcelaciones de presos comunes. Incluso hay distintas corrientes en el ámbito doctrinario, unas más amplias y otras más restrictivas respecto de la excarcelación.
–¿No le parece que las liberaciones de María Julia Alsogaray y de Omar Chabán generaron un rechazo hacia ese instituto de esencia garantista?
–Le repito, la sociedad a veces no comprende y a veces la información no se ajusta a la realidad procesal. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que el clamor popular haga que los tribunales ordinarios se transformen en populares. Tenemos que ayudar a que eso no suceda, y también los jueces deben colaborar con criterios razonables y sentencias ajustadas a derecho, con igualdad real ante la ley de todos. En una solicitada el Colegio llamó a la reflexión a todos los poderes del Estado, inclusive al Poder Judicial, que las decisiones judiciales tengan un sentido de convivencia y criterio. No es que en esos dos casos comparta el criterio de los jueces o haga un juicio de valor, sólo digo que todo ocurrió en el marco del debido proceso.
–¿No cree que la exigencia social en cuanto al encarcelamiento como castigo tiene que ver con años de impunidad, tanto respecto de delitos de corrupción como contra los derechos humanos?
–Sí, comparto que se pide ajusticiamiento en la plaza porque antes faltó justicia real. Pero también como sociedad tenemos que generar actos que eliminen la impunidad, porque con el castigo sólo no sirve. Si no trabajamos los valores éticos y morales, y los ejemplos, no sirve. Tenemos que dejar de endiosar a aquel que tiene un buen pasar pero no puede justificar cómo lo obtuvo, dejar de valorar al trasgresor y al poderoso.
–¿Por qué la gente no tiene confianza en la Justicia?
–El problema es la impunidad respecto de la forma de actuar de un grupo reducido de jueces que no condice con el 99 por ciento restante. Ese grupo que no está a la altura de sus pares no pueden manchar a todo el Poder Judicial.
–¿A qué grupo se refiere?
–A los que componen la Justicia federal porteña, que han sido complacientes con el poder político.
–¿De qué manera se puede mejorar la administración de justicia?
–Hay muchas. Una de ellas es cubriendo las vacantes de jueces. En otros casos, hay que ampliar la cantidad de juzgados cuando la jurisdicción está desbordada. Hace falta un presupuesto acorde con las necesidades, hay que informatizar...
–De hecho todavía se cosen los expedientes.
–Sí, pero estamos recién saliendo del default, no podemos pretender tener una Justicia del primer mundo.
–¿El Colegio tiene alguna posición respecto de los presos políticos y de los procesados por manifestaciones sociales?
–El que está detenido por sus ideas políticas debe ser liberado, pero si alguien viola la ley no es un preso político.
–¿Qué opina de la ley que redujo las causales de prescripción?
–No corresponde que un procesado esté sujeto en forma indeterminada a un proceso. Hasta ahora no hay ningún caso resonante de corrupción en el que se haya declarado la prescripción.
–Sin embargo, los imputados del escándalo IBM-Banco Nación ya lo plantearon.
–Pero eso no quiere decir que vayan a obtener una resolución favorable. Los jueces deberán aplicar la ley sin causar impunidad.
–¿Se debe reducir el número de miembros de la Corte Suprema?
–Mire, de esto no quiero opinar porque puede ser válido que sean nueve, siete o menos. Hay tribunales superiores con más jueces que los nuestros. La calidad de los jueces es lo determinante. Sí, es cierto que, en su momento, el aumento del número tuvo una connotación política.
–¿Cuál es la legitimidad del Ciadi?
–El Colegio ha apoyado la decisión de los abogados que nos representan ante el Ciadi en su postura de defensa del patrimonio nacional. El problema es que en su momento hubo una adhesión, y esto ahora puede sobrepasar nuestra soberanía o la jurisdicción de nuestros jueces.