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El de ayer quizás haya sido el último día de Alfredo Avelín como gobernador de San Juan, ya que hoy la Legislatura de esa provincia puede llegar a disponer su suspensión para someterlo a juicio político. Esa posibilidad no es descabellada ni mucho menos: aunque el PJ –que tiene el peso suficiente para sellar el destino de Avelín– no había resuelto hasta anoche qué posición asumiría al respecto, los bloquistas y los radicales que en 1999 lo acompañaron en su camino a la gobernación estaban dispuestos a bajarle el pulgar y a un paso de conseguir que un par de diputados de otros partidos aportaran a la mayoría que necesitan para concretar esa jugada. “Yo espero tranquilo porque esa es una cuestión propia del sentido republicano que debemos tener”, declaró Avelín.
La crítica situación social de la provincia tiene a Avelín en jaque desde hace tiempo. Si el PJ –que en San Juan es presidido por el titular del bloque de senadores peronistas, José Luis Gioja– no ha forzado la caída de su gobierno, es porque le escapa a las elecciones anticipadas. Como candidato natural del justicialismo, Gioja también se ha manifestado reiteradamente en contra de una intervención federal. La estrategia es ayudar a Avelín para que termine su mandato.
Gioja viajó anoche a San Juan con la instrucción del Gobierno de desactivar la embestida contra el gobernador. “De todos modos, si los otros juntan la mayoría para enjuiciarlo, la cosa puede cambiar porque terminaríamos quedando a la derecha y cruzados de brazos”, adelantó a Página/12 un influyente peronista sanjuanino. Los “otros” son los diputados del Partido Bloquista y de la UCR, otrora socios de Avelín.
El juicio político contra el gobernador lo promovió un grupo de caceroleros sanjuaninos. La Constitución de San Juan contempla que cualquier ciudadano puede promover ese proceso.
Cuando se formó la Alianza, el bloquismo y el radicalismo se alzaron con la mayoría en la lista de diputados por ser Avelín –o sea el candidato a gobernador– de la Cruzada Renovadora. Sus ex socios le reprochan a Avelín no haberles dado mayor participación en su administración y encontraron en el pedido de juicio político en su contra una oportunidad de pasarle la factura. En caso de que sea separado de su cargo, lo reemplazará el vicegobernador bloquista Ubaldino Acosta.
A diferencia del PJ, el bloquismo y la UCR –que públicamente optaron por “dejar librado” el tema a la conciencia de sus diputados– no cuentan con la mayoría necesaria para enjuiciar a Avelín, aunque no son muchos los diputados que tendrían que sumar. La Legislatura tiene 46 legisladores y para un juicio político se divide en una sala acusadora y otra juzgadora. Para suspender al gobernador alcanza con la mayoría simple de los diputados encargados de tomar esa decisión; o sea, sólo 13. Bloquistas y radicales tienen la mira puesta en un colega de un partido departamental y otro del Frepaso con los que alcanzaban esa mayoría.
En el entorno de Avelín hablan de “oportunismo”, aunque el gobernador –habitualmente locuaz– prefirió medirse en sus declaraciones. “El tema del juicio político es una cuestión que le concierne plenamente al Poder Legislativo al que respeto enormemente”, señaló Avelín y aseguró estar “más preocupado en ver cómo damos alimento a la gente que sufre hambre”.