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Por Víctor Santa María *

No es verdad que el proyecto de Ley electoral, presentado por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, pretenda romper con el monopolio de los partidos políticos. La idea del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, no tiene nada de original, ya que pretende dividir a la Ciudad en 16 secciones electorales que casualmente coinciden con las zonas de los actuales Centros de Gestión y Participación (CGP) y con los viejos Consejos Vecinales. También por casualidad estas 16 porciones surgen de algunas unificaciones de las circunscripciones electorales, donde los punteros políticos hacen y deshacen a su antojo.
Para hacer un verdadero “camino nuevo” es necesario partir en otra dirección y no reciclar los fracasos. Si lo que está en crisis es la representación política de los ciudadanos es necesario buscar nuevas formas de inclusión que terminen definitivamente con los manejos punteriles. Por eso proponemos, y figura en el proyecto de Ley que comparto con la diputada Silvia Gottero, que las divisiones tengan en cuenta los barrios y no las circunscripciones electorales en las que ningún ciudadano se referencia. Y por otro lado, si de mayor representación se trata, en el proyecto de Ibarra no se aclara cuál será el mecanismo para elegir a las juntas comunales, que servirán concretamente para que los vecinos puedan acceder a representaciones directas mucho más identificadas con los problemas de cada barrio.
Existe como una tendencia a crear espesas cortinas de humo que pretenden disimular lo que no se hace, como el incumplimiento de la obligación constitucional de la sanción de la Ley de Comunas, vencida el 31 de octubre pasado. Si se quiere ampliar la participación no hace falta lanzar nuevos planes como el de “Prioridades en el gasto público” argumentando que sirven para incluir control y fiscalización. Bastaría con aprobar la Ley de Presupuesto Participativo, que “descansa” en la comisión de Descentralización de la Legislatura, para hacer efectiva esa participación. También con la aplicación de la auditoría social, incluida en nuestra propuesta de Ley de comunas, se posibilita un verdadero control de los ciudadanos, permitiendo el funcionamiento de los Consejos Consultivos donde los vecinos tendrían un lugar de participación y estarían en condiciones de opinar y monitorear, desde mas cerca, la gestión de gobierno. Todo se degrada cuando no se cumple con las normas indispensables, incluso la convivencia entre los poderes aún estamos esperando, desde noviembre del 2001, que Ibarra nos gire el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para su tratamiento legislativo.
Crear los mecanismos para que cada vecino pueda controlar los gastos y la forma en que se administra el dinero de los impuestos forma parte de nuestra misión como legisladores. Es nuestro deber proponer y criticar con dureza cuando creemos que se avasallan derechos y se estafa a los ciudadanos. Esto debería ser una regla, incluso para un sector de la oposición sesgada y timorata que se escandaliza con nuestras denuncias.

* Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires