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El Gobierno decidió avanzar en el Congreso contra las leyes secretas. La propia senadora Cristina Kirchner estudia presentar un proyecto que podría derogar los decretos de las distintas dictaduras y establecer un régimen para el futuro. Página/12 pudo saber también que salvo que la defensa del ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano supere a todos los teóricos del Derecho juntos, el oficialismo no pondrá ningún obstáculo en su marcha hacia la salida del tribunal.
El 11 de mayo último una jueza en lo contencioso administrativo, Clara Do Pico, falló que una de las leyes secretas, la 18.302 de la dictadura de Juan Carlos Onganía, era inconstitucional. La norma establecía que podían contar con gastos reservados la Presidencia, la Secretaría de Inteligencia del Estado, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Nacional. El abogado Ricardo Monner Sans la había impugnado. La sentencia fue más allá y dijo que cualquier ley secreta viola la Constitución.
La administración de Carlos Menem usó las leyes secretas como supuesta cobertura para el cobro de sobresueldos.
El Gobierno barajaba anoche varias alternativas, que podría concretar hoy mismo. La más sencilla es la presentación de un proyecto de ley que derogue los decretos leyes y las leyes de las dictaduras promulgados en secreto.
Ese proyecto resolvería la situación hacia el pasado.
Hacia el futuro se abren dos posibilidades:
- Un criterio consistiría en establecer que una ley jamás puede ser secreta, porque impide el control de constitucionalidad de cualquier ley de una república, donde los actos de gobierno deben ser, por definición, transparentes.
- Otro criterio, más restrictivo, podría establecer un período de secreto y un plazo máximo a partir del cual las leyes secretas deberían desclasificarse.
El régimen de secreto es independiente del uso de los fondos reservados, que seguirían siéndolo. La discusión que se abriría es otra: si el destino de los fondos, concentrados ahora en la SIDE, debe ser conocido después de un lapso o no.
La primera es una cuestión de constitucionalidad y espíritu republicano. La segundo, de vigilancia parlamentaria sobre los gastos del Estado.
Cristina Fernández se reservó la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el organismo político por excelencia del Senado.
Desde allí tendrá un papel protagónico en el análisis del descargo de Boggiano en la Cámara alta, que como se informa en estas páginas presentó el juez ayer.
Hasta ahora el Gobierno no movió un dedo en defensa del último miembro de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema.
Por lo que informó a Página/12 un funcionario del Ejecutivo, si hay algo que hará el Senado, Cristina Kirchner incluida, es facilitar la salida.
Boggiano integraba el quinteto mayoritario con Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Los cuatro fueron reemplazados por Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton y Horacio Lorenzetti. La baja de Boggiano implicará un nuevo recambio.
La Comisión de Asuntos Constitucionales también tiene otro caso que empezó a tratar a comienzos de mayo. La ex camarista de San Luis Marina Zigliotto denunció que el gobierno puntano la designó con la condición de que antes entregara su renuncia anticipada en una carta sin fecha. Zigliotto filmó a dos personas cercanas al gobierno provincial según las que el método de la renuncia anticipada apuntaba a trabar una intervención federal por los manejos irregulares en la Justicia.
En el 2003, la atención nacional sobre Santiago del Estero también se intensificó por las irregularidades de la Justicia que controlaba el clan Juárez. Luego, en el 2004, la crisis remató en una intervención abierta. El tratamiento del caso puntano en el Senado podría ser, al menos en los papeles, un antecedente para la eventual intervención del Poder Judicial de San Luis.