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El 16 de junio se cumplió medio siglo del bautismo de fuego de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea, cuando sus pilotos arrojaron entre 9 y 14 toneladas de bombas sobre la Ciudad Abierta de Buenos Aires y ametrallaron a civiles, causando alrededor de 300 muertos y un millar de heridos. El 9 de junio hicieron 49 años de los fusilamientos de civiles y de militares ordenados por el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, malparido por aquellas bombas y metralla. El 14, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, sancionadas para proteger a los responsables del Estado Terrorista implantado en 1976. Los tres episodios están ligados en forma indisoluble y tienen un punto en común, que invita a una reflexión profunda sobre la Argentina contemporánea. Matar a Perón o “aniquilar a la subversión” fueron apenas pretextos justificatorios. El objetivo de los bombardeos y los fusilamientos fue imponer el terror, golpear en forma feroz e indiscriminada como escarmiento sobre el conjunto de la sociedad. Sólo así sería posible desmontar un modelo socioeconómico en el que el ingreso, y el poder, estaban repartidos de modo mucho más equitativo que en los años dorados de la oligarquía, a los que se intentaba volver. Con avances y retrocesos, durante dos décadas se mantuvo lo que la literatura política llama empate hegemónico, hasta que la violencia sin límites del ‘76 impuso un nuevo equilibrio, que dura hasta hoy. Liberarse de ese terror, con decisiones como las de la Corte Suprema que impide la impunidad de los criminales es un paso hacia el replanteo de esa relación de fuerzas que condena a la exclusión a casi la mitad del país. Si los criminales del ‘55 hubieran sido castigados, no hubiera habido ‘76. A eso seguramente apuntaba el presidente Néstor Kirchner, durante la emotiva ceremonia del 16 de junio. Acompañado por la hija de una víctima del ‘55 y por la madre de una víctima del ‘76, en un tono quedo poco usual en él y con los ojos húmedos, vinculó ambas fechas con “la construcción del país que queremos, con justicia, honestidad, con inclusión, en la lucha contra la indigencia y la pobreza, la lucha por el empleo, la inversión, la industrialización.”

Bombas sobre
Buenos Aires

Una investigación reciente del joven profesor de las universidades Católica y del Salvador Daniel Ci- chero recurre al testimonio de los pilotos del 16 de junio de 1955. Uno de ellos, Máximo Rivero Kelly (quien como no hubo castigo llegó a la subjefatura de Estado Mayor de la Armada durante el muy democrático y humanista gobierno de Raúl Alfonsín) declara que el objetivo no era matar al presidente sino “quebrarlo en su fortaleza de mando”. El mayor número de víctimas de esa gris jornada no se produjo por las bombas, sino por el ametrallamiento deliberado sobre grupos de civiles cerca de la CGT y frente al ministerio de Marina rebelde. Cichero, quien no había nacido cuando ocurrieron los hechos que narra en su libro Bombas sobre Buenos Aires, concluye que si al principio la tentativa de magnicidio pudo servir como “pantalla justificatoria” se reveló luego como “un castigo a la movilización civil que respaldaba al presidente”.
Las escenas documentales proyectadas el jueves en la Casa de Gobierno carecen de la calidad de las que incluyó Leonardo Favio en su Sinfonía de un sentimiento, pero contienen tomas impresionantes de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno, apiñados como sardinas en camiones y camionetas. Ellos eran el blanco de uno de los crímenes más racionales de nuestra historia. En un artículo que la gran prensa comercial rehusó publicar, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, escribió: “Lo que intentaron y sin duda lograron los complotados, fue el mismo objetivo que a los terroristas los define como tales: sembrar el terror, a través de la matanza indiscriminada de inocentes, para hacerse del poder”. Cuando en setiembre la Flota de Mar bombardeó depósitos de gas en Mar del Plata y anunció que haría lo mismo con el centro de Buenos Aires, la voluntad de lucha de Perón estaba quebrada y pese a su inferioridad militar los golpistas tomaron el poder.

La proclama:

Al año siguiente, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco encabezaron un alzamiento peronista. Su propósito era “restablecer la soberanía popular y el estado de derecho” y convocar a elecciones generales en no más de seis meses, con plenas garantías para todos los partidos. Denunciaron la entronización en el poder de minorías antinacionales que enajenaron el patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los trabajadores; la sustitución de la Constitución y las leyes por el derecho de la revolución, con la creación de tribunales y comisiones especiales; el confinamiento en campos de concentración, la discriminación entre réprobos y elegidos, la privación de empleos a miles de ciudadanos; el decreto totalitario que prohibió el uso de palabras, fechas, símbolos, fotografías. Los militares peronistas consideraron lógico el resentimiento y la desconfianza del pueblo hacia las Fuerzas Armadas, por el uso de oficiales en funciones civiles para romper huelgas, y señalaron que ésa era la semilla más criminal que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación. Describieron el quebrantamiento de la industria nacional, la elevación de precios en detrimento de los salarios, la creación de desocupados para que los obreros se sometieran al capitalismo por hambre y mediante la destrucción de la organización sindical, que consideraban base de la paz social y del progreso.

Operación Masacre:

El 16 de junio, Valle fue el general que recibió la rendición de los rebeldes en el ministerio de Marina. Aunque la vida de todos ellos fue respetada, no se lo perdonaron. Su ingenua rebelión de 1956 fue alentada desde el poder, que tenía toda la información necesaria para evitarla. Valle, el coronel Oscar Cogorno y otros treinta y un civiles y militares fueron fusilados en virtud de una ley marcial dictada después de su detención. Este fue el hecho que le cambió la vida al escritor de cuentos policiales y jugador de ajedrez Rodolfo J. Walsh, quien publicó en pasquines de mala muerte la obra maestra del periodismo de investigación y una de las joyas máximas de la literatura argentina del siglo pasado, Operación Masacre. En sucesivas ediciones su entendimiento se enriqueció. En 1964, en el Epílogo a la segunda edición escribió: “Los muertos bien muertos, y los asesinos probados, pero sueltos”. Comunicaba haber “perdido algunas ilusiones, la ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras”. En la tercera, de 1969, agregó que “la clase que esos gobiernos representan se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como hechura suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma”. Concluía con un retrato de “la oligarquía, dominante frente a los argentinos y dominada frente al extranjero. Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato, es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella. No para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”. En la misma línea, el trabajo inédito de Patiño Mayer concluye: “Sirva este recuerdo, para los que siguen sosteniendo maliciosamente que la violencia política se inició en la Argentina en la década de los setenta y fue obra de la conspiración marxista internacional. Los terroristas que sembraron bombas, fusilaron, secuestraron cadáveres y proscribieron a las mayorías populares, no podían recoger otra cosa que las tempestades que sobrevinieron”.

Soberanía nacional:

Al fallar en la causa en la que el CELS atacó las leyes de punto final y de obediencia debida, cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia (Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton) coincidieron en que carece de efecto cualquier acto fundado en ellas “que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables por crímenes de lesa humanidad.” Todos ellos más Antonio Boggiano y Carmen Argibay dijeron que esas leyes eran inconstitucionales. Los votos de Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Highton fundamentan la decisión en el ejercicio de la soberanía nacional. Como la Argentina no ha juzgado a los responsables de los crímenes de la dictadura, lo están haciendo otros países que invocan la jurisdicción universal, que forma parte de nuestra Constitución desde 1853. El hecho nuevo, escribió Zaffaroni, es que por delitos cometidos en el territorio nacional ahora hay argentinos detenidos, procesados y juzgados por otros estados o cuya extradición es requerida, “en razón de que la República no ha ejercido la jurisdicción, o sea, no ha ejercido su soberanía”. Admitir esto abriría un estado de sospecha sobre todos los ciudadanos argentinos y degradaría a la Nación Argentina “a un ente estatal imperfecto” y disminuido ante el resto del mundo. Lorenzetti agrega que “la dignidad de la República en la comunidad internacional”, exige que reafirme la voluntad de “ejercer su jurisdicción y su soberanía”. Highton y Maqueda aducen que “si no se ejerce la jurisdicción en función del principio territorial, entra a operar el principio universal y se pone en juego la soberanía de la República Argentina”. Boggiano dice que estos delitos podrían ser juzgados fuera de la Argentina, “con el consiguiente menoscabo de la soberanía jurisdiccional de nuestro país”. Los fundamentos de la sentencia son igualmente válidos para que la Corte resuelva la causa en la que Suárez Mason invocó el indulto para eludir su extradición a Alemania, ideal para que Zaffaroni, Highton, Lorenzetti, Boggiano y Maqueda reiteren sus razonamientos soberanísticos.

El siglo de las sombras:

Tales argumentos (y la condena a 640 años de cárcel impuesta en España a Adolfo Scilingo), contribuyen a explicar la resignada calma con que esta resolución fue recibida en el Ejército y la Armada: todos prefieren ser juzgados en la Patria. Coinciden así con las víctimas, que sólo recurrieron a otras jurisdicciones cuando se les cerró el acceso a los tribunales argentinos. Es útil imaginar cómo afectará esto a las Fuerzas Armadas. La experiencia de un siglo indica que los militares golpistas no son muchos, sino los mismos. Cuarenta años antes de expulsar a Yrigoyen de la presidencia en 1930, Von Pepe Uriburu fue subteniente del Parque en el alzamiento de 1890 del que nació la UCR. A principios de la década de 1940 un general y dos coroneles intentaron sin fortuna tomar el poder. Dos de ellos, Benjamín Menéndez y Eduardo Lonardi, reaparecieron en alzamientos contra Perón de la década de 1950. El tercero, Fortunato Giovanoni, intentó derrocar a Frondizi. El mayor Juan Francisco El Tú Guevara propuso el santo y seña “Dios es Justo” para el golpe de 1955 y fue uno de los hombres fuertes en el primer tramo de la dictadura de Onganía en 1966. Perón, con muchos de sus camaradas del GOU, intervino en los golpes de 1930 y de 1943. Los oficiales que acompañaron a Menéndez en 1951 protagonizaron todos los golpes del cuarto de siglo siguiente. Lanusse participó en el derrocamiento de Lonardi dieciséis años antes de abrirse paso a los empujones hacia la presidencia. Massera, Oscar Montes, Eduardo Invierno, Horacio P. Estrada, Carlos Carpintero y Carlos Corti actuaron en el bombardeo a la Ciudad Abierta de Buenos Aires el 16 de junio de 1955. Dos décadas más tarde fueron comandante en jefe de la Armada, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de inteligencia naval, director de la ESMA y, los dos últimos, responsables de propaganda durante la última dictadura. Ramón Camps leyó la proclama contra Illia en 1966, diez años antes de asumir el feudo policial de la provincia de Buenos Aires. Leopoldo Galtieri fue uno de los mayores que empuñaron las armas en 1962 en contra del presidente provisional José María Guido. Benito Bignone redactó la proclama golpista de 1976, seis años antes de convertirse en el último dictador. A lo largo de un siglo esa cultura corporativa se transmitió de generación en generación uniformada.
También es cierto que nunca un golpe fue sólo militar, que todos tuvieron un fuerte componente civil y raíces en sectores significativos de la sociedad (ya sea la Iglesia, la burguesía, la clase media o los sindicatos vandoristas) y alguna forma de inserción internacional, ya sea por negocios o estrategia. De ahí la enorme importancia de los veintidós años seguidos sin el uso de las armas para dirimir el poder. En 1987, la crisis se desató cuando los jueces comenzaron a citar a oficiales en actividad. Los carapintada de Aldo Rico eran entonces tenientes coroneles al frente de regimientos. Hoy todos los oficiales con mando de tropa (de teniente coronel para abajo, y equivalentes en la Armada) egresaron de las escuelas de formación después de la finalización de la dictadura. Apenas los 35 generales y el tramo superior de los coroneles actuales (de 150 a 250) estuvieron en actividad, aunque con rangos bajos, entre 1976 y 1983. El oficial más antiguo del Ejército, Roberto Bendini, era teniente al producirse el golpe. Por un lado eso ha cortado la transmisión intergeneracional de aquella cultura golpista desdeñosa de la institucionalidad y de los derechos humanos. Por otro, delimita el reducido universo de quienes podrían ser citados a declarar ante la justicia, casi todos como testigos y unos pocos como imputados.
Tampoco es de prever una avalancha de nuevas causas y detenciones. Desde que el juez Gabriel Cavallo anuló las leyes y la Cámara Federal lo confirmó, las grandes causas de esta jurisdicción ya se reabrieron. Lo imposible hasta esta semana era elevarlas a la etapa de juicio y sentencia, pero la investigación no se detuvo. En total hay 45 causas abiertas en todo el país y 154 detenidos, sobre 271 militares y policías que fueron denunciados. Sólo cinco estaban en actividad al momento de su detención. Contra el resto no había pruebas o murieron. Este número incluye a un alto porcentaje de quienes fueron los jefes máximos de la represión (por ejemplo Videla, Suárez Mason, Bignone, Díaz Bessone, Harguindeguy, Menéndez, Montes, Riveros, Nicolaides, Suárez Nelson, Villareal, Vañek, Etchecolatz, Guañabens, que rondan los 80 años). La mayoría del medio centenar que murió y de la media docena de incapaces también estaban entre los más altos jefes de entonces (como Galtieri, Massera, Viola o Lambruschini). Una estimación razonable es que puedan ser indagados unos 400 más y es baja la probabilidad de que aparezcan pruebas que no se hayan conocido antes y que involucren a otros no identificados hasta ahora.

Contar la verdad:

Algunos cambios interesantes se observan en la actitud de quienes deben responder ante la justicia. El ex capitán de la ESMA Antonio Pernías reveló una negociación del ex presidente Raúl Alfonsín con la Armada, para que en 1987 sólo fueran detenidos “aquellos que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”. El general Santiago Riveros ofreció a la justicia detalles sobre las órdenes que recibió e impartió durante la guerra sucia y acerca del funcionamiento de cinco niveles distintos de campos clandestinos de concentración, que dependían de las jefaturas de área, de brigada, de división, de Cuerpo y de Ejército. Su defensor, Florencio Varela, quien también asiste a otra docena de generales detenidos, les aconsejó que modifiquen la táctica de la negación y el silencio seguida hasta ahora y cuenten la verdad. Varela sostiene que como unos viejos reglamentos aprobados por el Ejército entre 1968 y 1976 ordenaban aniquilar al enemigo, sus generales actuaron dentro de la legalidad. Casi todos esos reglamentos, inspirados en uno del Ejército de los Estados Unidos, forman parte de la causa en la que hace veinte años fueron condenados Videla, Massera & Cía. Pero también hay uno más antiguo, firmado por Lanusse, que en un anexo a máquina sobre los medios ocultos de acción psicológica contempla la “compulsión física, torturas, 3er grado”; “terrorismo, desmanes, sabotaje”; y la “compulsión síquica” que incluye desde chantajes hasta secuestros y pornografía (sic).
Según Varela, es absurdo que el mismo Estado que instruyó a sus militares con esos reglamentos y órdenes, ahora los castigue por aplicarlos. Esto conduce “a la no aceptación de la responsabilidad global por lo actuado en la guerra contra el terrorismo, personificada en el Estado.” Varela complementa esta reflexión sobre el Terrorismo de Estado con una crítica al documento final de la última Junta Militar en el que se afirmó que los desaparecidos estaban exiliados o en la clandestinidad y usaban documentos falsos que impedía identificarlos cuando morían. “¿Cuántos pueden ser? Cien, doscientos, mil. ¿Y el resto?” A juicio de Varela, compete a quienes ocuparon las más altas jerarquías revelar que “se ejecutaron aproximadamente a siete mil terroristas, en base a la prueba proveniente del aparato de inteligencia, que cuando hubo dudas se los puso a disposición del Poder Ejecutivo, y que esto fue decidido en los Estados mayores de las Fuerzas y quien coordinó esta información fue el Ministro del Interior”. Reconoce que “la verdad histórica nos trasciende; de lo contrario va a quedar marcado que en los años ‘70 hubo un grupo de forajidos que se dedicaron a matar a jóvenes idealistas inocentes cuando lo cierto es que acá se mataron o ejecutaron a siete mil terroristas”. Este giro no es aceptado por otros letrados, que acusaron a Varela de interferir con sus defensas e insisten en seguir negando. “Es un error, porque los hechos realmente existieron, los desaparecidos son una realidad, tienen una identidad, no es que estén en el aire.”
Es dudoso que los jueces vayan a coincidir con Varela. Ya en 1985, la Cámara Federal se refirió a “la agresión terrorista” y “a la percepción militar del fenómeno como guerra revolucionaria”, pero descartó como “una pretensión extravagante” que eso pudiera excusar crímenes como la tortura de prisioneros y su desaparición forzosa. “La obediencia es importantísima, pero no más que la juridicidad”, dijo la sentencia. En el fallo de esta semana la Corte Suprema sostiene que ninguna disposición del derecho interno puede oponerse al enjuiciamiento de aquellos que la comunidad internacional considera crímenes contra la humanidad. También en Alemania hubo reglamentos y órdenes perfectamente legales, que no sirvieron para exculpar a quienes los aplicaron. Así lo declaró hace cuatro décadas la Asamblea de las Naciones Unidas al establecer los Principios de Nuremberg y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2001. El fallo de la Corte Suprema se refiere al último caso, el de los guardias que dispararon sobre los berlineses que querían cruzar el muro. Uno dijo en su defensa que “era parte de un sistema militar sujeto a una absoluta disciplina y obediencia jerárquica y que había sido objeto de un previo e intenso adoctrinamiento político”. El Tribunal Europeo invocó para rechazar ese argumento el que violaran “principios básicos de derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Después de las leyes y decretos de impunidad, Emilio Mignone concibió los juicios por la verdad como rodeo para reiniciar el camino hacia la justicia. Los cambios de posición de Pernías y Varela indican que la inconstitucionalidad de esas normas permitirá recorrer ahora el camino inverso, desde la justicia hacia la verdad.