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El National Security Archive (NSA) es una ONG estadounidense que se dedica a “liberar” documentos secretos del gobierno. El NSA tiene sede en una universidad de Washington y ya logró desclasificar casi un millón de papeles usando la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés) vigente desde 1967. Como director del proyecto Cono Sur de NSA, Carlos Osorio fue nexo en el pedido y análisis de 4700 archivos desclasificados en 2002 –durante la gestión de Bill Clinton– referentes a la guerra sucia en la Argentina. Osorio actualmente colabora con jueces, ONG y familiares de víctimas de la represión de Estado en Argentina, Uruguay y Paraguay. Recientemente, viajó al país y dio charlas sobre su especialidad en distintos foros, organizadas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una de las ONG que participó de la elaboración del proyecto de Ley de Acceso a la Información argentina, cuya sanción sigue postergada en el Congreso. En diálogo con Página/12, este especialista nacido en Chile y con larga residencia en EE.UU. contó detalles de su experiencia y la forma en que pone en práctica su especialidad.
–Con la información a la que se tuvo acceso, ¿se clarificó más el papel que jugó Estados Unidos durante la represión de Estado argentina?
–A ese papel clarísimo no lo conocemos ni tenemos. Pero hay dos cosas que son claras: que en los años ’75 y ’76, EE.UU. le otorgó a la Argentina 70 millones de dólares para asistencia de seguridad y que quiso incrementarla a 50 millones para el ’77. Una de las justificaciones que dio en el ’75 el secretario de Estado Henry Kissinger fue que el Ejército “va a cumplir un rol importante en el gobierno”. Otra cosa que encontramos es que durante una reunión de junio de 1976 entre el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Guzzzetti, y Kissinger, éste le dice: “Si hay cosas que tienen que hacer, deben hacerlas pronto. Pero deben volver rápidamente a los procedimientos normales”. En el contexto, sabemos lo que quiso decir. Por un lado entregan dinero y luego dicen hagan lo que tengan que hacer.
–Hay documentos que por su carácter comprometedor obligan a hacer la pregunta de por qué se los mantuvo. ¿Fue por descuidos?
–De parte de los agentes de seguridad estadounidenses no es un error registrar reuniones de ese tipo. Y de parte de los agentes de otros países no es casual entregar información a un país amigo y aliado. Los memos se guardan porque es la manera en que funciona la burocracia de un gobierno. Ahora, si hay algo irregular es que esa información se haya desclasificado.
–Cuando alguien tiene la posibilidad de acceder a ese tipo de información tiende a creer que va a encontrar un “gran dato”, ¿suele encontrarse ese dato?, ¿para encontrar qué otras cosas puede servir la FOIA?
–Sirve para encontrar “el gran dato” cuando uno sabe que algo sucedió. Y cuando no también. Por ejemplo, no sabíamos que el embajador superconservador de entonces, Robert Hill, le dice a Videla durante una reunión: “No pueden seguir violando los derechos humanos”. Pero resulta que en verdad Hill había sido un personaje que trató de detener el trabajo de las organizaciones de derechos humanos argentinas. La ley sirve también para encontrar la historia secreta de qué es lo que hace cada gobierno con el dinero de los ciudadanos, algo así como una rendición de cuentas.
–¿Cuáles son las restricciones más comunes con las que se encuentra el trabajo de NSA?
–La FOIA tiene algunas excepciones, pero lo que nosotros discutimos es la aplicación de esas excepciones. Muchas veces los oficiales de FOIA, que son embajadores de carrera, confunden lo que es seguridad nacional con aquello que puede generar un escándalo personal a un ex funcionario.
–¿Puede decirse que el de secreto de Estado es un concepto que muta con cada gestión? ¿Hubo épocas más duras que otras para la desclasificación?
–Cada presidente evalúa qué es seguridad nacional y decide ampliar o encoger el universo de la información reservada. Si se lee el decreto de Ronald Reagan sobre FOIA se ve que todo documento es clasificado hasta que se pruebe lo contrario. El de Clinton dice que todo documento es desclasificable. George W. Bush mantuvo el de Clinton pero tachó líneas, dice que si hay dudas de que un documento debe quedar a la menor o mayor clasificación, debe quedar a la menor; es decir que si se duda en que un documento es top secret o no, pues lo es.
–¿De qué manera afectó a la FOIA el atentado del 11 de septiembre?
–De varias maneras. En octubre de 2001, el titular de la Fiscalía General dirigió un memo a todas las agencias diciéndoles, en otras palabras, que hay vía libre para clasificar. También se hizo una revisión de archivos disponibles al público de hasta 30 años de antigüedad. Hay documentos a los que habíamos accedido que ahora no están más allí.
–Incluso hubo documentos a los que, de un año para otro, se les varió el tachado. Es decir que, por ejemplo, al ser entregados una vez se les borró información del primero y tercer párrafo. Y al ser entregados en otra oportunidad también tuvo tachas pero en el segundo y el cuarto dejando libres los que antes estaban ocultos.
–Y lo interesante es que cada una de esas tachas decía que la información que había debajo era considerada B1: secreto de Estado.
–¿Hay criterios de clasificación que son meramente caprichosos?
–Hubo audiencias en las que se demostró cuán subjetiva es la secretividad y, consecuentemente, cuán poca información debe ser realmente secreta. Hay casos en los que la secretividad es producto del mero capricho de un agente. Hay mucha mistificación respecto del secreto.
–Suele ocurrir que cuando un gobierno culmina, los funcionarios se llevan los documentos personales, agendas, memos, etcétera. ¿Qué es información de Estado y cuál es la que debiera estar sujeta a la Ley de Acceso a la Información?
–En EE.UU. no todas las agencias tienen la misma obligación. Las que pertenecen al Ejecutivo están sujetas a la FOIA, no así la oficina presidencial ni el Consejo de Seguridad nacional. Hay una ley de archivos presidenciales que dice que los documentos de una gestión deben ser entregados a una ONG y el Archivo Nacional cogestiona la desclasificación.
–¿Qué instituciones se necesitan para que esa burocracia sea eficiente?
–La institución de archivado y la de producir memorandos de reuniones. El problema es que no hay archivos. Cuando en 1974 se decidió reforzar la FOIA, se creó al mismo tiempo la ley de archivos nacionales, generando así un círculo.
–¿Quiénes hacen más uso de los derechos que da la FOIA?
–En EE.UU., el 25 por ciento por ciento de las peticiones provienen de empresas privadas, en Canadá esa cifra asciende al 40 por ciento. Las compañías tienen mucho interés por conocer información técnica para sus negocios, por conocer qué sabe el Estado de ellas, cuál es la información sobre la competencia y quién le vende al gobierno. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas quieren saber cómo son los procedimientos de aprobación o reprobación de drogas.
–¿No es algo paradójico que una ley que se creó en beneficio del sector social sea utilizado por el sector empresarial?
–Lo que ocurre es que en los Estados Unidos el sector privado está dentro de lo que es la sociedad civil. Lo que es contradictorio es que los periodistas no la usen mucho. Ellos tienen el problema del tiempo que lleva pedir y recibir los documentos. El proceso tarda entre tres meses y un año. Los que la usan son los periodistas investigativos, que son muy pocos.
–Además, otra de las herramientas utiliza el periodista para acceder a determinada información es su fuente dentro de algún organismo.
–Sin dudas. Pero hay documentación a la que ni siquiera puede acceder una fuente.
–La Argentina tiene un proyecto postergado en el Congreso desde hace años y en uno de sus artículos se pide la justificación de un determinado pedido. ¿La FOIA exige justificar una solicitud?
–La FOIA no da ninguna limitación. Sólo tengo que decir soy fulano, quiero tal cosa y que me la manden a tal lugar. Se acabó. Lo que sí se puede decir es que uno pertenece a un grupo privilegiado por la ley (periodistas, investigadores científicos o universitarios), para acceder a facilidades en el cobro y análisis de las copias.
–¿Darse a conocer como miembro de esos grupos no genera una paranoia que puede devenir en una negativa de los agentes de FOIA?
–Al contrario, las agencias de FOIA respetan mucho esas profesiones. Sobre todo porque si no se entrega información a un periodista puede ir a la Corte.
–¿Leyes de este tipo fortalecen o debilitan a los gobiernos?
–Fortalece la democracia y la gobernabilidad democrática.

Entrevista: Adrián Figueroa Díaz.