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El próximo lunes 18 se cumplirán once años del atentado contra la mutual judía de la AMIA. Antes de esa fecha, es probable que el presidente Néstor Kirchner firme un decreto en el que se consignará que de parte del Estado Argentino “existió un encubrimiento de los hechos”. La acción terrorista les costó la vida a 85 personas. En el decreto oficial, el Estado se comprometerá a transparentar el uso de los fondos de la SIDE. El gesto aparece también como una respuesta a la denuncia “por violación a los derechos humanos” presentada por los familiares de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El uso de los fondos secretos y la mano negra del espionaje local dijeron presente en la causa judicial en más de un momento. El más emblemático, sin dudas, fue el pago de 400 mil dólares que se le hizo al reducidor de autos Carlos Telleldín, antes de que éste denunciara a la Policía Bonaerense.
El decreto afirmará que “el Estado no sólo incumplió su obligación de prevenir el ataque a la AMIA”, sino que además incurrió en un encubrimiento de los hechos porque “deliberadamente” violó su deber de investigar lo ocurrido en la mutual judía. De esta manera también se formalizarán los compromisos asumidos el pasado 4 de marzo frente a la CIDH. El gobierno también se explayará sobre una serie de medidas, como la profundización de las investigaciones, la optimización en el control de fronteras, la creación de una unidad especial en catástrofes, además de su compromiso en “transparentar el sistema de fondos reservados de la SIDE”.
En el decreto se sostendrá que el “encubrimiento” generó una clara denegación de justicia para las víctimas y sus familiares.