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La Sala II de la Cámara Federal resolvió ayer la inconstitucionalidad del indulto que firmó Carlos Menem en 1989 por el que se beneficiaron los ex vicealmirantes Antonio Vañek y Julio Torti, procesados en la causa ESMA. Este decreto provocó “que quedaran impunes hechos que desconocieron la dignidad humana, excluyendo al Poder Judicial del juzgamiento, incumpliendo las obligaciones internacionales y desconociendo los derechos de las víctimas y sus familiares”, afirma el fallo, que se suma a otros en el mismo sentido. Todo terminará en la Corte Suprema, que ya declaró nulas las leyes de impunidad.
Como fundamentación, los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun sostuvieron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y afirmaron que esto ya formaba parte del derecho interno cuando se indultó a los represores: “Para la fecha de la firma del decreto 1002/89 (6 de octubre de 1989), el Congreso ya había aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos”, argumentaron. Además destacaron que es deber del Estado asumir “la obligación (de juzgar los crímenes contra la humanidad) no sólo antes sus nacionales sino frente a la comunidad internacional”.
De esta forma convalidaron la resolución en primera instancia del juez federal Sergio Torres, que anuló el indulto en marzo de este año. Con el fallo, se retrotrae la situación al 13 de noviembre de 1989, cuando se sobreseyó a los marinos –se les concedió el perdón, aunque no estaban condenados sino procesados– por estar incluidos en el decreto de Menem.
En la causa de la ESMA, Vañek está acusado de 51 privaciones ilegales de la libertad y 46 tormentos, y Torti, de 25 secuestros y 23 torturas.
“Celebramos la decisión de la sala, dijo a Página/12 Carolina Varsky, abogada del CELS. Es un fallo importante, que sigue la línea de allanar el camino para que la Justicia juzgue a los responsables de estos crímenes”.
Varsky analizó el camino a seguir de la causa: “Ahora debería pasar por la Cámara de Casación Penal y cuando llegue a la Corte, va a resolverlo. Y, según lo que dijo en el caso Poblete (en el que anuló las leyes de impunidad), que estos delitos no pueden ser perdonados y no prescriben, la Corte resolvería la inconstitucionalidad”.
Este fallo se suma a otra declaración de nulidad de los indultos resuelta en la causa del Primer Cuerpo del Ejército, la otra megacausa que se reabrió en septiembre del 2003 tras la anulación en el Congreso de las leyes de impunidad. En ese caso lo decidió la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani (Eduardo Freiler se excusó, porque había pedido la anulación como fiscal). En esa oportunidad, la Sala I convalidó una decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En esa causa continúan los procesos al ex jefe del Primer Cuerpo Carlos Suárez Mason y a los generales Jorge Olivera y Juan Bautista Sasiaiñ.
Los jueces de la Sala I habían argumentado –en forma similar a la Sala II– que los indultos eran contrarios a las normas internacionales de derechos humanos. También dijeron que los acusados no habían sido condenados y que la Constitución impide amnistiar a quienes se arrogaron la suma del poder público. Ese fallo está actualmente en estudio en la Cámara de Casación Penal, que suele poner trabas para que avancen los fallos sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
Con estos fallos, se va delineando el camino de la nulidad de los indultos a través de la vía judicial, como sostienen desde el gobierno nacional, en vez de la anulación por el Congreso o por un decreto presidencial. Estos últimos son caminos que, a decir del Gobierno, tienen una mayor debilidad. En la Cámara de Diputados fracasaron por falta de quórum cinco intentos de la diputada Patricia Walsh (Izquierda Unida) y un grupo de legisladores de centroizquierda de tratar de anulación de los indultos. En el último intento, anteayer, se envió el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el justicialista Juan Manuel Urtubey. La Corte Suprema, por su parte, remitió a la Cámara de Casación otras dos causas que implican una decisión sobre los indultos. Provienen de la Cámara de San Martín, que es una de las pocas que falló en contra de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y el indulto, en ese caso, el que benefició, entre otros, el represor Santiago Omar Riveros. Cuando en la Corte enviaron las causas a Casación, un magistrado afirmó que elegirán una causa “emblemática y bien planteada” para el fallo sobre los indultos. Mientras tanto, se siguen sumando resoluciones de nulidad. “Ya lo dijo la Corte con el caso Poblete, pero la Sala II ratifica esa línea. –señaló Varsky–. Después del fallo de la Corte, todo es un paso más.”

Informe: Werner Pertot.