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El gobierno italiano se constituyó ayer como querellante en el juicio que se lleva adelante en Roma contra los represores Emilio Massera, Alfredo Astiz y Jorge Acosta, acusados junto con otros oficiales de la ESMA por el asesinato de tres ciudadanos italianos durante la dictadura militar. La medida ya registra como antecedente en ese país la decisión del gobierno de Massimo D’Alema, que formó parte de la Acusación en la causa contra los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, ambos condenados a cadena perpetua.
La presentación sellada con la firma del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, fue bien recibida entre los abogados y familiares de las víctimas. “Con esto el Estado italiano está afirmando que los delitos que se les imputan a Massera y Astiz constituyen un crimen que dañó a toda la ciudadanía”, evaluó ante Página/12 uno de los abogados de la Acusación, Jorge Iturburu, quien además resaltó los alcances políticos de la decisión. “El gobierno de Berlusconi continúa así con la política que había adoptado en torno a esta cuestión la administración de centroizquierda de D’Alema. A pesar de las diferencias ideológicas que hemos tenido con el actual gobierno conservador sobre los derechos humanos, esta vez decidió ponerse de nuestro lado”, concluyó.
Ahora la Justicia italiana deberá definir qué medidas toma frente a la presentación realizada por la defensa de Massera para que sea reconocido como persona incapaz. El pedido hace referencia a la reciente decisión de la Justicia argentina que dictaminó la “incapacidad intelectual” del Almirante Cero y lo dejó en libertad. Según explicaron fuentes allegadas a la causa, su estado mental sería evaluado a través de una nueva pericia y en caso de ratificarse su condición se suspendería el juicio en su contra. Además de Massera, el Tigre Acosta y el Cuervo Astiz, están procesados los oficiales Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres. Todos ellos –a excepción de Vildoza que permanece prófugo desde 1983– están detenidos en el marco de la megacausa ESMA.
Los abogados defensores de Febres y Acosta enviaron un escrito a Roma en donde cuestionaron la jurisdicción italiana en el caso y rechazaron participar del proceso. El planteo también deberá ser resuelto por el tribunal que preside el juez Marco Mancinetti. Para ello se volverá a enviar un exhorto a la Justicia argentina y se convocó a una nueva audiencia para el 28 de septiembre donde se definirá cómo sigue el juicio. La causa culminaría así un proceso iniciado hace más de veinte años por las familias de los italianos desaparecidos. Los seis represores están acusados actualmente por el homicidio premeditado del empresario Giovanni Pegoraro, su hija Susana y Angela María Aieta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo, quien ayer fue terminante: “Pase lo que pase y hagan lo que hagan los represores, este juicio sigue adelante con o sin la presencia de ellos”. Aieta fue secuestrada el 5 de agosto de 1976. Hace algunos días los habitantes de Calabria, el pueblo donde nació, bautizaron una escuela con su nombre para recordarla.