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La Cámara Federal porteña confirmó ayer “el procesamiento sin prisión preventiva” del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo “por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito”. La decisión de los camaristas pone al ex polifuncionario al borde del juicio oral, un derrotero que ya cumplió su compañera de gabinete María Julia Alsogaray, quien hasta ahora sólo fue condenada por no haber podido justificar su fortuna. En la misma resolución, la Cámara le trabó un embargo por cinco millones de pesos a Granillo Ocampo y le ordenó al juez Norberto Oyarbide que continúe investigando como imputados a sus hijos: Raúl Enrique, Victoria y Lucas, a quienes el magistrado había sobreseído. La esposa de Granillo Ocampo, Nélida María Rita Barros Reyes, el contador Oscar Anzovino y Silvia Eurnekian, ex socia de Granillo en las Bodegas Anguian S.A. continuarán procesados.
En caso de ser condenado por enriquecimiento ilícito, el ex secretario Legal y Técnico, ex embajador en Estados Unidos y ex ministro de Justicia de Menem podría recibir una pena de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos. Por el mismo delito, la condena de Alsogaray fue de tres años de prisión en suspenso, aunque en su caso, cumplió veintiún meses de cárcel en cumplimiento de prisiones preventivas dispuestas en otras causas por sobreprecios.
“En esta investigación ha podido determinarse que Raúl Granillo Ocampo vio incrementado su patrimonio de un modo apreciable durante el transcurso de la función pública que desempeñó desde el año 1994 hasta finales del año 1999, circunstancia que no ha podido justificar de modo fehaciente”, sostuvo la Cámara y confirmó el procesamiento de la esposa de Granillo Ocampo, Nélida María Rita Barros Reyes, sospechada por una supuesta donación que habría hecho a sus hijos y que fue calificada de “dudosa” por el tribunal. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi ratificaron el procesamiento del contador Anzovino y se anuló la falta de mérito dictada por Oyarbide a Luis María de la Cruz Agost Carreño y Adriana María Gómez, vinculados a operaciones que llevaron al ocultamiento del enriquecimiento patrimonial de los Granillo Ocampo.
Desde que su ex secretario privado Roberto Martínez Medina detalló el operativo de pago de sobresueldos –dijo que durante los treinta meses en que su jefe estuvo en el gobierno él le fue a cobrar 50 mil pesos/dólares mensuales de sobres en negro–, a Granillo Ocampo se le terminó la tranquilidad judicial. El ex ministro también está imputado en la causa por el pago de sobresueldos a cargo del juez federal Jorge Ballestero y el fiscal Paul Starc, en la que por ahora, logró posponer su citación a declaración indagatoria. Otro ex ministro, Oscar Camilión (Defensa), y el ex funcionario de la secretaría general de Presidencia Rodolfo Aiello serían procesados a fines de esta semana en esa investigación.
Además, se lo investiga en la causa por irregularidades y supuesto pago de sobreprecios en la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, durante el gobierno menemista. Por otra parte, aparece como sospechoso en otro expediente sobre la existencia de “ñoquis” en el Ministerio de Justicia que está instruyendo el juez Guillermo Montenegro y el fiscal Federico Delgado. En esa causa sería citada a declarar la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello, quien, paradojas de la política, cuando disputaba espacios en el peronismo porteño con Granillo Ocampo había presentado una denuncia en el juzgado de María Servini de Cubría por los “ñoquis” que proliferaban en Justicia como mecanismo para rentar a la militancia del ministro.
La Cámara cuestionó la compra por parte de Granillo Ocampo de tres departamentos ubicados en la calle Libertad 1651 de Capital Federal, que figuran a nombre de sus tres hijos por un monto total de 587.820 dólares. En la causa también se discute el incremento patrimonial declarado como ganancias exentas correspondientes al año 1995 vinculadas a la supuesta operación de compra del 50 por ciento del paquete accionario a la firma Bodegas y Viñedos Anguinán da la familia Waidatt el 1º de enero de 1995. Además, se investigó la posterior venta del 50 por ciento de las acciones de esa misma empresa a Silvia Eurnekian por un millón de dólares, operación que según la Cámara fue “simulada”. Eurnekian también resultó procesada porque “actuó con conocimiento de que estaba prestando su cooperación para disimular el incremento patrimonial de Granillo Ocampo”, concluyó la Cámara.