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Los bancos alertaron sobre un “colapso” aún mayor “del sistema financiero”. Un representante del Gobierno los criticó por la “confesión” pública de no poder devolver los depósitos y acusó a San Luis de “deslealtad”. Los puntanos tildaron a los banqueros de “autoritarios con un discurso parecido al de la época de la dictadura militar”. Era la tercera audiencia de conciliación en la Corte Suprema entre el Estado y la provincia, que reclama 247 millones de dólares atrapados en el corralito. Una acuerdo parecía imposible y los supremos terminaron haciendo dos propuestas. El esquema que planteó, con habilidad, la mayoría de los ministros es lo suficientemente impreciso como para no enojar a nadie y postergar una vez más el desenlace de esta historia.
Sofocados por la tensión del encuentro, la noticia simultánea del dictamen en su contra en Diputados, y los petardos que hacía sonar un grupo de ahorristas del Scotiabank puertas afuera, los ministros del alto tribunal llamaron, en el medio de la audiencia, a un cuarto intermedio de cinco minutos que resultó de una hora. Volvieron con dos propuestas que coinciden en permitir que San Luis retire parte del dinero que tiene en el Banco Nación y el resto lo reciba en bonos o títulos, algo que en realidad ya estaba bastante dicho. Los puntanos se fueron contentos.
“Cualquiera de las opciones nos viene bien”, dijo Alberto Rodríguez Saá, abogado provincial. Allegados a las asociaciones de bancos, sin embargo, vieron en el tribunal una actitud “más cercana a lo que quiere el Gobierno”.
La alternativa mayoritaria –que impulsaron Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Carlos Fayt– planteó que San Luis retirara dinero “para satisfacer sus necesidades presupuestarias” y “de acuerdo con las normativas vigentes”. El resto se devolvería en bonos a diez años. Pero no aclaraba, por ejemplo, si el reintegro sería en dólares o pesos. “Eso lo tendrán que ver ustedes”, se desentendió Nazareno ante un pedido de aclaración.
En otra propuesta más rigurosa, Adolfo Vázquez planteó que todo el dinero debería ser reintegrado en dólares y que el Nación debería incluso poner a disposición un adelanto de al menos el 10 por ciento en efectivo. Sobre el saldo, se emitirían “certificados de depósito a plazo fijo en dólares transferibles total o parcialmente” con vencimientos escalonados, el primero a 180 días y los restantes no más allá de agosto de 2005.
“No nos importa a qué fecha sean los bonos, total en 2003 Adolfo Rodríguez Saá será presidente”, comentó, socarrón, Claudio Poggi, titular de Economía de San Luis. Junto a Alberto Rodríguez Saá y un grupo de colaboradores, escoltaba a la gobernadora Alicia Lemme en los bancos del lado derecho de la sala señorial. Del izquierdo, la delegación oficial y bancaria los triplicaba en número. Si, después de analizar las propuestas de la Corte, las partes no se ponen de acuerdo, decidirá el tribunal.
Las asociaciones de bancos ABA y Abapra habían sido invitadas por la propia Corte. Su presencia irritó a los puntanos sobre todo después de escuchar durante media hora al abogado Alberto García Lema, que representa a las entidades, y que habló con detalles numéricos –que también llevó al alto tribunal en un documento– sobre los peligros del goteo de fondos producto de las medidas cautelares a favor de ahorristas. Objetó los fallos que dictan la inconstitucionalidad del corralito y que quedan “desvirtuados por la imposibilidad de recuperar el dinero”.
“Esperábamos que los bancos nos dijeran cómo vamos a salir de esto”, gruñó Rodríguez Saá, de frente a los supremos. “La más grande estafa ahora se llama crisis sistémica y el derecho a acudir a un tribunal, riesgo sistémico”, remató y pidió escuchar una propuesta de la Corte. El Procurador del Tesoro, Rubén Citara, también se mostró molesto con los bancos. “Acabamos de asistir a una confesional de un tercero que ni siquiera es parte”. A San Luis le reprochó que haya sancionado, díasatrás, una ley anticorralito que habilita el retiro de fondos. Marcos Moiseeff, del Banco Central, protestó por el “caos jurídico” y para sumarse a un pedido de prórroga dijo: “No podemos negar que los ahorristas tienen un cuchillo clavado en el cuerpo. Hay que sacárselo de manera cuidadosa”, como para no matarlos.